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Un estudiante universitario que estaba en el exilio fue capturado por la Policía de Nicaragua, cuyo Gobierno presentó recientemente un programa para promover el regreso de decenas de miles de personas que han huido de la crisis que afecta al país, informó este lunes una fuente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.

Roberto Reyes, quien regresó a Nicaragua tras permanecer en el exilio desde hace más de 6 meses, había sido reportado como desaparecido el 20 de abril, pocos días después de que el Gobierno hizo público su "Programa sobre el retorno voluntario asistido", de personas que abandonaron Nicaragua desde el estallido social de hace 12 meses.

Según la fuente, Reyes permanece recluido desde hace cuatro días en las nuevas celdas de "El Chipote", sede de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, que ha sido denunciada como un "centro de torturas" por organizaciones locales que defienden los derechos humanos.

Reyes fue uno de los sobrevivientes del ataque de las "fuerzas combinadas" del Gobierno, el 13 de julio del año pasado, a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y la Parroquia Jesús de la Divina Misericordia, al sur de Managua, en el que murieron dos estudiantes.

Un grupo de atrincherados en al UNAN, el año pasado. Archivo/END

En el ataque, que duró más de 16 horas, policías y parapolicías bombardearon con armas de guerra a estudiantes que protestaban contra el presidente Daniel Ortega, con saldo de dos jóvenes muertos.

Hace dos semanas el Gobierno presentó una propuesta para el retorno voluntario "asistido y sostenible" de los exiliados, que garantizaría un regreso "digno y humano de conformidad con el respeto de los derechos humanos", así como "el respeto del principio de no devolución y medidas de seguridad interna", además de "seguridad fiscal y jurídica".

El Gobierno nicaragüense afirmó que, para la ejecución del programa, cuenta con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Desde antes de la captura de Reyes la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia había calificado el programa gubernamental como "engañoso".

Según la Alianza, "los exiliados no pueden regresar a un país donde los derechos ciudadanos están suspendidos".

El portón de la UNAN Managua, durante las protestas del año pasado. Archivo/END

Aunque la vida de los manifestantes que huyeron al exilio corre peligro en Nicaragua, muchos de ellos se arriesgan a regresar porque salieron sin papeles para evitar ser capturados por la policía, que prohíbe protestas contra Ortega, o no encuentran condiciones mínimas en el país al que han huido, según fuentes diversas.

La crisis de Nicaragua, la peor en décadas, ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que oenegés locales hablan de 568 las víctimas mortales y el Ejecutivo reconoce 199.

También se cuentan entre 779 y 809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno.

La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de "lesa humanidad".

Fachada de la iglesia Divina Misericordia, donde hubo un ataque armado en julio del año pasado. Archivo/END

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.