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El Día de los Trabajadores se celebra este año en Nicaragua con al menos 157,000 desempleados más y una población con menor poder adquisitivo tras aprobarse las reformas al seguro social y a la Ley de Concertación Tributaria, explican especialistas.

La celebración mundial también coincide en Nicaragua con un difícil panorama económico.

Manuel Israel Ruiz, experto en seguridad social, sostiene que debido al incremento en las alícuotas que cada trabajador aporta al seguro social, que ha pasado del 6.25% al 7% mensual, el poder adquisitivo es menor.

“96% del total de los cotizantes han sido gravados con estas reformas”, afirma Ruiz, quien explica que este porcentaje engloba a los asegurados que devengan salarios máximos de hasta C$15,000 mensuales.

De acuerdo con cifras oficiales publicadas por el Banco Central de Nicaragua, hasta febrero de este año los afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) eran 755,908 personas y el salario nominal promedio entre los asegurados en ese mes alcanzó los C$10,941.

De acuerdo con el especialista, una persona que devenga un salario mensual de C$8,000, tiene aproximadamente C$600 menos debido al nuevo aporte que entrega al seguro social.

Postura sindical

Por su parte, el sindicalista Marcial Cabrera, coordinador de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Alimentación, la Agroindustria, Comercio y Conexos de Nicaragua (Futatscon), dijo que la crisis económica que experimenta el país desde el año pasado ha generado un fuerte impacto en sectores como turismo, servicio y construcción, provocando la pérdida de miles de empleos.

“Indudablemente en esta crisis los más afectados son los trabajadores, se habla de cifras de más de 100,000 desempleados, la realidad es que hay empresas que siguen cerrando, otras que han reducido considerablemente el número de trabajadores”, indicó Cabrera.

Consultado sobre el impacto que la reforma del seguro social ha causado, coincidió con Ruiz en el sentido de que disminuyó el poder adquisitivo de los trabajadores, pero, además, señaló que este año la negociación del salario mínimo ha quedado en impase, afectando al empleado.

“Datos oficiales indican que el valor de la canasta básica ronda los C$13,000 y los salarios este año aún no han sido ajustados debido a que la negociación del salario mínimo está detenida; sin embargo, hay otras medidas económicas (reformas al seguro) que sí se han aplicado y están afectando a los trabajadores y eso está golpeando el bolsillo de la gente”, afirmó Cabrera.

Efectos 

Pero las reformas establecieron que los empleadores (con más de 50 trabajadores) deben aportar ahora 22.5% al INSS en concepto de cotización por cada asegurado, un incremento de 3.5 puntos porcentuales, ya que antes enteraban el 19% por cada empleado.

En tanto, aquellos empleadores con menos de 50 trabajadores tendrán que reportar 21.5% al INSS por cotización de cada asegurado. 

Ruiz señala que, debido a esto, prácticamente a las empresas les han quedado dos opciones: prescindir de personal o reestructurar sus mecanismos de trabajo.

“Comienzan a reordenar su planilla, despiden gente o las recontratan con otro salario, eso es lo que está pasando con 34,000 empleadores, que son los que están vigentes al 2018”, dijo Ruiz. 

La reforma incrementó también el aporte del Estado, pasando de 0.25% a 1.75% mensual.

Los trabajadores tienen que pagar más dinero al hacer sus compras, debido a la reforma tributaria. Archivo/END

Asimismo, modifica las cotizaciones del seguro facultativo, los cuales ahora serán de 22.25% para el régimen integral y de 14% para el régimen facultativo de invalidez, vejez y muerte (IVM).

A juicio de Ruiz, las reformas aprobadas son inconstitucionales debido, entre otros aspectos, a que fueron promulgadas a través del Decreto Presidencial 06-2019, contraviniendo al artículo 114 de la Constitución, que establece que es la Asamblea Nacional es la única facultada para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos.

La reforma tributaria

Otro escenario con el que han comenzado a relacionarse los trabajadores del país está relacionado al impacto de la reforma tributaria, la cual también entró en vigencia a inicios de este año.

Los efectos más visibles se traducen en trasladar al consumidor el aumento de los impuestos, generar más desempleo y reducir el poder adquisitivo.

El quinto reporte del Monitoreo de las Actividades Económicas de Nicaragua, elaborado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), presentado el 24 de abril pasado, indica que  la reforma a la Ley de Concertación Tributaria provocó el aumento de precios al consumidor de 11 actividades económicas afectadas en sus costos de producción.

En marzo, bienes de limpieza, como cloro, detergente, desinfectante y jabón subieron entre 9.5% y 12.3%, en comparación con el mismo mes de 2018. Productos de higiene personal: papel higiénico, jabón y toallas sanitarias registraron un aumento entre 12.2% y 15.1%.

Además, el precio final al consumidor de café aumentó 15%, como resultado de la reforma, en la industria de los lácteos el incremento es de 9% y en el azúcar de 1%.