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La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) respaldó la demanda de la Organización de Estados Americanos (OEA) al Gobierno de Nicaragua para que haga efectivos con los acuerdos a los que se comprometió con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. 

El Gobierno de Nicaragua se comprometió a liberar a manifestantes presos, garantizar la libertad de manifestación y expresión, así como a anular los juicios políticos, entre otros puntos.

El director de la CPDH, Marcos Carmona, señaló que esta demanda es algo que como organización de derechos humanos han venido pidiendo; sin embargo, el Gobierno hace oídos sordos.

"En primer lugar, está la anulación de los juicios de 220 presos políticos que CPDH tiene registrados, aunque creemos que son mucho más, la libertad de todos los capturados por expresarse, la libertad para marchar libremente en las calles, el cese de la represión, el acoso y asedio, así también terminar con las detenciones injustificadas y torturas, de las que tenemos varias denuncias", dijo Carmona.

Por otra parte, el director de la CPDH destacó que EE. UU. ha sancionado a varios funcionarios del Gobierno, y cada vez más el país está más cerca de ser sancionado con la Carta Democrática Interamericana de la OEA, un instrumento aplicado a los estados que han marcado una ruptura en su orden democrático, lo que implica afectaciones en las relaciones internacionales con el país afectado y el apoyo económico a Nicaragua.

"La semana pasada estuvimos en Estados Unidos y la comisión de derechos humanos de la ciudad de San Francisco, condenó al Gobierno de Nicaragua por la violación a los derechos humanos", dijo Carmona. 

El director de la CPDH señaló que esa es la primera vez que un condado de California, en la zona este-centro de Estados Unidos, saca una resolución condenatoria de este tipo.

“Consideramos que si bien las repercusiones política no serán más que morales, esto podría ayudar a quienes han abandonado Nicaragua por la represión y buscan refugio en esa área, ya que esa resolución podría tener implicaciones en la política migratoria”, comentó Carmona.