•   Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Web

El 22 de abril del año pasado, Nicaragua estuvo marcada por una serie de hechos que incluyó la revocación de las reformas al seguro social, los saqueos masivos en establecimientos comerciales y la muerte de 10 personas en el contexto de la más violenta represión ejercida por la Policía Nacional y grupos parapoliciales.

Era el quinto día de protestas. Ese día cerró con un saldo fatal acumulado de 54 personas fallecidas. 

En unos meses, el número incrementaría a 325 víctimas fatales y otras 2,000 personas que resultaron heridas, según cifras de organismos internacionales. 

A pesar que ese 22 de abril el Gobierno mandó a derogar el decreto presidencial número 03-2018 del pasado 16 de abril, que ordenaba una serie de reformas a la Ley de Seguridad Social, que dio origen a la peor crisis de derechos humanos en el país, las protestas ya se habían extendido en gran parte del territorio nacional. 

Para el líder estudiantil Max Jerez, miembro titular del equipo negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la revocación de ese decreto, el Gobierno reconoció que se había tomado una decisión de forma unilateral y eso desencadenó la reacción de todo un pueblo. 

“La indignación del pueblo ante los muertos, ante la represión, ante lo que habíamos vivido en tan pocos días fue imparable”, apuntó Jerez. 

Dijo que el Gobierno trató con esta acción de detener la lucha del pueblo que se venía manifestando y pretendía que a través de eso se olvidara lo que habíamos visto; los asesinados, las turbas, el actuar de un régimen criminal, pero no resultó”. 

Una buena parte de la población se sumó a las protestas, no solo por el descontento que causó la referida reforma al seguro social, sino que posteriormente empezaron a pedir la salida del Gobierno, exigiendo el adelanto de elecciones presidenciales. 

Solo ese día, en distintas partes de Managua, al menos 10 personas perdieron la vida en los diferentes hechos ocurridos. 

Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), todas estas muertes tuvieron un mismo denominador en común. Las víctimas fueron impactadas por un proyectil de arma de fuego y en muchos de los casos, los familiares tuvieron que firmar “actas de desistimiento” ante la policía para no proceder con la denuncia del caso. 

“Fue impactado por al menos un disparo de arma de fuego en la cabeza…”, “en ese contexto recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza…”, “…fue impactado por un disparo de arma de fuego durante los disturbios que se estaban produciendo en el mercadito de Ciudad Sandino”, “…los disparos habrían provenido de policías que se trasladaban en motocicletas realizando ráfagas de disparos…”, señalaron los testigos al grupo de investigadores del GIEI. 

Los saqueos

Dos de las víctimas de ese día fueron Ismael José Pérez Vílchez y Jesner Josué Rivas, de 32 y 16 años, respectivamente. Ambos fallecieron en el contexto del saqueo ocurrido en un supermercado, ubicado en el barrio La Fuente, el 22 de abril de 2018. 

De los saqueos ocurridos ese día hasta el momento no hay una explicación certera acerca de cómo se organizaron esas acciones. 

“Su simultaneidad (de los saqueos) indica que no fueron acciones espontáneas de robo, sino que hubo una decisión centralizada de llevarlos a cabo”, señaló en su informe el GIEI.

Ese día, Pérez Vílchez --quien había procreado dos hijos-- en medio del conflicto en ese supermercado, quedó expuesto frente a un grupo de policías que disparaban, señala el informe del GIEI. “Su cara quedó destrozada”.

Mientras tanto, en el caso de Jesner Josué, los hechos son similares, pues fue impactado por un proyectil de arma de fuego en la zona del cuello que provino del área donde estaban apostados varios policías, indican las investigaciones del GIEI.  

En esos días, el presidente Ortega dirigió un discurso, en el que acusaba a grupos de pandillas por el caos que estaba viviéndose en el país. 

“Cuando incorporan a estos miembros de pandillas, entonces están totalmente criminalizando la protesta y están poniendo en riesgo a los mismos muchachos que con buenas intenciones llegaron a la protesta, ¿por qué?, porque desgraciadamente las pandillas son una expresión en el mundo, de grados de descomposición que se dan en la sociedad”, refirió Ortega en ese momento. 

Para Jerez, en muchas ocasiones, el Gobierno trató de desvirtuar la lucha que desde un 18 de abril emprendió el pueblo nicaragüense. 

“Se dio una serie de tácticas con las que se pretendía desvirtuar la lucha del pueblo, una lucha que se realizó por tener justicia, para pedir justicia por quienes ya habían perdido la vida, pero también por tener la libertad que durante tanto tiempo nos habían quitado al pueblo nicaragüense”, señaló Jerez. 

Estocada final

Diez meses después, el Gobierno le dio nuevamente una estocada al pueblo, al aprobar una reforma al reglamento de la Ley del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que reduce las pensiones de los jubilados e incrementa los aportes de los trabajadores y las empresas. 

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) introdujo un recurso de amparo contra el decreto presidencial 06-2019 dictado por el Gobierno en relación a las reformas, las mismas reformas que hace un año despertaron a un pueblo que actualmente clama justicia y pide libertad por los manifestantes detenidos.