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El Gobierno de Nicaragua ordenó la excarcelación de 50 manifestantes opositores, la madrugada de este viernes, cuando faltaban algunas horas para que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrara una sesión extraordinaria para “considerar la situación” de este país.

El Sistema Penitenciario Nacional trasladó desde horas de la madrugada, a bordo de microbuses y camionetas, a los excarcelados y anunció que se trataban de medidas como casa por cárcel o convivencia familiar.

El Ministerio de Gobernación, a través de un comunicado, confirmó las liberaciones de 50 personas con “delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública", indicó la entidad.

Esta era la excarcelación del tercer grupo de opositores desde que se anunció el reinicio del diálogo, a finales de febrero.

Surge también, después de 48 horas que concluyera oficialmente la negociación que sostenían representantes del Gobierno con miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que sigue sin alcanzar acuerdos en temas de justicia y democratización, pero logró dos acuerdos: uno sobre garantías a los derechos constitucionales de los ciudadanos y otro, precisamente, sobre la liberación de los manifestantes que los organismos de derechos humanos calculan en más de 700.

FRANKLIN ARTOLA RODRÍGUEZ

Entre los excarcelados está Franklin Artola Rodríguez, quien debió esperar seis meses y 12 días para regresar a casa, en el barrio Hialeah, al sur de Managua.

Artola quien tiene 27 años, fue condenado a más de cinco años de prisión por una juez que lo encontró culpable de los delitos de portación ilegal de armas, obstrucción de funciones y secuestro simple.

Franklin Rodríguez se reencontró con su familia, este viernes, después de varios meses en La Modelo. Jorge Ortega/END

No obstante, Artola considera que su delito fue haber protestado activamente contra el Gobierno.

Por semanas, el ahora excarcelado permaneció atrincherado en el recinto Rubén Darío de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN –Managua).

El 13 de julio pasado, mientras estaba en una barricada instalada por la rotonda universitaria, recibió un impacto de bala en una pierna. Fue trasladado al hospital privado Vivian Pellas y de ahí partió a una casa de seguridad, en carretera Vieja a León.

Su estancia en ese sitio duró poco más de un mes, menos de lo que esperaba, pero debió irse porque una oficial de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional (DAJ), merodeó el sitio. El 23 de septiembre la Policía lo ubicó y capturó en una propiedad en carretera Sur.

Estando encarcelado, según cuenta, le propinaron golpes y lo sometieron a constantes interrogatorios. Al Sistema Penitenciario Nacional lo trasladaron en una fecha que no recuerda, pero asegura que su situación no mejoró.

AÑO NUEVO: HIMNO Y GOLPIZA

“El 31 de diciembre 2018, solo por cantar el Himno Nacional nos golpearon. A personas que no eran líderes las apartaron y los llevaron a El Infiernillo. Una vez, no recuerdo la fecha, se cantó de nuevo el Himno y uno de los jefes del sistema llegó y se metió a la galería, dijo que dejáramos de cantar, que él podía hacer con nosotros lo que quisiera”, explicó Artola.

Después de ese incidente, pasaron semanas sin ninguna alteración, hasta que un día, según Artola, cansados del maltrato, decidieron protestar subiéndose al techo de la galería.

Aníbal Parrales, uno de los liberados del viernes, fue acusado de financiar los tranques. Jorge Ortega/END

“No teníamos ni agua ni luz, es la fecha y seguimos así, y te digo que seguimos así, porque aún siento que no soy libre, que una parte de mí quedó ahí, con mis compañeros de lucha”, expresó Artola, quien asegura que antes de estar recluido gozaba de buena salud, pero ahora padece del corazón, de hipertensión y sangrado de nariz.

Agregó que los custodios los atacaban psicológicamente, entregándoles de comer alimentos mezclados con piedras, heces de ratones y mal preparados. Los manifestantes que no comían, los trasladaban de celdas.

“Los custodios hacían asados a la orilla de las galerías, asaban pollo, carne y nos preguntaban si queríamos”, dijo el manifestante.

ANIBAL PARRALES

Otro excarcelado es Anibal Parrales Jarquín, de 37 años. A este hombre un juez lo condenó a 18 años de prisión por los delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo.

En octubre pasado, antes de que la Policía lo capturara, era dueño de un call center y empleaba a 16 personas.

Tras su encarcelación y procesamiento, su negocio quebró y desde entonces, según contó a El Nuevo Diario, no es el mismo. En prisión, según cuenta, fue víctima de torturas físicas y psicológicas.

“Me agarraron saliendo de la casa, iba a traer a mi esposa. En la camioneta me pegaron y me llevaron a El Chipote. A cualquier hora del día sacaban y me interrogaban, preguntaban quién financiaba los tranques. Me decían que yo los financiaba y como no obtenían las respuestas que buscaban, me inyectaban según ellos, una sustancia que me haría hacer hablar”, contó Parrales.

Después de estar en El Chipote, fue trasladado a La Modelo y ahí lo encerraron por meses en las celdas conocidas como El Infiernillo.

“Fue bastante duro para mí y algunas personas. Uno nunca se espera que por pensar diferente lo encarcelarán y peor aún, que se le criminalice. Estuve ocho meses en El Infiernillo, ahí las condiciones son duras, nos ponían grilletes”, contó Parrales, quien explicó que una vez al mes lo sacaban a tomar el sol.

“Nuestras familias llevaban paquetería y no llegaba completa. Por seguridad no permitían algunos productos, así que nos veíamos obligados a comer de la comida que nos daban, pero no había confianza porque le echaban piedras, grapas y cucarachas”, relata.

Parrales dio a conocer que pese al encierro, los prisioneros en El Infiernillo se animan unos a otros y el compromiso adquirido de todo excarcelado es alzar la voz hasta que el último manifestante salga libre.