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  • EFE

Dos legisladores de la Cámara Baja de Estados Unidos, el republicano Mario Díaz-Balart y la demócrata Donna Shalala, presentaron este martes un proyecto de ley que extendería por 18 meses el programa migratorio del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) para los nacionales de Nicaragua.

Este proyecto contradice la política seguida por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su llegada a la Casa Blanca, ya que el mandatario ha tratado de poner fin a las protecciones de TPS para varios países, incluyendo El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.

Pese a sus intentos, el Gobierno de Estados Unidos tuvo que extender en febrero el TPS para los países citados hasta enero de 2020, en cumplimiento de una resolución judicial.

Diaz-Balart y Shalala consideraron que la propuesta reconoce la "realidad" de la actual agitación política en Nicaragua, que vive desde abril del 2018.

El conflicto, desencadenado por unas protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que organismos humanitarios locales suman hasta 568 y Managua reconoce 199.

También se cuentan hasta 809 "presos políticos", cientos de desaparecidos y decenas de miles de personas en el exilio, en el marco de la crisis.

Hace dos semanas, Estados Unidos anunció nuevas sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua y a Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, "quien ha sido preparado como sucesor por el régimen".

La medida presentada en la Cámara de Representantes tiene muchas posibilidades de ser aprobada en el hemiciclo, pero enfrentará más oposición en el Senado, controlado por los republicanos.

De ser aprobada en el Congreso, será Trump el que tenga la última palabra sobre si es conveniente o no ampliar el permiso migratorio para los nacionales de Nicaragua.

Actualmente, más de 5,000 nicaragüenses están amparados por ese programa en Estados Unidos.

El TPS fue creado en 1990 y a través de él el país concede permisos de forma extraordinaria a los ciudadanos de Estados afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.