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La incorporación de un garante internacional para la seguridad, es requisito fundamental para brindarle garantías a los nicaragüenses que están en el exilio y decidan regresar a su país, consideraron los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), quienes rechazaron una nueva propuesta del Gobierno sobre el tema.

“La seguridad para los exiliados que decidan volver al país para nosotros sigue abierto y no se puede cerrar mientras no se invite a un garante internacional que brinde protección a sus derechos ya de regreso en Nicaragua”, expresó el jurista José Pallais, del equipo negociador de la Alianza.

En la reunión del próximo martes 23 de abril, la Alianza Cívica “espera que los testigos y acompañantes, en la propuesta que nos hagan, incorporen la necesidad de tener al garante internacional en Nicaragua con una oficina abierta para recibir las denuncias y quejas de los que retornen al país”, añadió. 

Carlos Tünnermann, del equipo de la Alianza, recalcó que los testigos y acompañantes los han invitado para presentar propuestas para lograr la implementación de los acuerdos que ya se firmaron y que el Gobierno no ha cumplido.

De acuerdo con esta organización, la propuesta es que se designara, previas consultas, una organización internacional especializada que acompañe todas las fases de implementación de un protocolo de retorno de nicaragüenses, que incluya desde el previo arribo hasta la llegada o recepción de todos los refugiados o exiliados. 

La Alianza exige en su comunicado que haya para estas personas, plenas garantías, libertad de seguridad e integridad personal y familiar. 

El Gobierno anunció este lunes la “aprobación e implementación” de un programa de retorno “voluntario asistido de los nicaragüenses que salieron del país en el contexto de los hechos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018”, pero dicho programa no cuenta con la aprobación de la Alianza Cívica, explicó Pallais, de la ACJD.

Respuesta de OIM

En un comunicado la Oficina Regional para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la OIM, con sede en Costa Rica, reveló que recibió del Gobierno una solicitud formal a través de una carta enviada donde se les pide apoyar el programa de retorno de los nicaragüenses en el exilio. Dicha organización indicó que aceptó analizar la petición y estudiar el programa una vez se conozcan los detalles. 

La OIM dejó claro que este proceso debe hacerse en el marco de un trabajo concertado con todos los sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de la sociedad civil y otros actores claves interesados. Asimismo, deja claro que los programas de retorno voluntario “se basa en la decisión libre y sólidamente informada de los propios migrantes que solicitan apoyo para retornar a su país de origen”.

La ACJD también respondió al comunicado emitido este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua y asegura que el Gobierno no ha brindado las garantías de seguridad para que los exiliados nicaragüenses puedan retornar al país. 

Pallais explica que la OIM no puede ofrecer garantías de seguridad, mientras Mario Arana, también del equipo de la Alianza Cívica, recalcó que “la OIM puede apoyar a que regresen los exiliados, pero no puede ofrecer garantías de protección a estos exiliados al regresar”.

TRAMITAR QUEJAS Y SANCIONES

La Alianza Cívica “ya presentó un protocolo para la seguridad de los exiliados que regresen al país, que se fueron a raíz de los acontecimientos del 18 de abril del año pasado. También sobre esto ya podríamos tener una respuesta”, añadió Tünnermann.   

Pallais agregó que, además de la presencia de un garante internacional en Managua, también falta la designación de una autoridad central del Gobierno que tramite las quejas y sanciones a los oficiales del Gobierno que violen las garantía de derechos y seguridad de los ciudadanos.

Es admisible, explicó Pallais, que ya con un garante internacional en Nicaragua, el Gobierno diga que cualquier queja la va a tramitar esta oficina, pero aquí no han señalado ni una. Aquí estamos como Chespirito:  ¿Y ahora quién podrá defendernos? Para dar curso a esto debe de haber un garante internacional”. 

Según Pallais, en estos momentos los exiliados nicaragüenses no tienen garantías de seguridad para volver a sus hogares en Nicaragua.

Mediante un comunicado, el Gobierno hizo ver que el pasado 10 de abril presentó a la ACJD este programa de “retorno voluntario”, el que según menciona, “cuenta con el apoyo y asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quienes solicitarán la cooperación de la Comunidad Internacional”.

Durante los últimos meses de crisis en Nicaragua, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha recibido varias denuncias de familiares de personas que se encontraban exiliadas y que fueron capturadas por la policía cuando regresaban a Nicaragua, debido a las pésimas condiciones que enfrentaban en otros países.