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Cinco de cada diez nicaragüenses exiliados en Costa Rica son estudiantes o profesionales, quienes se vieron obligados a salir de su país por la represión y el hostigamiento del Gobierno, reveló este lunes una investigación de la Fundación Arias para la Paz.

El estudio “Características sociodemográficas, organizaciones y agenda de necesidades de exiliados nicaragüenses en Costa Rica”, indica que en décadas pasadas, los flujos migratorios del país vecino han estado motivados por razones políticas y económicas.

Sin embargo, la crisis política y de derechos humanos que se desató en Nicaragua desde el mes de abril de 2018, provocó que miles ciudadanos buscaran refugio en Costa Rica y huyeran de la represión.

La investigación muestra que el 53% de estos nicaragüenses son estudiantes universitarios o profesionales, el 29% estudiantes de secundaria, un 6% técnico medio y un 7% técnico superior. El restante 5%, de otras áreas.

“Esto coincide plenamente con la consigna en las calles de que no eran delincuentes, que eran estudiantes. Muchos universitarios vieron aquí (Costa Rica) truncadas sus vidas; algunos llevan un año sin hacer nada y la gran cantidad tiene como principal problema el desempleo”, explicó a Acan-Efe el investigador e ingeniero nicaragüense Roberto Samcam.

La encuesta, que fue realizada entre 382 nicaragüenses en condición de exiliados, también reveló que el 37.7 % tiene problemas para encontrar empleo, un 20.1 % dice vivir bajo limitaciones, el 17.4 % ha sufrido discriminación o xenofobia y el 21.1 % dijo haber tenido dificultades con su vivienda.

De los encuestados, un 65% son hombres y un 35 % mujeres. Del total, un 88% contestó que quiere regresar a Nicaragua después de la salida del presidente Daniel Ortega.

Los nicaragüense se vieron obligados a salir de su país por razones de represión y hostigamiento (38.3 %), amenazas de muerte (25.7 %), miedo (18.9 %), situación económica (13.2 %) y militancia política (3.8 %).

El ingreso de la mayoría de exiliados se dio durante los meses de julio, agosto y septiembre, lo que coincide con los altos grados de represión que se vivieron en Nicaragua, en el marco de la“operación limpieza” y “represión selectiva”, según el estudio.

Cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense indican que al mes de marzo un total de 40,000 personas han gestionado la solicitud de asilo en el país.

El estudio también indica que dentro de una agenda de prioridades las autoridades y organizaciones deben mejorar en el marco de los derechos humanos, el acceso a una asistencia legal para trámites migratorios y gestión de permisos laborales, así como apoyo para las familias víctimas de represión.

“También hay prioridades que están en el ámbito de asistencia humanitaria como vivienda, alimentación, salud, educación y acompañamiento psicosocial, porque algunas personas estuvieron expuestas a altos niveles de violencia y a situaciones extremas como torturas”, dijo la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra. 

La encuesta “Características sociodemográficas, organizaciones y agenda de necesidades” fue aplicada entre los meses de febrero y marzo pasado a un total de 382 nicaragüenses mediante entrevistas cara a cara y tiene un nivel de confianza del 95 %.