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Cuatro manifestantes excarcelados han abandonado Nicaragua por el acoso y amenazas que han recibido de la Policía y miembros del Frente Sandinista, denunciaron familiares de los afectados ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

El último en dejar el país fue Eyner López Espinoza y su familia. Él pertenece al primer grupo de 100 liberados el 27 de febrero pasado, cuando se iban a reanudar las negociaciones entre la Alianza Cívica y el Gobierno, pero fuerzas policiales lo recapturaron a las 4:30 de la mañana del 26 de marzo.

Carla Sequeira, directora del área de Asesoría Legal y Denuncias de la CPDH, dijo que la familia de López confirmó que el joven de 25 años tuvo que exiliarse esta semana con su esposa y dos hijos, entre estos una niña de 1 año y medio.

Katherine Zapata, esposa de Eyner López, con el abogado Arnulfo López, de la CPDH.

“El muchacho tenía temor por las amenazas de los policías, que le demandaron que se infiltrara en las filas de los manifestantes y les diera información de la gente que anduviera en las marchas”, comentó Sequeira.

López fue liberado nuevamente el 29 de marzo por la Policía del Distrito II, luego de casi 60 horas en detención y sin acusación del Ministerio Público.

Originalmente fue señalado de ser el cabecilla del tranque de Rubenia y del robo a una gasolinera, entre otros delitos.

Otro exiliado es Alex Vanegas, el maratonista, quien fue recapturado al siguiente día de su excarcelamiento, por trotar sobre la carretera con una bandera de Nicaragua.

Vanegas abandonó el país en la segunda semana de marzo en busca de ayuda especializada por los problemas de salud que le ocasionaron las golpizas propinadas por la Policía durante su cautiverio, según denuncias de sus familiares.

Otro motivo de su salida fue la contínua vigilancia y acoso policial en los alrededores de su vivienda.

NO PUEDEN RETOMAR VIDA NORMAL

Otros dos excarcelados decidieron abandonar el país por su seguridad, informó la abogada, de quienes prefirió no brindar los nombres a petición de sus familiares, por protección.

“Esos cuatro casos son los que conocemos por las denuncia de los familiares y porque hemos llevado los casos, pero desconocemos si más excarcelados han abandonado el país”, comentó Sequeira.

Arnulfo López, defensor de la CPDH, recordó que los liberados no han podido retomar su vida normal, ya que tanto la policía como simpatizantes del Gobierno los mantienen bajo acoso.

“Tuvimos la denuncia de Eddy Gertrudis González Padilla, quien señaló que a eso de la 1 de la madrugada llegaron a hacer pintas a las viviendas de los liberados de Diriamba”, agregó López.

Señaló, además, que las personas liberadas tienen grandes inseguridades y zozobra porque al ser excarcelados, su estatus legal no quedó bien definido, y en el caso de los procesos pendientes, están obligados a ir a la cita en el Complejo Judicial, aunque los procesos actualmente están congelados.

“Sin embargo, hay varias resoluciones de penas pendientes. Uno de estos casos es el de Julio César Toruño, liberado entre los primeros 100, pero la juez sacó su resolución en la cual se impuso una condena de 15 años. No sabemos cómo el Poder Judicial manejará esto, pero tenemos que esperar a que se nos notifique para ver las medidas que tomarán las autoridades tanto Judicial como del Sistema Penitenciario”, dijo López, quien consideró la difícil situación que debe estar pasando el excarcelado y su familia.

El abogado defensor señaló que uno de los grandes problemas para los excarcelados es que como no se están respetando los procesos judiciales y el Gobierno toma las medidas que considera convenientes en el momento, no hay una seguridad jurídica para estas personas.

“Lo más adecuado era anular todos los casos, ya que se liberó tanto a capturados como a procesados, procesados en espera de sentencia y condenados, lo que se plantea como buena voluntad del Gobierno, pero creó problemas jurídicos que chocan con las normas al debido proceso y en lo que representa la ejecución de pena”, dijo López.

Por su parte, Sequeira dijo que se puede considerar insólito que los excarcelados pongan la denuncia por las pintas amenazantes y los motorizados de civil que rondan y vigilan sus casas, pero es una de las recomendaciones que se les hacen, para tener un respaldo de lo que está ocurriendo y la amenaza que representa, que por ley la Policía debería atender y resolver.

La Alianza Cívica sostiene que son más de 800 los manifestantes arrestados desde el 18 de abril del año pasado.

El Estado ha realizado tres excarcelaciones, los días 27 de febrero, 15 de marzo y 5 de abril.

Esta semana, el Nuncio Apóstico, Waldemar Stanislaw Sommertag, dijo que se sentiría feliz si todos los protestantes son liberados.