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En Sagnilaya, una pequeña comunidad misquita a 40 kilómetros al norte de Bilwi, el juez comunitario Apolinar Taylor denunció que detrás de la invasión de tierras indígenas hay algunos funcionarios del gobierno autónomo de la región Atlántico Norte, además de representantes de gobiernos territoriales indígenas, electos por los comunitarios.

El juez Taylor presenta avales y recibos firmados por funcionarios que hacen constar que recibieron dinero de parte de colonos, quienes no solo toman la tierra asignada, sino que se apropian de grandes extensiones de territorio, incluyendo áreas de cultivo de los comunitarios.

En enero de este año, los indígenas encontraron dentro del territorio indígena a un colono que estaba despalando cien manzanas de bosque y le ordenaron suspender esa actividad, y luego lo llevaron a Puerto Cabezas para hablar con el presidente del gobierno territorial indígena.

Las comunidades utilizan el río Wawa como vía de comunicación y para pescar, pero los colonos ya no permiten el pase aguas arriba de la comunidad de Sangnilaya. Orlando Valenzuela/END

El colono le preguntó al presidente del GTI, si le devolvería C$300,000 que pagó, e incluso le pidió intereses hasta por medio millón de córdobas.

Según el juez comunitario, el presidente del GTI entregó un papelito con la fecha en que le iba a devolver el dinero, “pero apenas dimos la vuelta, él mismo hizo una constancia que le daba permiso de despalar el lugar,  entonces nosotros fuimos con cien hombres a hacer un patrullaje y cuando llegamos, encontramos al mismo colono que ya había despalado las cien manzanas”.

Los indígenas relatan que le retuvieron seis motosierras, y solo las devolverían si pagaba la multa y el daño ambiental causado, aunque “deben haber cien motosierras más” en la zona, dijo indignado el líder comunitario.

Taylor denunció que gran parte de las 12,000 manzanas de tierra que el Gobierno le había entregado a los excombatientes de Yatama, el partido indígena, fueron vendidas a colonos, lo que provocó que en 2014 los indígenas expulsaran a 70 familias no autóctonas.Apolinar Taylor, juez comunitario de Sangnilaya, muestra las motosierras quitadas a un grupo de colonos dentro de los territorios comunales. Orlando Valenzuela/END

En esa ocasión, el Gobierno apoyó la salida de los invasores, pero estos volvieron diciendo que habían perdido C$8.6 millones y que si no se les rembolsaba ese dinero, se iban a quedar allí, “entonces les dijimos que fueran a reclamarle al jefe del  GTI, que  fue el que los metió en tierras ajenas”.

Asimismo, Taylor denunció que en semanas recientes un grupo de colonos llegó a la finca de un comunitario y quemaron su choza, alambraron y metieron sus caballos y vacas; lo peor es que  en los ríos echan insecticidas que están envenenando el río.

“Fuimos con un abogado a la Policía y cuando llegamos, nos dicen que acaban de recibir órdenes superiores de no recibir denuncias de tierra, entonces, ¿quién tiene la culpa? Estuvimos hasta las 7:00 p.m. en el patio y ahora dicen que no entregamos nada. Esa misma denuncia la llevamos al gobierno regional”, reitera el juez comunitario.

Métodos de traficantes

Larry Salomón Pedro, especialista jurídico del Centro para el Estudio y Desarrollo de la Autonomía de la Costa Atlántica, adscrito a la Fundación para el Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cedea-Fadcanic), dice que en el tráfico ilegal de tierras inciden varios factores y actores.

Por un lado, funcionarios del Estado durante varios períodos autorizan ilegalmente la ocupación de tierras indígenas, los comunitarios denuncian a los traficantes de tierras del Pacífico, pero líderes comunitarios indígenas, ya sean mayagna o misquitos en coordinación con abogados y notarios públicos hacen escrituras simulando actos de aparente legalidad cuando en el fondo son ilegales, algunos de ellos incluso están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia, dice el especialista.

El  jurista explica que hay 45 denuncias registradas, pero los procesos investigativos de la Policía han sido muy lentos; por ejemplo, en el caso de Aguas Tigni, después de 6 años, no ha concluido el proceso investigativo cuando el Código Penal establece plazos.

La Ley 445 del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, establece el saneamiento territorial, pero no dice cómo se efectuará, por otra parte, cada territorio indígena en el marco de su autonomía territorial comunitaria regula sus espacios.

Yader Lewis Méndez, biólogo marino y experto en desarrollo sostenible del Cedea-Fadganic, subrayó que los pueblos indígenas y afrodescendientes representan entre el 6% y 7% de la población del país y tienen el 38% del territorio del país. 

“Nosotros sabemos que se han venido dando una serie de violaciones a los derechos de la propiedad comunal, pero en medio de esta crisis nos hemos encontrado con tres corrientes: Una corriente fundamentalista de que los pueblos indígenas se quedan en su estado original y no deben formar parte de las dinámicas de desarrollo que abarca la globalización, otra tendencia es la de los conservacionistas que miran en los territorios indígenas bosques, ecosistemas naturales, recursos biológicos y quisieran que esto se mantenga en ese estado de conservación y después están los desarrollistas de mercado que creen que las tierras indígenas están subutilizadas que no tiene un valor agregado, que no están generando valor agregado, que también es otra crisis, porque hoy nosotros sabemos que llega una familia campesina, se establece en un bosque primario a las orillas de Bosawas, lo bota, lo hace potrero y a eso se le dice, ‘las mejoras’; o sea, botar el bosque y convertirlo potrero se dice que ahora ‘tiene mejoras’, todavía ese discurso arcaico de la economía, que no es compatible con la conservación y la protección del ambiente, la sociedad y la cultura, sigue recalando en esta parte del país”, reclamó el experto.

Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Paz y Derechos  Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, opina que la invasión de tierras indígenas por colonos se debe a la falta de atención del Estado de Nicaragua para implementar el saneamiento territorial, que es la última fase para concluir con la demarcación y titulación de las tierras indígenas y así poder darles una seguridad jurídica a la propiedad comunal.

“La preocupación nuestra es que la represión y la violencia en las comunidades por la invasión territorial ha desplazado a las comunidades de sus parcelas y esto ha traído grandes problemas, en este desplazamiento las comunidades han venido a sufrir otros tipos de violaciones”, advierte la defensora.

Comunidad indígena de Sangnilaya. Orlando Valenzuela/END

Cunningham propone que el Estado establezca un consenso con las comunidades dueñas de estas tierras, “pero el Estado, está promoviendo la ‘cohabitación’ y la verdad de las cosas es que no podemos imponerles a las comunidades la usurpación, se tiene que hacer como dice la Ley de Propiedad Comunal 445 que se va a reconocer a los terceros que tienen título de Reforma Agraria de antes de 1987, pero después de esta fecha, todas las personas que han ocupado estos territorios y que tienen documentos con vicios o tal vez documentos entregados por las Alcaldías, algún diputado o por consejos regionales, esto es nulo”.

Según la Ley 445, el Estado de Nicaragua, a través de la oficina de titulación rural, llámese Intendencia de la Propiedad es la institución que debe acompañar a las comunidades para poder hacer el proceso de saneamiento.

Cunningham asegura que hasta 2016 había 3,000 personas desplazadas al lado hondureño del río Coco, sobre todo, familias del sector de las minas Bonanza y Rosita, esta situación es más crítica para las mujeres que han tenido que huir de sus casas o se han trasladado a otros destinos, en ese sentido, “nos preocupa la falta de protección y abandono que sufren mi gente, porque no existe en Nicaragua una institucionalidad capaz de garantiza los derechos humanos de las comunidades indígenas”, sostuvo Cunningham.