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El subsecretario adjunto de la Oficina para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE. UU., Roger D. Carstens, enfatizó este jueves que la “rendición de cuentas por los delitos cometidos” contra los nicaragüenses en el último año se debe considerar como una medida efectiva para restaurar los derechos humanos en Nicaragua.

“Queremos ver la rendición de cuentas por los delitos cometidos contra esos prisioneros y contra todos los nicaragüenses en el último año, la rendición de cuentas por la tortura, responsabilidad por las desapariciones y responsabilidad por los asesinatos. El respeto por los derechos humanos debe ser restaurado”, declaró Carstens.

El funcionario estadounidense participó este jueves en un evento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, donde estaban al menos 48 misiones diplomáticas, y en el cual se expuso la situación de los abusos y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

El representante de la Oficina de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, subrayó la gravedad de la crisis de derechos humanos que está ocurriendo en Nicaragua desde abril de 2018, cuando se reprimieron violentamente las protestas pacíficas que comenzaron por descontento con las acciones gubernamentales relacionadas con la seguridad social.

“Respondieron con torturas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, fuego de francotiradores y otras violaciones y abusos cometidos por el Gobierno (…) El régimen de Ortega encarceló a cientos de manifestantes pacíficos por ejercer sus derechos humanos y los acusaron de terroristas”, denunció Carstens.

Recordó que el Gobierno de Nicaragua en los últimos meses cerró medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil, arrestó a “periodistas respetados” y ha obligado a muchos activistas a huir y exiliarse en el extranjero.

Pendiente de liberaciones

El subsecretario adjunto de Estado señaló que el mundo está esperando que el presidente Daniel Ortega cumpla con su promesa de liberar a todos los “prisioneros arrestados durante y después de las protestas dentro de los 90 días” anunciados en las negociaciones que sostienen la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Gobierno.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuenta actualmente con 647 detenidos, a quienes identifica como presos políticos (…) Según informes, estas personas han sufrido abusos, torturas, violaciones y condiciones de prisión que amenazan su vida”, destacó Carstens.

 Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Archivo/END

En el panel también participaron líderes de la sociedad civil de Nicaragua, como la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, quienes proporcionaron relatos sobre detenciones injustificadas, acoso y amenazas contra cualquier persona percibida como un opositor.

Abrão: falta de confianza

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, quien participó en el evento, denunció que en Nicaragua existe una profunda crisis de falta de confianza respecto a las instituciones gubernamentales, pero particularmente judiciales y electorales.

“Esa crisis de confianza solo puede ser superada, incluso, si hay algún tipo de búsqueda de salida por medio del fortalecimiento de la participación de la comunidad internacional.(…) Yo creo que la credibilidad de ese proceso depende necesariamente de la presencia de garantes internacionales”, señaló Abrão.

La presencia de los garantes internacionales garantizará que el proceso de liberación de los “presos políticos”, según Abrão, se lleve a cabo con el debido protocolo, que los exiliados puedan regresar al país sin ser perseguidos, que se restituya la personería jurídica a las organizaciones de la sociedad civil y que se regresarán los bienes confiscados a los medios de comunicación.

Winnie Sobalvarro, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua, pidió a las misiones que participaron en el evento a que sigan presionando al Gobierno hasta lograr la liberación de los manifestantes detenidos.

“Esto ha sido muy importante para nosotros los nicaragüenses, que países amigos estén presionando al Gobierno para su pronta democratización, para la salida de los presos políticos”, dijo Sobalvarro.

En el evento, las misiones de la Unión Europea, Bélgica y el Reino Unido manifestaron su preocupación por la situación en Nicaragua.

El Gobierno británico destacó que espera que el Gobierno de Nicaragua “aproveche el momento para dialogar con la comunidad internacional”.