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En diferentes momentos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  condenó la reacción estatal que causó la muerte de al menos 325 personas y más de 2,000 heridos; más de 600 personas detenidas y enjuiciadas por “terroristas”; el despido de más de 300 profesionales de la salud; la expulsión de un centenar de universitarios y el exilio de más de 50,000 nicaragüenses.

Fase 1

Desde el 18 de abril, la CIDH identificó diversos patrones de “violaciones a derechos humanos”, como el uso arbitrario de la fuerza, evidente en el ataque de miembros de la Juventud Sandinista contra estudiantes, miembros de la sociedad civil y otros ciudadanos que se fueron sumando a las protestas contra el Gobierno.

Los grupos de choque actuaron en combinación con la Policía Nacional y parapolicías que dispararon para “disuadir las protestas”.

La negación de atención médica y “obstrucción del trabajo humanitario para ayudar a las personas heridas” en el contexto de los actos de violencia acontecidos en los primeros meses de la crisis también forman parte de esta etapa de la represión.

En este contexto, la CIDH registra detenciones arbitrarias de ciudadanos autoconvocados, violencia y ataques contra periodistas y medios de comunicación, entre otros.

Fase  2

Un mes después de instalado el primer diálogo en el país, la CIDH constata el incremento de la represión en Nicaragua. Se da una ofensiva, en la que usaron armas de guerra contra la población. 

La segunda etapa inicia oficialmente con la denominada operación limpieza, que despliega operativos en diferentes ciudades como Diriá y Diriomo, en Granada; Niquinohomo, Catarina, La Concepción y Monimbó, en Masaya; y San Pedro de Lóvago, en Chontales. Para entonces, este organismo internacional que monitorea la crisis desatada el 18 de abril, contabilizaba un total de 277 muertos. 

“La CIDH lamenta y condena que el Estado haya recurrido a la violencia en lugar de continuar con el diálogo en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis”, manifestó el organismo en un comunicado. 

El ataque a los obispos en Diriamba, la represión a estudiantes en la iglesia Divina Misericordia y el operativo policial en el barrio indígena de Monimbó, en Masaya, son algunos de los hechos violentos de esta etapa.

El ataque a los obispos en Diriamba, en julio de 2018. Óscar Sánchez/END

El Gobierno llamó a esas acciones la operación por la paz. Entre el 9 y el 16 de julio, la CIDH reportó más de 40 casos de secuestros, 9 testimonios de tortura; 3 incendios; 13 personas asesinadas y 31 heridas por armas de fuego.

“Se debe poner fin inmediato a la represión y los ataques en contra de la población manifestante y opositora, así como las detenciones arbitrarias”, manifestó en su momento la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH. 

Fase 3

A partir de agosto de 2018, la CIDH advertía sobre la consolidación de una tercera etapa o fase de la represión en el país.

En este momento empezó la persecución y criminalización selectiva y masiva contra voces disidentes y críticas al Gobierno. Eso incluyó a manifestantes, estudiantes, defensores de derechos humanos, líderes sociales y opositores.

Se violaron los derechos humanos y garantías constitucionales de los detenidos y de sus familias. Se constató que los procesos judiciales fueron bajo cargos “infundados y desproporcionados”; se utilizó de modo generalizado el tipo penal de “terrorismo”; se obstaculizó el trabajo a los abogados defensores. 

El Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua(Meseni), de la CIDH, recibió información de que la Fiscalía utilizó formatos de “acusación preestablecidos” para imputar graves delitos como terrorismo, crimen organizado y otros similares a quienes participaron en las protestas o les dieron apoyo, incluso, a quienes proveyeron asistencia humanitaria, como donaciones de alimentos y medicamentos.

Fase 4

La cuarta etapa de la represión, identificada después de 8 meses de iniciada la crisis, se caracterizó por el incremento de la “agresión y hostigamiento” a periodistas y medios independientes del país, líderes y defensores de derechos humanos y personas opositoras al Gobierno. 

En esta fase de la represión estatal se empezó a restringir la “libertad de expresión, asociación y de reunión”, derechos considerados “esenciales” por la CIDH para el efectivo funcionamiento de una sociedad en democracia.

En este período ocurrió el cierre de las oficinas donde funcionaban los medios Confidencial y Esta Semana, del periodista Carlos Fernando Chamorro; y la ocupación de las instalaciones de 100% Noticias, propiedad de Miguel Mora, quien cumplirá 4 meses de estar en la cárcel, el próximo 21 de abril. 

Entre el 20 de octubre y el 16 de diciembre se habrían reportado 117 atentados contra la libertad de expresión en el país por actos de “agresión, amenazas, intimidaciones, hostigamiento”, entre otros.