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Todo comenzó en León, la ciudad universitaria. Un grupo de jóvenes y adultos mayores protestaron contra las reformas al sistema de pensiones, que establecían aumentar el aporte de trabajadores y empleadores, reducir 5% a las pensiones, entre otras medidas que pretendían salvar de la quiebra al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Ese día, en horas de la mañana, se registraron los primeros incidentes que reflejaban la represión gubernamental. Los ancianos que protestaron en León fueron agredidos por grupos identificados como simpatizantes del Frente Sandinista.

Los manifestantes solo exigían que se respetaran las pensiones de vejez, particularmente, que no se les quitara el 5% de su renta.

Los videos de la agresión de los ancianos de León se hicieron virales y en respuesta se dio la convocatoria a un plantón en la Plaza Camino de Oriente, en Managua.

Los manifestantes fueron llegando uno a uno a Camino de Oriente, a eso de las 4:00 p.m. ya había un grupo con pancartas y banderas azul y blanco, sin saber, que minutos después se convertirían también en víctimas de la violencia policial y de las turbas progobierno.

Los manifestantes no tenían ni una hora de estar en la plaza cuando grupos de choque sandinista empezaron a rodear el lugar. Los sujetos iban a bordo de motocicletas, muchos no se quitaron los cascos, otros usaban camisetas que los identificaban como miembros de la Juventud Sandinista y andaban armados con tubos, piedras y bates.

El acoso de los grupos de choque comenzó con insultos para los manifestantes que insistían en exigir la derogación de las reformas a la seguridad social, pero al ver que los manifestantes continuaban con sus demandas sin caer en la provocación se acercaron y empezaron a golpearlos.

Policías antimotines capturan a un joven en las inmediaciones de la UNI. Óscar Sánchez/END

El grupo de manifestantes fue creciendo y los grupos de choque empezaron a lanzar piedras, todo a la vista de agentes de tránsito de la Policía, quienes posteriormente se unieron a los civiles progobierno, junto a otros agentes antidisturbios.

Las agresiones en Camino de Oriente dejaron a manifestantes y periodistas lesionados y robados. Uno de los primeros periodistas en ser golpeado por grupos claramente identificados como parte de la Juventud Sandinista, fue Julio López, del programa radial Onda Local.

López transmitía en vivo la agresión a los manifestantes cuando los sujetos, armados de bates, piedras y tubos, a vista y paciencia de la Policía le hirieron la cabeza, dejándolo inconsciente y con pérdida de memoria temporal.

Entre los manifestantes agredidos estaba Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), quien también resultó con una herida en la cabeza. Cabe mencionar que, meses más tarde, la organización dirigida por Quirós se quedó sin  personería jurídica por decisión de la Asamblea Nacional, además, fue expulsada de Nicaragua y, actualmente, vive en Costa Rica.

Luego de ser golpeados, pateados, robados e insultados los manifestantes buscaron refugio en los comercios de la plaza, mismos que fueron destruidos por los grupos de choque.

Manifestante herido cerca de la catedral de Managua. Óscar Sánchez/ENDOtro de los grupos de protestantes se desplegó hacia la rotonda Centroamérica hasta llegar a la Universidad Centroamericana, porque agentes de la Policía y grupos de choque los obligaban a replegarse.

Parte de los manifestantes llegaron a las inmediaciones de Universidad Centroamericana, a seguir su protesta, sin embargo, hasta ese lugar fueron seguidos por los grupos de choque que a punta de pedradas los obligaron a refugiarse dentro de las instalaciones del alma mater.

La fachada de la UCA fue destruida por las piedras que eran lanzadas por los grupos progobierno. Algunos estudiantes tuvieron que ser evacuados en vehículos de amigos y familiares porque las fuerzas represivas continuaban asediando el lugar.

ERA SOLO EL INICIO

La represión gubernamental del 18 de abril solo marcó la pauta de los próximos meses de protestas. Los actos represivos empeoraron para quienes se tomaron las calles de Nicaragua y las agresiones escalaron en el encarcelamiento y asesinato de manifestantes.

Los primeros ciudadanos que murieron en el contexto de las protestas sociales, 24 horas después de la primera protesta contra la seguridad social, fueron Richard Pavón y Darwin Urbina; estudiante de quinto año de secundaria y trabajador de un supermercado, respectivamente. También murió el policía Hilton Manzanares.

Desde entonces las muertes han escalado y miles de nicaragüenses han resultado heridos. Menores de edad como Álvaro Conrado y Tayler Lorio; de 15 años y 14 meses, respectivamente, son parte de las más de 300 víctimas mortales que dejó la represión gubernamental, según reportes de defensores de derechos humanos.

Concentración en la catedral de Managua, donde se organizó una misa campal. Óscar/Sánchez/ENDAsimismo,  más de 700 nicaragüenses han sido encarcelados por ejercer su derecho a manifestarse, según los reportes del Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos. Dos periodistas; Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, también fueron criminalizados por ejercer su derecho a informar.

En todo un año de protestas se han registrado saqueos y cierres de negocios que son propiedad de personas que no comporten las políticas gubernamentales, tomas ilegales de tierra por precaristas, persecución de toda la disidencia, miles de detenciones ilegales, robos de equipos de medios de comunicación, migración de miles de nicaragüenses, cierre de medios de comunicación independientes, cancelación de 9 personerías jurídicas de organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientales y sociales.

Sin embargo, también el Gobierno ha tenido que enfrentar las consecuencias, una serie de sanciones internacionales contra funcionarios establece acusaciones de cometer graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.

Después de un año, la disidencia no deja de luchar por libertades, derechos, justicia, libertad de todos los presos y la democratización, como lo demuestran los plantones y manifestaciones reiniciadas desde marzo.

A finales de febrero el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia restablecieron el diálogo, firmando acuerdos que el Estado aún no cumple: el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías constitucionales y libertad de todos los presos políticos.

Otras demandas pendientes son la justicia para todos los asesinados en el marco de las protestas y elecciones adelantadas y transparentes.