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El Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) recomendó que se “degrade” a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de Nicaragua a clase “B”, debido a la falta de “cumplimiento de los Principios de París”.

Los motivos por los que el Subcomité ha recomendado que la PDDH sea degradada de la clase “A” a la clase “B”, son la “falta de independencia” y cómo han abordado las violaciones de derechos humanos.

La Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) es el órgano internacional que promueve la creación y el fortalecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos, según los Principios de París.

El GANHRI otorga una acreditación a las instituciones nacionales de derechos humanos, de acuerdo con el cumplimiento de los Principios de París.

Estos principios fueron elaborados en el primer taller internacional de instituciones nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, celebrado en París, del 7 al 9 de octubre de 1991 y fueron adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Martha Jackson-Eade, encargada de incidencia de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) explicó que los miembros que se encuentran en la categoría “A” tienen el derecho de votar en las asambleas de GANHRI y también pueden participar en los espacios de la ONU como oradores, pero los de clase “B” pierden los beneficios anteriores.

La categoría “B” de acreditaciones es otorgada, según los estatutos de GANHRI a instituciones nacionales de derechos humanos que están “parcialmente cumpliendo con los Principios de París”.

En noviembre de 2016 y noviembre de 2017, según el informe, el Subcomité ya empezaba a extender sus preocupaciones frente al cumplimiento de los Principios de París en la PDDH de Nicaragua, por lo que decidió aplazar la consideración de renovación de la acreditación de la PDDH, dando un plazo de 1 año para que se les hiciera llegar documentos que probaran el cumplimiento de los mismos.

La encargada de incidencia de RIDH indicó que la decisión del Subcomité, publicada en el informe, “confirma la falta de independencia progresiva” en la PDDH, además de “ratificar” el proceso que empezó en marzo de 2018 para degradar a la PDDH a la categoría “B”, pues se le había dado un plazo de 1 año para presentar documentos que probaran el cumplimiento de los Principios de París.

Sin independencia

Sin embargo, los resultados de las revisiones a los documentos presentados por la Procuraduría han hecho concluir al Subcomité que “el contenido de esos documentos es insuficiente como evidencia de que la PDDH haya intervenido activamente en la realización de evaluaciones críticas sobre la situación de los derechos humanos en el país (Nicaragua)”.

Agrega que la PDDH no ha “abordado adecuadamente el fondo de las preocupaciones del Comité”, enfocadas en el tema de independencia y defensa de derechos humanos, por lo que aseguran que “sigue actuando en contravención de los requisitos de los Principios de París”.

El Subcomité también señaló que la declaración realizada por la PDDH durante el 40º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, extendió distintas “opiniones que parecen apoyar las posiciones del Gobierno y contradicen la información pública creíble” sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

Es por ello que el Subcomité valoró que la PDDH continúa “sin desempeñar su mandato de una manera que promueva el respeto por los derechos humanos, en respuesta a denuncias creíbles de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas las cometidas por las autoridades”.

Por lo cual, en el informe se alentó a la PDDH a que promueva y proteja “los derechos humanos de una manera independiente, garantizando el respeto de todos los derechos humanos, los principios democráticos y el fortalecimiento del estado de derecho en todas las circunstancias y sin excepción”. 

Además, recordó a la Procuraduría de Nicaragua que en casos de “inminentes violaciones de los derechos humanos”, lo que se espera es que las instituciones nacionales de derechos humanos se comporten “con un elevado grado de vigilancia e independencia”.

También indicó que no solo se espera que supervisen, investiguen e informen sobre la situación de los derechos humanos en el país, sino que emprendan actividades de “seguimiento rigurosas y sistemáticas que promuevan y aboguen por la implementación de sus recomendaciones y conclusiones, y la protección de aquellas personas cuyos derechos se ha demostrado que se han violado”.