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  • ACAN-EFE

El Gobierno de Nicaragua informó este miércoles de que continúa avanzando en las negociaciones para salir de la crisis local, con los testigos y sin la contraparte opositora, pese a que las discusiones se dieron por finalizadas el 3 de abril pasado.

Por su parte la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha señalado al Gobierno del presidente Daniel Ortega de no tener voluntad política para cumplir los acuerdos de las negociaciones, y lo acusa de utilizar el espacio para evitar sanciones externas, así como de alargar la crisis, que estalló hace casi un año.

"Seguimos trabajando, con presencia de los testigos y acompañantes internacionales, procurando avanzar en la discusión de los temas pendientes, según la agenda aprobada", informó el Gobierno, en una nota de prensa emitida a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las negociaciones entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia finalizaron el pasado 3 de abril, tras haberse iniciado el 27 de febrero y haberse prorrogado durante una semana.   

El Gobierno, que ha mostrado interés en cambiar de interlocutores en la mesa de negociaciones, reiteró que su voluntad descansa en reunirse con la oposición y no hizo referencia al cumplimiento de los acuerdos.

"Hemos realizado un encuentro que sustentan la voluntad y el compromiso de seguir abordando todos los temas previstos, y adelantando posibles acuerdos", indicó el Gobierno.

Los temas previstos de las negociaciones se resumen en la libertad de los "presos políticos", la restitución de los derechos constitucionales, justicia para las víctimas de la crisis, reformas de ley para adelantar las elecciones de 2021, el llamado a la suspensión de sanciones internacionales, y la ejecución de los acuerdos.

Representantes del Gobierno en las negociaciones / Bismarck Picado

Por su parte la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha manifestado que trabajan para que el Gobierno cumpla con los acuerdos que ya fueron firmados.  

Hasta el día en que fueron suspendidas las negociaciones las partes habían acordado la hoja de ruta, los temas de agenda, el "fortalecimiento de los derechos y garantías" -que consiste en que el Gobierno respete la Constitución-, y la liberación de manifestantes presos con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La Alianza Cívica ha informado de que las partes decidieron no extender por segunda vez el plazo límite de las negociaciones mientras no se dieran dos condiciones: que el Gobierno cumpla con los acuerdos ya firmados, y que presente una propuesta "seria" en el tema de justicia.

Los opositores consideran que "no es admisible" que el Gobierno pretenda que la justicia quede en manos de instituciones como la Policía Nacional, entre otras, que son acusadas de haber causado cientos de muertos en la crisis.

En su nota de prensa, el Gobierno insistió en que mantiene discusiones sin replica, ante los "testigos y acompañantes", como son el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, y el representante del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla.