Tatiana Rothschuh
  •   SAN CARLOS/RÍO SAN JUAN  |
  •  |
  •  |
  • END

Líderes de organizaciones ambientalistas de la coordinadora intrafronteriza contra el proyecto minero Crucitas, que industrias Infinito pretende a sólo tres kilómetros del río San Juan, alertaron sobre el movimiento de maquinaria en el sitio y el “empatiamiento” de madera.

Toda esta actividad se esta dando pese al recurso de amparo introducido en la Sala Cuarta Constitucional tras el decreto emitido por el presidente Oscar Arias declarando de interés público el proyecto Crucitas, y que autoriza la destrucción de más de 192 hectáreas de bosque con especies protegidas.

Antonio Ruiz, Director de la organización nicaragüense Fundación del Río, que forma parte de la coordinadora binacional contra la minería a cielo abierto, dijo que en cuanto a la Sala, en realidad lo que existe es una prohibición de corte o trabajos al amparo del Decreto de Conveniencia Nacional, promulgado el 13 de octubre de 2008 por el presidente costarricense Oscar Arias y Roberto Dobles Mora, Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

Ruiz expresó su confianza y la de todos los líderes ambientalistas en una resolución razonable ante el caso Crucitas de parte de los magistrados de la Sala Cuarta Constitucional. Edgardo Vinicio Araya Sibaja, Vicepresidente de UnoVida, es uno de los líderes que ha alertado sobre los trabajos que desarrolla un tractor en la zona arrasada y quien promueve el recurso de amparo.

“No nos defrauden”

Ana María Quiros Rojas, también de la coordinadora costarricense, envió un correo a los magistrados de la Sala Cuarta con el fin de que resuelvan favorablemente. “No nos defrauden, paren la masacre ambiental en Crucitas”, demanda Quiros en su escrito.

“Les recuerdo que el pueblo costarricense, en su gran mayoría, ha repudiado con gran indignación la destrucción del bosque por parte de la empresa minera Infinito, con la aprobación irresponsable del Poder Ejecutivo. Recuerden, estimables magistrados y magistradas, que la defensa de nuestros bosques, aunque estén ubicados en propiedad privada, es tarea de todos los costarricenses”, sostiene. 

La lideresa ambientalista advirtió que “todos estamos pendientes de sus actuaciones... los estamos vigilando y examinando de cerca sus gestiones”, y los instó a considerar y a pronunciarse ante las dos solicitudes hechas por quienes promueven el Recurso de Amparo contra el proyecto minero Las Crucitas.

Según Quiros, una es la solicitud de suspensión de la tramitación del Recurso de Amparo, con el fin de darle la oportunidad a los recurrentes Heidi Murillo Quesada, en nombre de la Federación costarricense de Conservación de la Naturaleza (FECON), y al señor diputado de la República José Merino del Río, para que planteen la correspondiente Acción de Inconstitucionalidad contra la definición de “conveniencia nacional” contenida en el artículo dos del Decreto Ejecutivo 25721-Minae del 17 de octubre de 1996 y sus reformas, que es el Reglamento a la Ley Forestal.

Agregó que la segunda se refiere a Vinicio Araya Sibaja, que demanda se ordene un peritaje, debiéndose nombrar un grupo interdisciplinario que dictamine si los beneficios sociales del Proyecto Minero Crucitas son o no mayores que los costos socio-ambientales de realizar dicha actividad (relación costo-beneficio). Esto es necesario para verificar el interés público y la conveniencia nacional de dicho proyecto, según lo exige el ordenamiento jurídico. 

Pide consulta
Asimismo, solicita se le consulte al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, si la realización de un tajo de minería de oro a cielo abierto constituye, técnicamente hablando, una edificación o infraestructura. Esto para los efectos del artículo 19, inciso b, de la Ley Forestal.

También requiere que se lleve a cabo una inspección judicial en el área de la comunidad de Crucitas de Cutris, San Carlos, específicamente en el lugar exacto donde se pretende desarrollar el proyecto minero, para determinar que efectivamente se trata de un lugar de anidación de la lapa verde, suficientemente poblado de almendro amarillo y no simplemente de un lugar de paso de esa ave, como lo pretende Dobles Mora.

Además, pide que, con el propósito de determinar la existencia de anidación de lapa verde en los árboles de almendro amarillo que circundan la comunidad de Crucitas de Cutris, específicamente en el área donde se pretende realizar el proyecto minero, se evacue la prueba testimonial de los señores Guillermo Herrera Matamoros y Alfredo Arias Elizondo, agricultores y vecinos de Crucitas de Cutris de San Carlos.

Por último, demanda, “de conformidad con los artículos diez y 46 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se realice una audiencia oral para permitirles a los recurrentes explicar y sustentar, de viva voz, los argumentos que sostienen los recursos. Esta solicitud se basa en que la Corte Suprema de Justicia promueve la participación ciudadana en la administración de justicia y la oralidad como principio rector de los trámites judiciales”.