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A un año de las protestas ciudadanas, la única organización de derechos humanos que mantiene oficinas activas en Nicaragua es la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Sin embargo, su director, Marcos Carmona, dice que no están exentos de ataques, agresiones y acoso de motorizados.

“Por hacer su labor constando los hechos, cuatro de nuestros promotores fueron encarcelados, cuatro fueron declarados con responsabilidad penal y dos de ellos continúan con condenas de 10 años de cárcel por algo que no cometieron”, afirmó. También, la promotora voluntaria Ana Cecilia Hooker fue apresada por alzar la bandera azul y blanco y cantar el Himno Nacional en una calle del municipio de Somoto.

“A mi hija la golpearon, a mí me han amenazado. En varias ocasiones nos advirtieron que la policía nos caería y suspendimos actividades en espera de que vinieran por nosotros”, aseguró Carmona, agregando que dadas las circunstancias todos los archivos están en un lugar seguro.

Después de décadas laborando, organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos (ANPDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la CPDH comenzaron a ser acosadas, amenazadas y a trabajar bajo permanente asedio.

La ANPDH fue la primera organización de derechos humanos en cerrar sus puertas el 5 de agosto de 2018. Fue una decisión que se consideraba temporal, pero hasta hoy las amenazas se mantienen.

El 31 agosto de 2018, el Gobierno también dio por concluida la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que estaba investigando la situación del país desde el 24 de junio.

El 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional anuló la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), después de casi tres décadas trabajando en esta área, las autoridades alegaron que se había prestado a actividades que no correspondían a los fines para los que había sido creado y la acusó de colaborar en supuestos planes para derrocar al Gobierno.

Para la presidenta del Cenidh, la doctora Vilma Núñez, el 2018 fue uno de los peores años por los que han atravesado los defensores y organizaciones de derechos humanos en Nicaragua.

Núñez señaló que las organizaciones de derechos humanos y su accionar no son del agrado gubernamental, por eso redujo a estas organizaciones, dando por “concluida” en diciembre de 2018 la actividad de las dos instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como eran el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fueron la base para los informes que dejaron en evidencia las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, presentados ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Gobierno a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Managua, además de dar por concluida la presencia del Meseni, también formalmente comunicó la “expiración del plazo, objetivos y misión” del GIEI que permanecía en Nicaragua, quienes en reiteradas ocasiones han solicitado su reingreso a Nicaragua, sin tener respuesta.

Núñez señaló que desde el 2007, defender derechos humanos resultó una actividad más difícil en Nicaragua porque “es enfrentarse permanentemente al poder que los viola. Por lo tanto, siempre van a encontrar a las organizaciones auténticas en la acera de enfrente. La situación de hostigamiento, obstaculización del trabajo, exclusión e incluso de campañas de calumnias y amenazas permanente a través de medios de comunicación del Gobierno no fue una cosa que inició el 18 de abril.

Definitivamente ya existía esta campaña gubernamental”, dijo Núñez, cuya vivienda en León fue manchada con pintas amenazantes por parte de miembros del partido sandinista. La denuncia fue interpuesta en la policía, pero nunca hubo una investigación.

La presidenta del Cenidh señaló que posteriormente comenzaron señalamientos y amenazas contra otros miembros de la organización. Por esto, todo el personal del Cenidh estaba bajo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Vilma Núñez. Archivo/END

“En Nicaragua se dio la destrucción de la democracia con la instrumentalización de las instituciones. Ante la situación, que comenzó el 18 de abril, nos dimos cuenta que esto nos iba a rebasar y (por la magnitud de la situación) decidimos dedicarnos solo al tema de las protestas y la represión”, dijo Núñez, destacando que durante ocho meses el Cenidh logró hacer cinco informes sobre la grave situación de los derechos humanos, definiendo las diferentes etapas de la represión.

Con la intervención del Cenidh y el despojo de sus instalaciones, el grupo de abogados de la organización se vio vulnerado con la campaña de desprestigio y acusaciones desarrolladas por los medios de comunicación del Gobierno y sus afines.

Considerando los riesgos que esto representó, parte de ellos decidió buscar refugio en Costa Rica. El doctor Gonzalo Carrión, quien desde 1993 formó parte del área de asesoría legal, destacó que el asedio y las amenazas resultaron determinantes para tomar la decisión de salir del país.

“A mis 58 años me tocó esto. Había toda una campaña en nuestra contra y era cuestión de tiempo que fueran por nosotros. Incluso, nos responsabilizaban por el incendio a la casa del barrio Carlos Marx, cuando hay videos” donde se muestra claramente a policías y parapolicías, alegó Carrión, en Costa Rica, junto a sus antiguos compañeros del Cenidh.

El 18 de febrero, activistas formaron en Costa Rica el colectivo “Nicaragua nunca más”. El abogado comenta que este grupo nació con la llegada no planificada de miles de nicaragüenses, cuando llegaron más, nació la idea de seguir promoviendo los derechos humanos a favor de la población nicaragüense, ahora, además de Carrión, participan Juan Carlos Arce, Braulio Abarca, Salvador Lulio y Wendy Flores.

“La gente que nos conocía, nos buscaba y preguntaban qué hacer frente a la persecución y amenazas que siguen sufriendo. Nuestro papel es un compromiso con los derechos humanos de los nicaragüenses y nos animamos a documentar la situación que los obligó a prácticamente huir. Este es un desafío y nuestra contribución para la construcción de la memoria para la verdad, la justicia, sin impunidad, reparación de daños y no repetición”, dijo Carrión.

CPDH: cárcel, golpes y amenazas

El director de la CPDH, Marcos Carmona, indicó que en el caso de su personería jurídica, ellos tienen actualizada su junta directiva y entregaron los informes financieros, entre otros requisitos que demanda el Ministerio de Gobernación, sin embargo, la dirección de registro de organismos sin fines de lucro no ha entregado la certificación.

“Hace un año, nuestro personal era mucho menor con un pequeño equipo jurídico, el cual tuvo que crecer con la demanda de atenciones sobrepasando las 100 denuncias en un día (la cantidad de denuncias en 2018 incrementó 400% en comparación con el año anterior). La CPDH este 20 de abril cumplió 42 años sirviendo a la población sin distingos políticos, de raza o religión. La defensa de los derechos humanos es un compromiso y llegaremos hasta las últimas consecuencias”, aseguró Carmona y recordó que aparte de ellos, solo existe la Procuraduría de los Derechos Humanos, que igual a las otras instituciones estatales, no tienen independencia.