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Si un manifestante excarcelado decide irse del país por garantizar su seguridad, podría acarrearle problemas legales en el proceso de liberación, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Julio Montenegro, coordinador del área de defensoría de la CPDH, explicó que desde el punto de vista legal, las personas que hayan salido de prisión bajo medidas alternas, ya sea convivencia familiar o casa por cárcel y que piensan irse a otro país, podrían ser denunciados por violar la medida cautelar y esto aumentaría su sentencia. 

“La situación es complicada, ya que algunos han decidido autoexiliarse por el acoso de las autoridades y amenazas de simpatizantes (del partido de Gobierno), pero si se van quedan como prófugos”, dijo Montenegro.

El abogado enfatizó que la recomendación de la CPDH es la nulidad absoluta de los casos, una petición que ha hecho la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el diálogo y que el Gobierno se comprometió a cumplir en un lapso de 90 días, pero que hasta el momento no ha tenido ningún avance, luego de tres semanas de haberse firmado ese acuerdo.

“El excarcelado estaría cometiendo un delito por quebrantar las normas. Recomendar la salida sería facilitar la fuga”, dijo Montenegro.

El abogado explicó que un gran problema del proceso judicial de las excarcelaciones de los manifestantes es que se dieron por voluntad del Gobierno y no bajo una lógica jurídica.

Montenegro insistió en que si el Gobierno pretende mostrar buena voluntad, debería anular todos los casos de los manifestantes presos.

La CPDH ha recibido al menos cuatro denuncias de manifestantes excarcelados que han abandonado Nicaragua por el acoso y amenazas que han recibido de la policía y miembros del partido de Gobierno.

Desde el punto de vista legal, una persona bajo las medidas de convivencia familiar, prisión domiciliar o retención migratoria incurre en un delito si trata de salir de Nicaragua.