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La Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) ha recibido casi mil denuncias en lo que va del año y en el 41% de los casos los pobladores señalan a la Policía Nacional de cometer abuso de autoridad.

La doctora Carla Sequeira, directora del área de denuncias de la CPDH, señaló que de enero del 2019 hasta los últimos días de abril recibieron 944 denuncias, de las cuales en 386 casos la población afectada señaló a la Policía Nacional de sobrepasar sus funciones.

“El resto de las denuncias fueron contra miembros del partido de gobierno, de sus organizaciones de barrio y parapolicías armados, que de alguna manera espían, persiguen y amenazan a la ciudadanía. En el 57% de los casos hubo abuso de autoridad y se contabilizaron 153 detenciones sin seguir los procedimientos”, aseguró Sequeira.

Ofrecen beneficios a excarcelados

Entre las denuncias, Sequeira indicó que en un recuento a nivel nacional encontraron que 36 excarcelados denunciaron asedio, amenazas e incluso recapturas. 

En el caso de los capturados o recapturados a algunos les ofrecen beneficios económicos a cambio de que espíen para la Policía y se conviertan en testigos en los casos que les indicaran, explicó Sequeira a referirse a parte de las denuncias.

“Tenemos denuncias de varios de los excarcelados que aseguran que durante su detenciones les propusieron que fueran infiltrados del Gobierno y les pagarían US$800 mensuales para participar en las actividades cívicas de protesta, tomar nota de los participantes, saber quiénes son los organizadores, quién los financia y sus direcciones. Incluso tuvimos la denuncia de un trabajador de un medio de comunicación que a él le propusieron US$1,000 para recabar información del medio, los periodistas y que no se preocupara, porque en todos lados tenían infiltrados”, comentó Sequeira. 

Ya no acusan por terrorismo

La abogada de la CPDH indicó que las autoridades policiales han cambiado de procedimientos, ya que tras las capturas retienen por varios días a los afectados y posteriormente los sueltan.

Ahora las detenciones están a cargo de las delegaciones distritales y muy pocos arrestados han traslados a la Dirección de Auxilio Judicial.

“Incluso también ya no hacen acusaciones de terrorismo y similares, sino que acusan por delitos comunes, para hacer más difícil identificar si la captura es por razones políticas. Pueden acusar por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y hasta por violencia intrafamiliar, utilizando a exparejas y plantando acusaciones”, comentó Sequeira.

Anomalías

Por su parte, la abogada independiente que defiende casos de protestantes presos, doctora Yonarqui Martínez sostuvo que el revisar 70 expedientes, contabilizó 462 testigos falsos en 13 departamentos del país.

De los testigos falsos, dijo, 430 eran de sexo masculino y 32 femeninos.

Entre sus ocupaciones y afiliaciones 350 son policías, mientras que 112 pertenecen a organizaciones políticas de barrio del partido de gobierno, aseguró la abogada.