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La delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Nicaragua dijo que ya llegó a un acuerdo con el Gobierno para que la reforma electoral abarque más de lo que dice el memorándum de entendimiento, suscrito por las autoridades nicaragüenses y la OEA en febrero de 2017, revela el doctor Carlos Tünnermann, negociador por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

A mediados del próximo año, el país podría estar inmerso en  un proceso de elecciones presidenciales adelantadas, advierte Tünnermann en esta entrevista con El Nuevo Diario. 

¿Qué dejó la reunión con Cristóbal Fernández?

Nosotros le dimos nuestra aprobación al programa de trabajo para hacer las reformas electorales que nos presentaron. Ellos (los delegados de la OEA) primero tenían que tener el acuerdo de las dos partes, es decir, el visto bueno de la Alianza Cívica y del Gobierno, para iniciar gestiones para conseguir el financiamiento y contratar a los expertos internacionales y nacionales que van a trabajar en la propuesta de reformas electorales. Ellos establecieron claramente que la idea es constituir un grupo de expertos que van a ser coordinados por Cristóbal Fernández, que está al frente de la Dirección de Cooperación y Observación Electoral de la OEA. Fernández será el coordinador. La Alianza y el Gobierno dimos el consentimiento para que gestionen el financiamiento. Dijeron que esperan que una vez conseguido el financiamiento, poner en marcha el calendario de trabajo y que en 6 meses puedan tener lista ya la propuesta de reformas electorales.

¿Cuándo comenzarían a correr esos 6 meses?

Tan pronto como ellos consigan el financiamiento. La OEA no tiene el dinero para contratar a esos expertos, tiene que gestionarlo; para eso necesitaba que en la mesa de negociación entre la Alianza y el Gobierno dieran el visto bueno a la propuesta del programa de trabajo que presentaron, nosotros les dimos el visto bueno.

¿Ese financiamiento a cuánto asciende? 

No hablaron de sumas, ese es un asunto que ellos definirán estableciendo sus costos para recurrir a posibles países donantes que tengan interés. El propósito de ellos, y lo dijeron claramente, es que al final de su trabajo pueda haber una reforma electoral que le garantice al pueblo de Nicaragua elecciones justas, libres y transparentes y es un propósito compartido por la Alianza Cívica.

¿Se podrán hacer elecciones adelantadas? 

El Gobierno dijo en esa reunión (con Fernández) que adelantaba su posición que no es discutible el adelanto de las elecciones, pero la Alianza expresó que demanda elecciones anticipadas. Así como el Gobierno dice que no se puede discutir el adelanto de las elecciones y estas deben ser hasta en el año 2021, la Alianza Cívica reiteró ante Cristóbal Fernández que en la agenda de la Alianza está el adelanto de las elecciones, porque ese es un clamor nacional. Los nicaragüenses quieren un anticipo de las elecciones.

Carlos Tünnermann Bernheim, representante de la Alianza Cívica. Óscar Sánchez/END

En base al calendario de 6 meses de trabajo del equipo de la oea, ¿cuándo serían esas elecciones adelantadas?

Una vez que se conozca el proyecto o propuesta de reformas electorales, este proyecto tendrá que pasar a la Asamblea Nacional y el Gobierno debe tener el compromiso para aprobarlas; luego podrían transcurrir unos 6 meses más para que los partidos se organicen y hagan sus campañas. Entonces, diría que a mediados del año 2020 puede haber ya un proceso electoral, hacia julio o agosto del 2020.

¿Dieron detalles de cuáles pueden ser las reformas? 

No. Presentaron nada más el programa de trabajo, pero no adelantaron cuáles son las propuestas de reformas. Hablaron de la necesidad de la reforma a la Ley Electoral, de asesoramiento al Consejo Supremo Electoral (CSE), de cooperación para mejorar la logística y la tecnología que usa el CSE para los procesos electorales. Solo mencionaron los grandes rubros, lo que está en el convenio de la OEA con el Gobierno, firmado desde febrero de 2017. Dijeron que ellos, para hacer el estudio sobre propuesta de reformas van a tener en cuenta las recomendaciones que figuran en el informe final que presentó la Misión de Observación electoral que vino al país y fue presidida por el doctor Wilfredo Penco, quien estuvo en Nicaragua para las elecciones municipales de 2017.

¿Y les pareció suficiente a ustedes? 

Nosotros hicimos ver que esos elementos técnicos no son los únicos que habrá que abordar, pero ellos dijeron que ya llegaron a un acuerdo con el Gobierno, en el sentido de que la reforma electoral tiene que ir más allá de lo que dice el memorándum de entendimiento firmado por el Gobierno y la OEA en febrero de 2017.

Además, les hicimos ver que en esas recomendaciones finales de la Misión de Observación que encabezó Wilfredo Penco en 2017, hay serios cuestionamientos a la imparcialidad del Consejo Supremo Electoral. Sabemos de la necesidad de una auditoría del padrón electoral y mejoramiento del sistema de cedulación. Nosotros tenemos toda una propuesta integral de reformas y se requiere el cambio del CSE, eligiendo magistrados con reconocida honorabilidad y que den garantías para lograr el objetivo final, que la misma OEA lo está diciendo, que el pueblo nicaragüense tenga la posibilidad de tener elecciones justas, transparentes y objetivas.

En la mesa de negociación, cuando lleguemos al tema de la democratización y la reforma electoral, ahí nosotros vamos a insistir sobre la necesidad de una reestructuración de todo el poder electoral. Los tres ejes fundamentales del trabajo nuestro en la mesa de negociación son: liberación de los presos y personas detenidas, la restitución de los derechos relacionados con las libertades ciudadanas que garantiza la Constitución Política, la justicia, que implica verdad, una comisión de la verdad y la reparación para las familias de las víctimas.

¿Está ganando tiempo el gobierno en estos momentos?

No, porque para eso hay testigos y acompañantes internacionales. El nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y Luis Ángel Rosadilla, representante personal del señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, hacen esfuerzos para poder avanzar. Ellos son también garantes internacionales del acuerdo para la liberación de los presos. En virtud de las facultades que se les ha concedido en la mesa de negociación, ellos están promoviendo gestiones encaminadas a lograr que el Gobierno proceda con el cumplimiento de los acuerdos firmados hasta el momento. Para reintegrarnos a la mesa de negociación, necesitamos que el Gobierno dé muestras de que está cumpliendo. La Alianza no se ha retirado del diálogo, ni ha dejado la mesa de negociación.

Lo que se ha decidido es esperar a que el Gobierno cumpla los acuerdos que firmó, exigir que lo haga para luego seguir avanzando en los otros temas de agenda. El Gobierno ha estado haciendo ese papel de presentarse al Incae a las 10:00 a.m., pero ir a la puerta del Incae (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas) a dar declaraciones no significa que esté cumpliendo, eso simplemente es un gesto que no conduce a nada.

El Gobierno no demuestra nada con ir a la puerta del Incae, eso es solo un gesto propagandístico, mediático para llamar la atención. Todos los días lo repiten, que tienen la voluntad de cumplir con los acuerdos, entonces que comiencen a cumplir. En todo el tiempo dedicado a las conversaciones se han firmado dos acuerdos bien importantes: El acuerdo sobre derechos y garantías de los ciudadanos, que recoge las garantías constitucionales que permiten el ejercicio de una serie de derechos y el Gobierno tiene el compromiso de cumplirlos. El otro acuerdo importante es el que indica la liberación de las personas presas.

A pesar de que se ha conciliado una lista de 232 personas, el Comité Internacional de la Cruz Roja es el organismo encargado de participar como facilitador de ese proceso y los testigos y acompañantes son garantes del cumplimiento de este acuerdo.

La Alianza ha pedido que no se tenga que esperar el vencimiento del plazo de 90 días, que inició el 20 de marzo, para que el Gobierno proceda a liberar a personas detenidas por los acontecimientos del 18 de abril del año pasado; que no espere más para anular esos juicios y entregar la carta de libertad a los que salgan liberados. Este acuerdo entró en vigencia de manera inmediata, pero el Gobierno aún no procede a cumplirlo.