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El Gobierno de Nicaragua debe acabar de inmediato la represión y poner en libertad a las personas detenidas, afirmó este lunes Amnistía Internacional (AI), que acusó a las fuerzas de seguridad de violaciones graves a derechos humanos.

"Durante el último año, el Gobierno del presidente (Daniel) Ortega ha reprimido brutal y reiteradamente a todas las personas que se han atrevido a plantar cara a su Administración", señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Érika Guevara Rosas.

En una declaración difundida en Ciudad de México, sostuvo que las autoridades nicaragüenses siguen violando los derechos a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.

Y agregó que estas impiden a las organizaciones de la sociedad civil y a observadores internacionales de derechos humanos "trabajar libremente en el país".

"El Gobierno de Nicaragua debe finalizar de inmediato su estrategia de represión y poner en libertad a todos y todas los estudiantes, activistas y periodistas a quienes se ha detenido exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica", manifestó.

La directora aseguró que AI seguirá apoyando a quienes luchan pacíficamente por sus derechos, pese al hostigamiento y la intimidación que sufren por parte de las fuerzas de seguridad y de grupos parapoliciales "que han cometido violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional".

"El valiente pueblo de Nicaragua no será silenciado", acotó.

La organización afirmó en un boletín que, al igual que otras organizaciones internacionales, ha documentado casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, tales como tortura y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por grupos armados progubernamentales y miembros de la Policía Nacional.

Este jueves, Nicaragua conmemora el primer aniversario del estallido social que dejó 325 fallecidos, más de 2,000 heridos, otros de 50,000 exiliados, más de 600 detenidos, estudiantes universitarios expulsados, médicos despedidos y desaparecidos, de acuerdo con organismos de derechos humanos.  

Desde el año pasado, tanto Amnistía Internacional como otras organizaciones internacionales documentaron la situación ocurrida en Nicaragua, la que calificaron de “graves violaciones de derechos humanos” y de crímenes de derecho internacional, tales como “tortura y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por grupos armados progubernamentales y miembros de la Policía Nacional de Nicaragua”.

En el transcurso de la crisis, el Gobierno ha expulsado del país a organizaciones internacionales como la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).