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  • EFE

Un grupo de organizaciones no gubernamentales internacionales exigieron este miércoles al Gobierno de Nicaragua, garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y permitir el retorno de los mecanismos internacionales de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

“12 meses después del inicio de las multitudinarias movilizaciones ciudadanas en Nicaragua a favor de la justicia, libertad y democracia, organizaciones internacionales denunciamos que el país sigue inmerso en una grave crisis política y social, que afecta gravemente a la garantía y cumplimiento de los derechos humanos”, indica un comunicado de las organizaciones.

El texto está firmado por Cejil, Due Process of Law Foundation, Front Line Defenders, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Institute on Race, Equality and Human Rights, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Oxfam, Plataforma Internacional Contra la Impunidad y Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala.

El texto, distribuido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), señala además que ha habido una “falta de compromiso del Estado” para cumplir con sus obligaciones internacionales y que sigue reprimiendo a sus críticos.

Lamentaron que este abril se cumpliera un año de la crisis sociopolítica de Nicaragua que ha causado graves violaciones a los derechos humanos.

Lamentan represión 

“Las organizaciones firmantes lamentamos que el Estado de Nicaragua continúe reprimiendo a las personas que se manifiestan pacíficamente, a las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación o cualquier otro grupo social que demande justicia y democracia”, añade el comunicado.

Las nueve organizaciones firmantes del documento demandaron al Gobierno de “el cese a la represión y criminalización de la protesta social” para “poner fin al estado de excepción ‘de facto’ que vive el país”. 

También exigieron la “liberación total y expedita de todas las personas presas por motivos políticos, incluyendo la anulación de cualquier proceso en su contra” y que el Gobierno “se abstenga de hostigar o vigilar a las personas que sean liberadas”.

Las organizaciones también urgieron la libertad de manifestación y reunión pacífica de la población nicaragüense, la restitución de la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil a las que les fue cancelada, así como la devolución de bienes y propiedades que les fueron confiscadas.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.