Rafael Lara y Leyla Jarquín
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Roberto Orozco, analista del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas, IEEP, considera que los últimos asaltos a instituciones financieras y empresas, donde se mostró un alto nivel organizativo, se usó uniformes --del Ejército o de la Policía-- y armamento militar, demuestra que en Nicaragua ya el crimen está más organizado y se está alimentando de la experiencia de personal retirado de estas instituciones.

“Efectivamente, hemos dado seguimiento y nos preocupa el alto nivel organizativo. Esta gente, con sus acciones rápidas y efectivas, pertenece al crimen ya organizado. Que tengan acceso a placas y uniformes, no me cabe la menor duda que las bandas estén alimentándose con agentes y oficiales policiales retirados seguramente por corrupción o por sus vínculos con el narcotráfico”, dijo Orozco
Considera que salta a luz pública que, sin duda, se trata de personas con alto grado de conocimiento militar y de sus tácticas, tal como sucedió en el asalto a Petronic.

La información policial detalla que para el asalto utilizaron dos vehículos robados con placas una registrada en Carazo y la otra en Chontales, más un microbús. Los ladrones vestían uniformes de tropas especiales de la Policía Nacional, cubrían sus rostros con pasamontañas y portaban fusiles. Según sus acciones iniciadas con la neutralización de los guardas de seguridad de la institución, evidentemente hubo un estudio previo para realizar el asalto; estaban informados sobre la cantidad de dinero que había, sobre el día de llegada, y sobre dónde buscarlo exactamente.

Autoridades deben ser más exigentes

Para Orozco esto refleja la necesidad, en primer lugar, de mayor vigilancia por parte de la Policía Nacional sobre los diferentes implementos (uniformes, chapas, armas) que entregan a sus oficiales al momento de retirarse o al ser retirados, y lo que sucede con éstos.

Según datos de la Policía Nacional, existe control sobre la cantidad de uniformes que entregan a sus miembros, pero éstos pueden darse como extraviados o inutilizables. Por otra parte, cuando se da de baja a un agente se le retiran todos los elementos.

En segunda instancia, para el analista del IEPP, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía, debería dar seguimiento a los agentes y oficiales que son dados de baja deshonrosa, pues muy pocos pasan por un proceso penal y por lo general, simplemente, sólo se les aplican sanciones administrativas.

Orozco menciona que la Policía registra que de 200 a 250 miembros --entre agentes de línea y oficiales-- son retirados anualmente de la institución.

Por otra parte, mencionó que al IEPP le consta el esfuerzo que la institución policial realiza en la lucha contra la delincuencia, pero la reestructuración presupuestaria de este año, de 69 millones menos, ha sido un duro golpe.

“Mientras, la delincuencia está sobrepasando los niveles, y el uso de armas de fuego está tomando una escala alarmante, ya que hasta la delincuencia común tiene acceso a armas y las obtiene en el comercio legal”, expresó Orozco.

Iglesia pide más presupuesto para seguridad

El vocero de la Curia Arzobispal de Managua, padre Rolando Álvarez, sugirió el fortalecimiento de la Policía Nacional a través de apoyo presupuestario, luego de conocer las declaraciones del jefe del Ejército, general Omar Halleslevens, confirmando que el crimen está más organizado.

Álvarez también apeló a las organizaciones internacionales, para que apoyen programas para garantizar la seguridad ciudadana, “con ayuda concreta a la Policía”, pues según dijo, eso le permitiría a la máxima autoridad de dicha institución “organizar mejor las fuerzas del orden”.

El prelado hizo un llamado a la población a mantener la serenidad, pues aunque reconoció que se viven momentos difíciles generados por la crisis económica mundial, las personas no deben prestarse a realizar acciones delictivas con el afán de resolver sus problemas económicos.