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Desde que estalló la crisis sociopolítica el 18 de abril de 2018, al menos 70 periodistas se han exiliado, dos están presos, uno muerto, varios medios de comunicación han sido cerrados y Aduanas retiene insumos clave para la impresión de los periódicos.

Incluso, antes de abril, los periodistas ya habían sufrido represión a través de agresiones y robo de equipos de trabajo, pero luego de la crisis se agudizó y los reporteros de diferentes medios independientes comenzaron a ser amenazados y asediados y víctimas de agresiones que van en aumento, así como los robos de equipos.

El saldo de la represión al periodismo durante la crisis incluye la muerte del comunicador Ángel Gahona, en Bluefields, cuando transmitía en vivo una manifestación antigubernamental en esa ciudad, el 21 de abril; la destrucción de Radio Darío, en León; el cierre de diferentes medios y programas de radio y televisión en diferentes departamentos; el encarcelamiento del director y la jefa de prensa de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, respectivamente; el asalto y ocupación de los bienes de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, propiedad de Carlos Fernando Chamorro y la retención por parte de la Dirección General de Aduanas de materia prima para los periódicos El Nuevo Diario y La Prensa.

Según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, desde abril a diciembre del 2018 se registraron 712 casos de violaciones a la libertad de prensa, representados en intimidaciones, censuras, amenazas y agresiones a la integridad física.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro expuso recientemente ante 16 misiones diplomáticas en Ginebra, Suiza, las restricciones a la libertad de prensa en Nicaragua.

La exposición se desarrolló en el marco de las reuniones previas al Tercer Ciclo de Evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos.

La fundación participó en ese evento en carácter de delegada de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organismo que también ha denunciado la represión gubernamental contra los medios de comunicación en Nicaragua.

“Tuvimos la oportunidad de reunirnos con 16 delegaciones para hablar en torno a la libertad de expresión, tomando como referencia que el próximo 15 de mayo se realizará el Tercer Ciclo de Evaluación del Examen Periódico Universal (EPU)”, explicó Guillermo Medrano, experto en Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

 

Dijo que en los encuentros hicieron saber que desde el 2014 ha habido un retroceso en el país en libertad de expresión, “hay una alta concentración y control de los medios (por parte del Gobierno). Les hicimos saber de la difícil situación del periodismo, hay periodistas que están en el exilio en condiciones difíciles”, destacó Medrano.

Recomendaciones

En los encuentros, la fundación, con base en sus investigaciones, dio a conocer a las misiones diplomáticas acreditadas en Ginebra los temas que a su consideración están afectando a Nicaragua en materia de libertad de prensa y que los sintetiza en tres grandes ejes: ataques contra periodistas independientes y clima de impunidad; censura indirecta y criminalización de la libertad de expresión.

La fundación también presentó una serie de recomendaciones, entre ellas el cese inmediato de toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generada por grupos violentos y parapoliciales en contra de los periodistas, así como las “campañas difamatorias a través de las redes sociales”.

Sugirió también investigar todos los actos de violencia contra medios de comunicación y periodistas, incluyendo el asesinato del comunicador Ángel Gahona y “aplicar toda la ley a los responsables, para evitar un estado de impunidad que lleve a más violencia”.

Recomendó adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de los periodistas, adoptando protocolos de protección. 

Sugirió respetar y cumplir las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los comunicadores y sus familiares.

En relación con la censura indirecta, la fundación recomendó garantizar plenamente el derecho a la comunicación, regresando medios confiscados, como las instalaciones de Confidencial, Esta Semana y el Canal 100% Noticias.

También pide la entrega inmediata del papel y materiales retenidos a El Nuevo Diario y otros medios por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Sobre la “criminalización de la libertad de expresión”, recomendó al Ejecutivo “abstenerse de criminalizar la protesta y quienes participan en ella, garantizar que la repuesta de los cuerpos de seguridad no sean de represión, sino de protección para los periodistas que brindan cobertura”.

Pidió también trabajar con instituciones nacionales e internacionales para buscar un marco apropiado y definitivo que promueva un diálogo respetuoso y tolerante, que conduzca a una solución democrática a la grave crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua.

En panel de la SIP

Cristiana Chamorro, directora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios, participó en el panel “La Nicaragua de Daniel Ortega: Un régimen represivo”, en el marco de la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizado en Cartagena, Colombia el pasado 31 de marzo.

En ese evento, Chamorro mencionó que desde el pasado 18 de abril de 2018 la pareja presidencial (Ortega- Murillo) “ha cometido numerosos crímenes de lesa humanidad nunca antes visto, han criminalizado el poder y atacado a la sociedad” ante lo cual, los nicaragüenses necesitan liberarse de una dictadura de dos cabezas.

Uno de los casos más graves denunciado en la reunión de la SIP es el encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora, director de 100% Noticias, y Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa, desde el pasado 21 de diciembre de 2018.

Acuerdo sin cumplir 

El pasado 29 de marzo, el Gobierno se comprometió a destrabar los materiales en la Aduana y devolver los bienes de los medios de comunicación independientes “afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018 a fin de lograr la devolución de estos bienes”, pero a la fecha sigue sin cumplir.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este mes su “grave preocupación” por la persistencia de actos de represión en el país pese a que hay una negociación para tratar de resolver la crisis sociopolítica.

La comisión se mostró preocupada por el último ataque registrado contra reporteros gráficos y periodistas que daban cobertura a una convocatoria organizada por la Unidad Nacional Azul y Blanco.