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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció este jueves que el Gobierno de Nicaragua prácticamente destrozó un protocolo que elaboraron para que los exiliados puedan regresar con las garantías de seguridad necesarias.

“El Gobierno propone un saludo a la bandera, no hay ningún tipo de seguridad para que los nicaragüenses puedan regresar al país, que es lo que contenía nuestro protocolo, que exigía la existencia de un garante internacional que pudiera atender a los nicaragüenses que al regresar se sientan amenazados”, expresó Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica.

Por su parte, José Pallais, del equipo de la Alianza Cívica, sostuvo que el protocolo de la Alianza “solo funcionaría con la presencia de organismos internacionales de derechos humanos en el país, esto es a lo que el Gobierno debe darle paso, es lo que debe cumplir y hasta el momento no ha hecho nada en ese sentido”.

Los exiliados nicaragüenses consultados por El Nuevo Diario consideraron que para poder retornar al país se necesitan verdaderas garantías que impidan que puedan ser asediados, perseguidos o que les monten juicios con falsas acusaciones.

Al respecto, Leticia Gaitán, periodista exiliada en Costa Rica, consideró que la primera garantía que debe contener cualquier tipo de acuerdo en beneficio de los exiliados nicaragüenses es la no persecución judicial, política, ni el asedio de grupos afines al Gobierno.

Una de las garantías para poder regresar es el desmantela-miento de los parapolicías, según exiliados consultados. Cortesía/END

Agregó que el desarme de los grupos parapoliciales debería ser otro punto a cumplir y que para ello se hace necesaria la presencia de organismos internacionales de derechos humanos que puedan garantizar que ningún exiliado que vuelva a Nicaragua sea apresado o que sufra algún atentado contra su vida.

Por su parte, Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, quien está exiliado también en Costa Rica, considera que la propuesta del Gobierno es una cortina de humo que busca desviar la atención de otras discusiones más importantes, como son la liberación de los manifestantes presos.

Además, asegura que el Gobierno ha demostrado que no tiene voluntad para hacer cumplir los acuerdos que ha suscrito en el proceso de negociación.

“Este régimen ya demostró que no tiene voluntad política para respetar los acuerdos que firma en la mesa, y que todavía no existan las condiciones de respeto a los derechos humanos, pensar en un retorno es exponernos a los fanáticos porque hemos visto que a pesar que el régimen pueda dar una orientación diferente, siempre existen fanáticos que ponen en peligro la integridad de los opositores”, argumentó Ruiz.

Desmienten encuentro

El Gobierno de Nicaragua anunció este jueves que “presentó una propuesta de acuerdo para el retorno de los nicaragüenses en el exterior” y que la misma sería discutida este viernes en una sesión de trabajo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). 

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y miembro de la ACJD, descartó que vayan a reunirse con el Gobierno para abordar ese tema. 

La Alianza ha propuesto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh) como garantes del acuerdo sobre derechos y garantías ciudadanas, en el que se incluye ese protocolo para la seguridad de los exiliados que retornen.

“Nosotros enviamos por las gestiones de los testigos y acompañantes, un protocolo de seguridad para garantizar el retorno de los exiliados, pero ese protocolo fue totalmente destrozado por la comisión del Gobierno y nos entregaron el día de ayer (miércoles) una propuesta que ni siquiera contempla cómo se va a cumplir ni quién será el garante internacional de esto”, dijo Chamorro.

“El objetivo es que el nicaragüense exiliado pueda volver sin sufrir represalias, sin que una vez en su lugar de origen sufra amenazas, acoso, de ser así, ¿Dónde quién se va a ir a quejar? ¿Iría a la policía? No, por eso es necesario la presencia de la CIDH, de un organismo internacional, para tener verdaderas garantías”, precisó Pallais.

En la Alianza están escépticos, porque el Gobierno no ha mostrado voluntad para cumplir acuerdos, comentó Pallais, así que dudan si querrá darle curso a un protocolo de seguridad para los exiliados que retornen.

Chamorro insistió en la falta de confianza en las instituciones gubernamentales para que sirva de garante de la seguridad de los exiliados que puedan regresar a Nicaragua. 

“Unas 4,000 personas exiliadas en Costa Rica  han logrado la calidad de refugiadas por el Gobierno de Costa Rica, que los reconoció en su carácter de perseguidos políticos”, añadió Pallais.

Un reporte elaborado en octubre de 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que producto de la crisis política cerca de 52,000 nicaragüenses migraron hacia Costa Rica el año pasado, y de este total, al menos 40,000 habían solicitado al Estado costarricense su protección.