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José Pallais, representante de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia (ACJD) denunció en la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americano (OEA) que el gobierno de Nicaragua ha incumplido su obligación de asegurar la democracia en el país y aseguró que la voluntad del pueblo es muy clara, “democracia, libertad y justicia”.

El Nuevo Diario comparte una transcripción íntegra del informe brindado por José Pallais ante el Consejo Permanente de la OEA.

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Hoy hablaremos de la negociación como mecanismo para recomponer el orden democrático, mecanismo que se ha puesto en práctica con el apoyo de la OEA, pero que desgraciadamente nos encontramos en un impase, un diálogo estancado por el incumplimiento de los acuerdos, situación que esperamos se supere gracias a las gestiones del enviado del secretario general y del nuncio de su santidad el papa Francisco.

Para poner en práctica efectiva el análisis sobre la posible aplicación del artículo 20 y 21 de la carta democrática interamericana, creo conveniente recordar la resolución del comité jurídico interamericano de la OEA del año 2009 que resalta que la alteración del orden constitucional que afecten gravemente el orden democrático, son situaciones que deben apreciarse a la luz de la vigencia de los elementos esenciales de la democracia representativa y de los componentes fundamentales del ejercicio de la misma, es decir, los artículos 3 y 4 de la carta.

El proceso de destrucción de la democracia representativa, en Nicaragua hemos estado sufriendo un proceso de destrucción permanente de la democracia representativa que es una obligación de los países signatarios de la carta de conformidad con los indicadores contenidos en el artículo 3, las infracciones a los elementos esenciales podemos resumirlas.

En cuanto al control total de los poderes del Estado que ejerce el régimen actual en Nicaragua esto inicia a partir del 2007 mediante pactos y preventa y que se permite desmontar como continúa el régimen o el principio de separación e independencia de los poderes públicos.

El desmantelamiento del régimen plural de partidos políticos desde el 2008, se han venido cancelando diferentes personería jurídicas y fallando conflictos internos en favor de los aliados del régimen, destitución de diputados de la oposición y eliminando partidos opositores como contendientes electorales, los reiterados fraudes electorales, en el 2008 se realiza el primer fraude y se perfecciona toda la práctica fraudulenta que continúa hasta las últimas elecciones propiciando la consolidación del descontrol del ejecutivo de todas las instituciones democráticas y prohibiéndose la observación nacional e impidiendo se la celebración de elecciones libres y justas basadas en sufragio universal

Igualmente se ha destruido el estado de derecho, el control del Poder Judicial y el Ministerio Público mediante su subordinación total al ejecutivo ha materializado el estado de derecho poniendo fin a la posibilidad de controlar el ejercicio del poder, en 2009 se llegó incluso a declarar inconstitucional la propia Constitución, dando inicio a la ilegitimidad de origen del gobierno de Ortega al posibilitar la reelección continua y la sucesión didáctica que se fortalece con múltiples reformas constitucionales, al amparo de mayoría legislativa o fruto del fraude y violaciones masivas y generalizadas de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales.

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El último de los indicadores del artículo 3: el control del aparato Estatal especial de la fuerza armada, Policía y Ejército, como cuerpo represivo al servicio del poder absoluto, ha facilitado esta violación reforzada con la persecución y cancelación de las personerías jurídicas de los organismos nacionales de defensa de los Derechos Humanos y la expulsión de los organismos internacionales.

En cuanto al artículo 4, las infracciones de los componentes fundamentales también ha sido total, estamos ante un gobierno que falta absolutamente a su obligación de transparencia y probidad, la Ley de acceso a la información pública no se cumple, la Ley de contrataciones del Estado ha sido reformada para flexibilizar las contrataciones en beneficio del propio régimen y sus asociados, y se ha anulado la capacidad contralora de la Constitución competente sometiéndola Igualmente a las directrices del ejecutivo, por último la restricción de la libertad de expresión y de prensa que es un indicador fundamental del ejercicio de la democracia, el régimen se ha apropiado de los medios hablados, escritos y televisivos, y ha creado un inmenso aparato para influenciar en los medios digitales acorralando económicamente a la prensa independiente y ha cerrado diferentes medios llegando a la destrucción incluso de algunos, apresando destacados periodistas y forzando el exilio de más de 50 de ellos, teniendo en este momento incluso en riesgo que la prensa escrita no continúe publicándose ante la negativa de aduana de facilitarles los materiales necesarios para sus publicaciones.

Ese análisis que hacemos los nicaragüenses puede ser reforzado con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes como elemento de apreciación del incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Carta Democrática Interamericana.

El informe del GIEI, fechado el 21 de diciembre de 2018, reproduce resultados del trabajo de 6 meses en Nicaragua para documentar los hechos de violencia y represión estatal. Se observa en el mismo, graves alteraciones del orden constitucional, se concluye y se refuerzan acciones que hemos hecho los nicaragüenses y que destaqué en mi primer punto.

El informe puede resumirse en cuanto a afectaciones del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, destaca muy detalladamente los ataques a la vida y a la integridad física, la existencia de una estructura formal de represión, la denuncias de torturas, un uso indiscriminado, abusivo y arbitrario de la fuerza, las detenciones masivas indiscriminada y conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse como crímenes de lesa humanidad y también en cuanto al ejercicio del poder con sujeción al estado de derecho, establece la falta de debida diligencia de la investigación, investigaciones sesgadas, violaciones del principio de legalidad, incongruencias y privación de libertad, sin llevar dentro del término de ley ante las autoridades competentes, Habeas Corpus inoperante, violación a las garantías judiciales y un patrón de negación de justicia a las víctimas y en cuanto a la separación e independencia de los poderes públicos concluye que ha encontrado un sometimiento de los otros poderes públicos, legislativo, judicial y electoral, a la voluntad del Gobierno instalando un modelo de control absoluto que destruye las instituciones y las expone a actos de corrupción.

Igualmente entre sus hallazgos destaca que las protestas sociales no han sido productos de acontecimientos aislados sino de años de proceso institucionales y prácticas que fueron cortando la expresión ciudadana, cerrando espacios, coartando instituciones públicas y concentrando el poder en la figura presidencial, y por último como el Poder Judicial ha actuado como una pieza más del esquema de violación de los Derechos Humanos infringiendo las normas del debido proceso.

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Analizando los síntomas y destacando la enfermedad, se propuso la negociación como mecanismo para recomponer el orden democrático truncado en Nicaragua y así el día 27 de febrero de 2019, con un fuerte apoyo internacional se conformó entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Gobierno, una mesa de negociación contundente a ponerle fin a la crisis sociopolítica que afecta al país, aprobándose una agenda consecuente con el objetivo de recomponer el orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua.

El 11 de marzo la secretaría general de la OEA envió un representante que a partir del día 21 se integró como testigo y acompañante luego que el gobierno se comprometiera a liberar a todos los presos políticos.

La agenda de esta mesa fue establecida en los siguientes puntos:

  1. Fortalecer la democracia y reformas electorales para la realización de procesos electorales.
  2. Fortalecer los derechos y garantías ciudadana.
  3. La liberación dentro de un plazo máximo de 90 días de conformidad con los reglamentos jurídicos, de todas las personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018.
  4. La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Las partes hemos suscrito dos acuerdos, uno llamado “Acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad” y el segundo “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, y no se ha logrado avanzar en los otros dos temas porque se encuentran pendientes ante la dificultad o imposibilidad de encontrar consenso sobre los mismos motivados por la suspensión de facto de los derechos constitucionales.

El objetivo del acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas es indispensable ya que hubo que busca cesar la afectación al desarrollo político, institucional y democrático provocada por el propio Gobierno.

Dicho acuerdo incorpora el deber constitucional de implementar el estricto cumplimiento del mismo a partir de su firma el 29 de marzo, se incorporan diferentes temas que ustedes deben conocer, que son propios de todas las constituciones, el debido proceso y la tutela judicial, el derecho de los nicaragüenses en el exterior, derechos políticos, libertad de expresión e información y garantías procesales.

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Para concluir podemos asegurar que es evidente que el Gobierno de Nicaragua ha incumplido su obligación para con el pueblo, de asegurar el derecho a la democracia de conformidad con el artículo 1 de la carta, no pudiendo los nicaragüenses en estos momentos usar del ejercicio efectivo de la democracia representativa conforme al artículo 2 de la misma y que la protesta cívica ha sido la única forma de expresión que el gobierno no ha podido aún conculcar y la voluntad del pueblo es muy clara democracia, libertad y justicia, y tercero que la negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha llegado a acuerdos pendientes a preservar la institucionalidad democrática que ha sido rota por un ejercicio abusivo del poder, pendiente de implementar la totalidad del acuerdo firmado, lo que imposibilita hasta esta fecha recomponer el orden constitucional para que cese la grave afectación del orden democrático que sufre Nicaragua, el incumplimiento del Gobierno de los acuerdos es evidente y se resume en las filminas que hemos puesto.

Los testigos y acompañantes han reaccionado ante el impase de más de 20 días en el proceso de negociación y están trabajando una propuesta in extremis para impulsar la implementación de los acuerdos ya firmados.

Esperamos que esa propuesta sea aceptada por el Gobierno y no resulten nuevas promesas incumplidas, el éxito de los acuerdos debe medirse por el resultado que está determinado por el cumplimiento de buena fe del acuerdo alcanzado, no por el número de sesiones, ni las horas invertida y menos aún por el número de comunicados del Gobierno que pregonan su buena voluntad de negociar pero que no se traducen en la implementación efectiva de los acuerdos logrados.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia por mis medios quiero reiterar su confianza en el diálogo como el mejor camino para solucionar la crisis dándole valor y credibilidad a la negociación, pero esto sólo puede lograrse mediante el cumplimiento de lo acordado.