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En el último año, el Gobierno de Nicaragua recibió un paquete con al menos 64 recomendaciones que hicieron los organismos internacionales de derechos humanos, en el marco de sus visitas durante el contexto de la crisis sociopolítica que este 18 de abril cumplirá un año, pero muy pocas han sido acogidas.

La reciente reanudación del diálogo, el cual se encuentra suspendido, y la creación de un mecanismo de investigación internacional, el cual no fue renovado, son las únicas medidas implementadas por el Gobierno, según se confirma de lo planteado por los organismos internacionales y lo aplicado por el Estado nicaragüense.

Las autoridades, sin embargo, se niegan a cumplir las otras recomendaciones encaminadas, por ejemplo, al cese inmediato de la represión contra los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas.

Por otro lado, pese a las recomendaciones de los organismos internacionales, el Gobierno todavía no desarma a los civiles.

Además, persiste la restricción sistemática del derecho a la libertad de reunión pacífica.

En las últimas semanas la Policía Nacional recurrió al uso excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones, denunciaron organismos internacionales.

Una parte de las recomendaciones fueron elaboradas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, (GIEI); y por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), dos misiones de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estuvieron en el terreno durante la época de mayor represión.

Entre tanto, la Oficina  del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también emitió una serie de recomendaciones al Estado y al Gobierno que van en la misma línea de las que hizo la CIDH.

La mayoría de esas recomendaciones se quedaron únicamente en el papel, debido a la falta de cumplimiento por parte del Gobierno.

Para Julio Montenegro, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el Estado tiene la obligación de respetar los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.

“Dentro de esos acuerdos suscritos está el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otras convenciones internacionales, que mandan a que se respeten los derechos humanos de todo ciudadano de manifestarse libremente, de concentrarse libremente, de no ser violentado por el hecho de opinar distinto, eso es tan amplio y está establecido en la Constitución”, señaló el representante legal de la CPDH. 

Según Montenegro, el no cumplimiento de esas recomendaciones va en contra, inclusive, de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

“Al no darse causa ahorita para que la gente pueda manifestarse de manera libre, sin ser coaccionado de alguna manera, o esta situación que se está generando con estas personas que son liberadas y son asediadas, es como que tengamos un papel mojado”, apuntó Montenegro.

OACNUDH HIZO BALANCE

La misión de la OACNUDH llegó al país el país el 24 de junio de 2018, pero tras una comunicación que recibió del Gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, sus miembros salieron del país el 30 de agosto de ese año.

Un día después de su salida del país, publicó el informe “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua. 18 de abril - 18 de agosto de 2018”.

En su sección final, el informe contiene 16 recomendaciones del Alto Comisionado dirigidas al Gobierno, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional más amplia.

Reanudar el diálogo nacional es la única medida implementada por el Gobierno, aunque el mismo está suspendido. 

Por otro lado, la comunidad internacional, como parte de las sugerencias, continúa monitoreando la evolución de la situación en Nicaragua, que derivó en la aprobación de la resolución de la 40 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

No obstante, de las medidas sugeridas por la OACNUDH, el Gobierno no asegura “investigaciones independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes” en relación con todas las denuncias de serias violaciones a los derechos humanos.

“Asegurar que las investigaciones criminales incluyan a todos aquellos que perpetraron, directa o indirectamente, ordenaron, apoyaron o toleraron dichos actos, incluyendo la cadena de mando de las autoridades implicadas. Estos actos no deberían quedar sin sanción”, señala la OACNUDH en sus recomendaciones.

Otra medida sin implementar está referida a los “arrestos ilegales”, pues la “mayoría de detenciones” siguen realizándose sin “órdenes de captura”, apunta el documento de esta oficina.

Persisten, según la OACNUDH, las denuncias masivas sobre violaciones del derecho al debido proceso, una restricción sistemática del derecho a la libertad de reunión pacífica, y una creciente estigmatización sobre aquellos que disienten al ser etiquetados públicamente como “terroristas o golpistas”.

LAS 15 RECOMENDACIONES DEL MESENI

Por su parte, la CIDH a través del trabajo en el terreno del Meseni publicó una lista de 15 recomendaciones, y a la fecha el Gobierno sólo aprobó la referida a la creación de un mecanismo de investigación internacional “para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables” de las violaciones ocurridas.

Muchas de las recomendaciones del grupo de trabajo del Meseni coinciden con las de la Oficina del Alto Comisionado.

En uno de sus puntos, sin embargo, la CIDH le recuerda al Gobierno la imperante necesidad de ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes de ratificación, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

El Gobierno tampoco ha sido capaz de proteger de forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentran en situación de riesgo, un buen número de ellos están en el exilio.

El equipo técnico del Meseni llegó al país el pasado 24 de junio de 2018, y trabajaría junto a las autoridades locales en Nicaragua en los preparativos de instalación del  GIEI.

GIEI HIZO 24 RECOMENDACIONES  

Mediante un Acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el 30 de mayo de 2018, se constituyó el GIEI, equipo que contribuyó a la investigación y el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.

Tras varios meses de trabajo, el GIEI concluyó que en Nicaragua se cometieron “crímenes de lesa humanidad” y en su informe realizó 24 recomendaciones, de las cuales 21 están dirigidas al Estado, mismas que el Gobierno de Nicaragua se ha negado a implementar.

Una medida que no se ha cumplido es la referida a la investigación y eventual destitución de los funcionarios que hayan participado en violaciones a los derechos humanos.

En relación con la actuación de la Policía Nacional en los hechos violentos, este grupo sugirió “depurar la institución policial, separando a aquellos mandos o agentes que participaron en actos de violación a los derechos humanos”, pero a la fecha nada de eso ha ocurrido.

“Esta separación deberá hacerse luego de una investigación administrativa exhaustiva a fin de deslindar responsabilidades y evitar represalias”, insiste el GIEI.

De la misma manera, aunque se recomendó investigar la actuación y eventualmente depurar el sistema de justicia de aquellos jueces y demás funcionarios que vulneraron el debido proceso o no hayan cumplido con mantener su independencia del poder político, nada se ha hecho al respecto.

Por otro lado, aunque se insta al Gobierno a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la “finalidad de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad”, no se habla sobre el tema.

Al Ministerio Público se le sugiere investigar y “eventualmente remover a los fiscales y funcionarios” que incumplieron con el ejercicio independiente de su función u obstruyeron el esclarecimiento de los hechos, pero es una medida incumplida a la fecha.

ESCRUTINIO INTERNACIONAL

Tanto la CIDH como la OACNUDH consideran que  el Gobierno debe dar la apertura al “escrutinio internacional” y, en ese sentido, facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas.

El pasado 14 de diciembre de 2018, la representante regional para América Central de la OACNUDH, Marlene Alejos, se reunió con el Canciller Denis Moncada, en Managua, y aunque el Gobierno mantiene abiertos los canales de comunicación, todavía no permite a este organismo internacional “acceso directo e irrestricto a todo el país, incluyendo a los lugares de detención”, siendo otra de las medidas incumplidas.