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Una captura bajo procedimientos anómalos y con jurisdicción de un juez no competente es el argumento de la defensa de Edward Enrique Lacayo Rodríguez, un manifestante del municipio de Monimbó, departamento de Masaya, quien mientras intentaba cruzar la frontera para pedir refugio en Costa Rica, fue detenido por civiles armados y ahora lo acusan de trasiego de estupefacientes.

Julio Montenegro, defensor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo sobre el caso de Lacayo, que el juez Quinto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Julio César Áreas, rechazó el incidente de nulidad.

“Eso es nulo de toda nulidad, ya que la prueba no tiene validez, sin embargo, la autoridad judicial no dio lugar al incidente de nulidad. Únicamente el juez accedió a programar la excepción por incompetencia”, explicó Montenegro.

Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH. Archivo/END

Recordó que Lacayo fue capturado en Rivas y según la Constitución de Nicaragua debe ser juzgado por un juez natural o de su circunscripción, y no en Managua.

La versión policial señala que “en el lugar conocido como Las Calabazas, comarca El Ostional, departamento de Rivas, la Policía Nacional capturó al delincuente Edward Enrique Lacayo Rodríguez, de 45 años de edad, quien se hacía acompañar de dos sujetos, los cuales escaparon al momento de la detención. El preso trasladaba dentro de una mochila 6 paquetes de forma rectangular envueltos con cinta adhesiva color gris negro y rojo, que dieron positivo de cocaína”.

Durante los alegatos en la audiencia inicial, Lacayo difiere de la versión oficial, asegurando que fue detenido el 14 de marzo cuando intentaba alcanzar la frontera con Costa Rica, donde pediría refugio.

Ropa se convirtió en droga

Indica que fue detenido por ocho civiles armados que le pusieron una venda en los ojos, para luego subirlo en una camioneta negra con rumbo desconocido.

Cuando el vehículo se detuvo, a él lo subieron sobre un terreno elevado, lo introdujeron a un local donde lo amarraron a un poste y lo golpearon.

Posteriormente, le quitaron la venda y observó que tenía al frente cámaras de video que lo estaban grabando a él, y de su mochila en la que llevaba solo ropa, sacaron 6 tacos de cocaína, para luego ser entregado a la policía.

Montenegro señaló que según la narración de su defendido, todo lo actuado por las autoridades es nulo para un proceso judicial, por violación de las normas y leyes en la materia.

Destacó que hay una detención ilegal practicada por civiles armados que constitucionalmente no están autorizados para practicar investigación ni detención, además hubo un cultivo de prueba.

Representantes de la CPDH, a finales de 2018, advirtieron sobre la nueva modalidad para castigar a los involucrados en las protestas, inculpándolos de delitos comunes, de tal manera que quedara oculta la motivación real.

Según Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, entre los antecedentes de denuncias de este organismo está corroborada la participación activa de Lacayo en las actividades de protesta.