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  • ACAN-EFE

El Gobierno de Nicaragua informó este martes que ha tenido nuevos acercamientos con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para retomar las negociaciones que buscan una salida a la crisis interna que ha dejado cientos de muertos en casi un año.

En una nota de prensa emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno informó de "conversaciones informales" con la Alianza, "frente a la necesidad de avanzar en la discusión y toma de decisiones sobre los puntos de agenda previamente acordados".

Las negociaciones entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia finalizaron el pasado 3 de abril, tras haberse iniciado el 27 de febrero y haberse prorrogado durante una semana.

La Alianza ha señalado al Gobierno del presidente Daniel Ortega de no tomar en serio las negociaciones y le acusa de utilizar el espacio para evitar sanciones externas, así como de alargar la crisis, que estalló hace casi un año.

El Gobierno reiteró este martes "el compromiso de avanzar en las conversaciones y propuestas", frente a una oposición que reclama el cumplimiento de los acuerdos, más que las discusiones.

Hasta la suspensión de las negociaciones las partes habían acordado la hoja de ruta, los temas de agenda, el "fortalecimiento de los derechos y garantías" -que consiste en que el Gobierno respete la Constitución-, y la liberación de manifestantes presos con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Quedó pendiente el establecimiento de "la verdad, justicia, reparación y no repetición", el "fortalecimiento de la democracia y reformas electorales" -que busca el adelanto de las elecciones de 2021-, el llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones, y los mecanismos de implementación de los acuerdos.

Aunque el Gobierno se comprometió a liberar de forma definitiva a todos los manifestantes presos en un lapso de 90 días, hasta el momento después de firmarse ese acuerdo solo han sido excarceladas 50 personas, pero los bajo medidas cautelares y las acusaciones y juicios no son anulados.

Delegación del Gobierno de Nicaragua en el diálogo / Archivo De igual manera aunque el Gobierno se comprometió a respetar el derecho a la manifestación pacífica y las garantías constitucionales, la Policía ha reprimido a manifestantes y las detenciones de quienes participan en protestas también continúan.

La crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH.

Adicionalmente se cuentan entre 779 y 809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".