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La excarcelada Yolanda Sánchez no tenía ni 10 minutos de haber despedido a unos familiares que la visitaron, cuando un oficial de policía irrumpió en su vivienda. El agente, que lucía apresurado, le preguntó quiénes eran esas personas y por qué las recibió.

Sánchez tenía una semana de haber sido excarcelada bajo la figura jurídica de arresto domiciliar y la visita del oficial la tomó por sorpresa. Pese a la intromisión, la joven mantuvo la compostura y dijo que eran parientes.

El oficial la amenazó con que si salía de su casa, un vecino le tomaría fotografías y luego la enviaría al jefe de sector (policía) para que este procediera a detenerla y trasladarla de regreso a la cárcel.

Sánchez ha acatado el régimen que le impusieron y semanas después ha observado cómo esa advertencia no fue en vano. Primero, estacionaban patrullas frente a su casa y escuchaba motores de motocicletas encendidos. 

Ahora se conoce de otros excarcelados que sufren asedio y hasta encierro. Aunque los casos se han presentado en distintos momentos, muestran un patrón similar y se debe a la activa participación de parapolicías y vecinos.

Las siguen

Lo que sucedió con Nelly Roque y Solange Centeno en la ciudad de Matagalpa, al norte del país, es un ejemplo de ello. Roque comentó a El Nuevo Diario que un vecino la acusó ante las autoridades por amenazas y por esa denuncia fue a parar a los juzgados.

Tras ser excarcelada, ese vecino, según contó Roque, la vigila permanentemente. En esa labor tendría el apoyo de otras personas. 

En Semana Santa, Roque y Solange participaron en una actividad religiosa.

Al culminar el evento, Roque se percató que el vecino le tomaba fotografías, por lo que decidió junto a la también excarcelada Centeno ingresar a un supermercado.

Después de varios minutos, notaron que al menos seis parapolicías las esperaban, así que optaron por permanecer más tiempo.

Pero sucedió que agentes de policía ingresaron al negocio y les pidieron su identificación. 

Para Roque, lo que seguramente sucedió es que los vecinos las vieron salir. Después estos informaron a parapolicías para que la siguieran en la calle y al verlas entrar al negocio, llamaron a la Policía para que estos se encargaran de amedrentarlas.

No obstante, las jóvenes, al verse rodeadas por oficiales, preguntaron a otros clientes si la policía estaba pidiéndoles su identificación. Transmitieron también en tiempo real, por celular, lo que estaba ocurriendo. Al ser notorio el asedio, no las arrestaron.

Los recién excarcelados Fredrych Castillo Huete y Joe Luis Aparicio Solórzano, no corrieron con la misma suerte de las jóvenes. El pasado viernes, cuando se dirigían junto a Pedro Sánchez a una comidería cerca de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) una patrulla les dio persecución.

Cárcel La Modelo. Archivo/END

Sánchez contó en su cuenta de Facebook, que se dispersaron mientras corrían y que no lo capturaron porque se escondió en una zanja. Pero, sus amigos terminaron en el distrito VII de Policía. Dos días después los liberaron.

Los secretarios políticos

Los familiares de Castillo aseguraron que el joven, quien estuvo atrincherado en la UNAN-Managua, es asediado constantemente en Estelí y que al salir con sus amigos de esa ciudad, la policía lo vigila y lo busca.

Dijeron que su pariente tenía pocos días de haber viajado a Managua para visitar a la novia y que era evidente que un vecino informaba sus movimientos. 

Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explicó que tienen conocimiento de la participación de vecinos de algunos manifestantes excarcelados en las tareas de vigilancia.

Según el activista de derechos humanos, la información que manejan es que la gente les toma fotografías o videos y luego informan al secretario político del barrio lo que recabaron.

“Es que ellos no están libres. Siempre están vigilados, las motos pasan a cada momento por sus casas y los policías llegan a verificar si están en sus viviendas”, indicó Cuevas.

El funcionario de la CPDH expresó que en esta labor hasta empleados gubernamentales se suman y en ocasiones el asedio se ha ampliado hasta familiares de los manifestantes.

“Los CLS (Comités de Liderazgo Sandinista) que les dicen, según nos han comentado, se encargan de vigilar. Y ya no es solo a los manifestantes, sino a la familia, están pendientes de todo”, afirmó Cuevas.

Eymi Román, quien es parte del Comité Pro Liberación de los Presos de Nicaragua, cuenta que el patrón que han observado con los excarcelados, es que siempre hay un vecino, parapolicías y policías actuando en esas tareas.

Nuevas acusaciones

Daniel Esquivel, también del Comité Pro Liberación Presos, dijo que ahora el nuevo método que implementan las autoridades, además de vigilar y asediar, es fabricar nuevas acusaciones contra los excarcelados.

“Están tratando de justificar lo injustificable. Los vigilan y los agarran cerca de sus casas y les inventan cosas. Esa es la gran idea que se les ocurrió para amedrantar e intimidar”, indicó Esquivel.

Señaló que a algunos excarcelados, tras encerrarlos por horas, los liberan, pero le suman acusaciones a las que ya poseen. Dijo que tienen conocimiento que a algunos los han señalado de haber hecho amenazas de muerte, posesión de drogas y hasta tener bombas de mecate.

Verónica Nieto, del equipo de abogados de la CPDH, confirmó que efectivamente las autoridades han señalado a algunos manifestantes de haber incurrido en faltas y delitos, pero que estas son inventadas, al igual que los juicios y acusaciones que les han hecho enfrentar en los juzgados.

Nieto aseguró que los excarcelados que en las últimas semanas han sido detenidos, no han incumplido con los regímenes que las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional les otorgaron.

“A la mayoría los han detenido cerca de su casa; por ejemplo, Castillo (Frederick) iba a comprar comida y le dieron persecución”, manifestó la abogada.

Pablo Cuevas considera posible que las autoridades estén utilizando infiltrados para detener a los opositores y citó como ejemplo una denuncia que hizo hace semanas el excarcelado Eyner López Espinoza, quien aseguró que la Policía tras detenerlo, le ofreció que fungiera como infiltrado en los piquetes que había convocado la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).