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Dos legisladores de la Cámara Baja de EE. UU., el republicano Mario Díaz-Balart y la demócrata Donna Shalala, presentaron este martes un proyecto de ley que extendería por 18 meses el programa migratorio del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los nacionales de Nicaragua.

Díaz Balart afirmó que en Nicaragua hay un Gobierno que está reprimiendo a su gente y que en esas circunstancias es inaceptable devolver a su gente.

Este proyecto contradice la política seguida por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su llegada a la Casa Blanca, ya que el mandatario ha tratado de poner fin a las protecciones de TPS para varios países, incluyendo El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.

Pese a sus intentos, el Gobierno de Estados Unidos tuvo que extender en febrero el TPS para los países citados hasta enero de 2020, en cumplimiento de una resolución judicial.

Díaz-Balart y Shalala consideraron que la propuesta reconoce la “realidad” de la actual agitación política en Nicaragua, que vive desde abril del 2018.

El conflicto, desencadenado por unas protestas contra una reforma a la Ley de Seguridad Social, ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que organismos humanitarios locales suman hasta 568 y el Gobierno reconoce 199.

También se cuentan más de 600 manifestantes presos, cientos de desaparecidos y decenas de personas en el exilio, en el marco de la crisis.

“Gran amenaza”

Díaz-Balart apuntó en una entrevista con la televisión CBS News que el Gobierno de Nicaragua representa una “gran amenaza” para la seguridad nacional estadounidense.

“Lo que está sucediendo en este hemisferio, con Venezuela, Cuba y Nicaragua, es, creo, más peligroso para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos que muchas de las cosas que están ocurriendo en el Medio Oriente”, dijo.

La medida presentada en la Cámara de Representantes tiene muchas posibilidades de ser aprobada en el hemiciclo, pero enfrentará más oposición en el Senado, controlado por los republicanos. De ser aprobada en el Congreso, será Trump el que tenga la última palabra sobre si es conveniente o no ampliar el permiso migratorio para los nacionales de Nicaragua.

Actualmente, más de 5,000 nicaragüenses están amparados por ese programa en Estados Unidos.

El TPS fue creado en 1990 y a través de él, el país concede permisos de forma extraordinaria a los ciudadanos de Estados afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.