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Los acompañantes internacionales del diálogo mantienen reuniones por separado con el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, tratando para que sea superado el impase de las negociaciones, informó José Pallais, uno de los negociadores opositores.

“No hay todavía programada reunión, porque estamos en la etapa de reflexión y los testigos y acompañantes han iniciado un proceso de consultas con ambas partes para poder acercar posiciones que han estado muy distantes”, dijo Pallais. 

Mientras, continúan sin ser efectivos los únicos dos acuerdos alcanzados en la mesa del diálogo, referidos a la libertad de los manifestantes detenidos y el respeto de las garantías constitucionales.

El Gobierno y la Alianza Cívica se comprometieron el pasado 20 de marzo a liberar a todos los manifestantes detenidos en un plazo no mayor de 90 días, aunque el Gobierno excarceló unilateralmente a 50 protestantes el pasado viernes, todavía no logran siquiera conciliar las listas del total de detenidos.

Este lunes, al cumplirse 19 días del acuerdo de liberación, “todavía no está conciliada (la lista final), se está trabajando en ese objetivo”, reconoció este domingo José Adán Aguerri, del equipo negociador de la Alianza Cívica.

El 27 de marzo, el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó su participación en el proceso de liberación de los manifestantes presos y desde entonces, junto a los miembros de los equipos negociadores empezaron a conciliar las listas presentadas por ambos grupos. 

“La intención era que este fin de semana quedara totalmente definida la lista de los detenidos y se empezara el proceso de liberación. Se ha estado trabajando todo el fin de semana”, manifestó José Pallais, también del equipo negociador de la Alianza Cívica. 

La semana pasada, el Gobierno presentó una lista de aproximadamente 1,000 personas, en la que había alrededor de 300 coincidencias con el registro de encarcelados que tiene la Alianza Cívica, elaborada con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y las familias de los detenidos. Esta lista se aproxima a un total de 779 manifestantes encarcelados. 

José Pallais. Archivo/END

Unos 479 nombres del registro presentado por la oposición, no coincidieron con el documento del Gobierno y, posteriormente, el viernes pasado, se informó que después de una depuración quedaba aún indefinida la situación de 290 personas, siendo este el punto que tratan de conciliar desde hace varios días a nivel de los equipos técnicos de ambas partes en conjunto con la Cruz Roja.

“Mañana (este lunes) vamos a tener un reporte, pero la idea era que terminaran este fin de semana, ver en qué consistían las inconsistencias y llenar los vacíos pendientes (…).  Se aprovechó el fin de semana, desde viernes, sábado y domingo, para solventar las diferencias”, explicó Pallais. 

Según las listas publicadas por el Ministerio de Gobernación, a la fecha, el Gobierno oficialmente ha excarcelado a 200 personas que estaban detenidas por protestar, aunque no han sido totalmente liberadas porque permanecen con alguna medida cautelar, inclusive algunos jueces han emitido sentencias en contra de algunos protestantes que han sido excarcelados. 

Derechos constitucionales

El otro punto de común acuerdo en las negociaciones, pero que ha sido incumplido por el Gobierno, es el referido al respeto de las garantías constitucionales, que otorga el derecho de reunión y de manifestación, entre otros.

El sábado, la Policía Nacional se desplegó por toda la capital ante en el llamado de la Unidad Nacional Azul y Blanco para realizar “protestas exprés”, después de que esa autoridad negara el viernes el permiso para una marcha. 

A pesar de la fuerte intimidación policial, criticada por algunos sectores empresariales, los ciudadanos lograron manifestarse en algunas vías públicas de Managua. 

La Policía dijo en su comunicado que la Unidad Nacional Azul y Blanco carece de personería jurídica para solicitar el permiso de una movilización. 

Según Pallais el punto ocho de los acuerdos alcanzados en la mesa del diálogo, establece que el Gobierno debe respetar a las asociaciones de todo tipo, y eso se refiere tanto a las de hecho que son las que no tienen personería jurídica, como las de derecho, que tienen este reconocimiento. 

“Esa excusa que no tienen personería jurídica los de la Unidad Nacional Azul y Blanco violenta el acuerdo y el espíritu mismo del punto ocho de los acuerdos de derechos y garantías, y violenta el punto del derecho ciudadano de manifestarse. Hay una doble violación a dos acuerdos, porque se niega el derecho a manifestarse y se niega bajo una excusa que es violatoria misma de los acuerdos”, dijo Pallais. 

Luis Ángel Rosadilla. Archivo/END

Desde el pasado 3 de abril, los negociadores del Gobierno y de la Alianza Cívica entraron a un período de reflexión, tras no alcanzar acuerdos en otros dos puntos correspondientes a justicia y democracia. 

El viernes de la semana pasada, el enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, reconoció ante el pleno del Consejo Permanente de este foro regional, que en esos temas no se ha logrado avanzar “ni un milímetro” en el diálogo.