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Unos 30 años de conservación requerirá la zona de la Reserva Biológica Indio-Maíz afectada por el incendio de hace un año, para que el ecosistema se regenere y logre el tamaño y la calidad ecológica adecuada, afirmó Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, que trabaja en la protección de la reserva.

Ruiz aseguró que la “tragedia se pudo evitar con un proceso de prevención”, ya que como organizaciones defensoras del medioambiente y recursos naturales habían extendido en los últimos años una serie de alertas por la invasión de colonos.

“Las autoridades nunca hicieron nada. El proceso de invasión de colonos, de deforestación, de ganadería, de venta ilegal de tierras, de la inactividad de los puestos de control del Marena (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales) y la falta de aplicación del marco jurídico ambiental es por lo que se presentan situaciones como la del incendio en Indio-Maíz”, explicó Ruiz.

Recordó que ese 3 de abril de 2018, se enteraron del siniestro tras la comunicación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la zona de Siempre Viva, costado derecho de la ribera del río Indio, alertaron públicamente porque ya habían logrado ubicar vía satelital los focos de calor y temían que se extendiera en la magnitud que se propagó.

“Sabíamos la situación de riesgo por el material forestal que había dejado el huracán Otto y los fuertes vientos en la zona”, agregó.

Estudio sobre el incendio

Un estudio del impacto del incendio en Indio-Maíz, elaborado por la Fundación del Río, el Centro Humboldt y la Universidad Centroamericana (UCA), concluye que el Gobierno de Nicaragua cometió “negligencia” para enfrentar el siniestro.

Los ambientalistas señalan al Estado de Nicaragua de no realizar acciones preventivas ante la invasión de la reserva; poco reconocimiento al inicio del incendio, de la envergadura de la situación que trataron de minimizarla; tardía declaración de la alerta amarilla y la poca coordinación con los actores locales, organizaciones ambientales y medios de comunicación independientes.

Además, señalan al Gobierno de cometer otros errores como el negarse a recibir la ayuda humanitaria ofrecida por los bomberos de Costa Rica, quienes según los expertos, son lo mejor en Centroamérica como unidad de bomberos contra incendios forestales.

También señalan “el error de reforestar la zona, sabiendo que ese ecosistema si no tiene invierno, si está estresada, caliente y con plantas que no eran propias del ecosistema, no se regenerará”.

Incendios seguirán afectando

Los expertos en temas ambientales advierten que los incendios forestales continuarán afectando las áreas protegidas de Nicaragua y la situación se agravará mientras las autoridades del Estado sigan sin prestar la debida atención a los recursos naturales.

El científico y ambientalista Jaime Incer Barquero advirtió que los incendios forestales se ha venido repitiendo en mayor o menor escala, porque ahora “hay incendios donde nunca antes habían brotado, debido a la estación de verano y la época de vientos, pero también a la falta de prevención y manejo, y a quienes a propósito producen estos incendios”.

El Gobierno de Nicaragua impulsó este 2019 el “Plan de acción contra incendios forestales y agropecuarios en áreas protegidas”, para atender, mitigar y prevenir” siniestros en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, ya que, según el Marena, Nicaragua tiene como meta para este año “reducir al menos en un 50 por ciento los incendios”.

La meta expuesta por el Marena es considerada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) como “ambiciosa”, pues del 8 de marzo 2018 al 7 de marzo 2019 se registraron 33,426 incendios, de los cuales el 25% fue en áreas protegidas.

Según los registros del Funides, el Benemérito Cuerpo de Bomberos atendió en 2018, solo en la capital, 102 incendios “forestales y de maleza” y en la región segoviana 94 incendios forestales y agropecuarios, afectando un total de 3,771 hectáreas de bosque y pastizales.

Es por ello que, para el ambientalista Jaime Incer Barquero es evidente la “falta de control y la falta de interés del Gobierno de Nicaragua”, pues consideró que las autoridades han dejado que las áreas protegidas “queden abiertas a cualquier tipo de explotación y que las leyes queden en papel mojado”.

Incer criticó que la “falta de control ha sido desde siempre y que el Marena como institución no ha recibido ninguna prioridad y, realmente, tienen limitaciones técnicas, de movilidad y de control.