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El juez Denis Ramos rechazó las acusaciones contra Augusto César Rivera Torres, y liberó a quien era indagado por el supuesto robo de una de las camionetas utilizadas en el asalto a la empresa Petronic, donde un grupo de armados robaron 1 millón treinta mil setecientos noventa córdobas. Ahora, las investigaciones parecen enderezarse a algunos empleados que laboran en la institución.

El Judicial Denis Ramos, resolvió: “Se rechaza la acusación de la Fiscalía porque ésta no reúne los requisitos necesarios, no es clara y hay anomalía en las fechas y en los recibos de ocupación, por lo que ordeno que se deje en libertad al acusado, Augusto César Rivera Torres”, dijo durante la audiencia preliminar realizada en el Juzgado del Distrito Penal en la ciudad de Diriamba.

En tanto, Noel Enrique Rivera Torres, hermano del acusado, dijo a EL NUEVO DIARIO: “Estoy satisfecho por la sentencia del juez. Era injusto lo que estaban haciendo, porque a mi hermano se lo llevaron cuando estábamos trabajando en nuestro taller de mecánica, ya que somos soldadores, y nunca hemos estado implicados en casos como éstos. La Policía ilegalmente lo encarceló”.

Denuncian en el Cenidh

Momentos antes, familiares de Augusto César Rivera Torres denunciaron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, que su detención fue arbitraria, y que las acusaciones de estar implicado en el robo de una de las camionetas utilizadas en el asalto a Petronic no tenían fundamento.

“Quieren usarlo de ‘chivo expiatorio’ porque las autoridades no tenían nada, ni a nadie de los verdaderos asaltantes. Mi hijo iba cruzando la calle cuando la Policía lo detuvo el viernes por la tarde, y desde entonces todo fue una odisea”, aseguró Siria Torres, madre del indagado que habita en Monseñor Lezcano.

Según la denuncia recogida por Uriel Pineda, abogado del Cenidh, luego de la detención, la Policía llegó con lujo de fuerza a su vivienda, que fue registrada sin que le presentaran orden de allanamiento. Mientras tanto, aunque las autoridades dijeron que Augusto sólo sería interrogado, fue detenido en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, y a sus familiares no les permitieron verlo ni entregarle alimentos.

Posteriormente fue trasladado a la delegación de Jinotepe, porque ahí Guillermo Cuadra Gutiérrez lo identificó en un álbum de registros de delincuentes como uno de los supuestos asaltantes que robaron su camioneta, la cual se usó para el asalto.

“Eso era una mentira. Como no habían agarrado a nadie, pusieron al primero que encontraron en el camino. No sabemos ni cómo lo identificó si mi hijo, ni nadie de nuestra familia nunca antes estuvo detenido”, asegura la señora Torres, quien se quejó de las publicaciones de la imagen de su hijo en los medios periodísticos.

Denunciante rechaza resolución judicial

Mientras tanto Guillermo Cuadra, víctima del robo de la camioneta utilizada en el atraco de Petronic, vía telefónica se comunicó con EL NUEVO DIARIO y rechazó la resolución judicial.

“No estoy de acuerdo. No puedo creer que dejaran en libertad a ese sujeto del que fui víctima de robo, agresiones y secuestro”, dijo Cuadra.

Una fuente policial de todo crédito reveló que las investigaciones continúan, y se indaga en varios puntos de Carazo, porque hay indicios de que funcionarios de la misma Petronic, oriundos del departamento, pudieron haber colaborado con los asaltantes.

La audiencia preliminar

El indagado fue presentado a la audiencia preliminar a las 11 de la mañana en el juzgado del distrito penal de la ciudad de Diriamba, presidido por el juez Denis Ramos Bojorge.

La acusación estuvo a cargo de la doctora Xiomara López, en representación del Ministerio Público, quien imputó a Rivas Torres los delitos de intimidación y secuestro, además del ilícito uso de emblemas, uniformes y pertrechos de la Policía Nacional.

Al mismo tiempo, la doctora Xiomara López mencionó en la audiencia a un segundo sospecho identificado como José Alder Alpiña, de 38 años, habitante de la ciudad de Managua, actualmente prófugo de la justicia.

Éste también fue reconocido por el denunciante Guillermo Cuadra, mediante el álbum fotográfico de la Policía, y afirmó que Alpiña fue quien hizo la señal de detenerse, mientras que Rivera supuestamente le pidió sus documentos antes de intimidarlo para abordar la camioneta y manejarla. La víctima fue abandonada en el sector de La Viña, jurisdicción de San Marcos, Carazo. En ese momento los asaltantes vestían uniformes policiales, y portaban armas y conos de carretera.