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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso del migrante ecuatoriano Pedro Bacilio Roche Azaña, quien falleció en abril de 1996 en Nicaragua, a consecuencias de disparos contra el vehículo en el que se transportaba junto a su hermano Patricio Roche Azaña.

Según el informe presentado por la CIDH, “agentes estatales” realizaron “disparos proferidos” contra el vehículo en el que se transportaban Pedro y Patricio Roche cuando estos cruzaban dos controles migratorios y supuestamente no atendieron “la voz de alto”.

De acuerdo con la CIDH, tras una investigación se determinó que el caso de Pedro Roche no ameritaba el “uso de la fuerza armada letal” debido a que “no existen indicios de que las personas migrantes o el conductor estuvieran armados ni que hubieran realizado alguna acción de agresión que pudiese interpretarse como una amenaza para el Estado”.

La CIDH determinó que “el uso de la fuerza letal fue arbitrario y contrario a tales principios, por lo que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida e integridad personal”, razón cual el caso ha sido tipificado como “ejecución extrajudicial”.

Por tratarse de un caso de migrantes, la Comisión reiteró que el uso de armas letales en controles policiales o migratorios siempre resultará arbitrario. Otra conclusión de la investigación, es que hubo violaciones a los derechos y garantías judiciales, puesto que no solo hubo impunidad con el caso, sino por la imposibilidad legal de apelar el veredicto de no culpabilidad vertido contra los autores de los disparos.

La CIDH sometió el caso de Pedro Bacilio Roche Azaña a la jurisdicción de la Corte el 24 de abril de 2019, porque consideró que el Estado nicaragüense no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.

El informe presentado por la CIDH concluyó que el Estado de Nicaragua “violó el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías a la protección judicial” y en consecuencia recomendó reparar integralmente las violaciones de derechos humanos determinadas por la CIDH, tanto en el aspecto material como inmaterial.

La CIDH recomienda además que el Estado de Nicaragua deberá “adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción en favor del señor Patricio Roche Azaña y de sus padres, asimismo, reabrir la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe”.

El organismo de derechos humanos además recomendó al Estado Nicaragüense disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de Patricio Roche Azaña, quien el día de la tragedia viajaba con el occiso y logró sobrevivir a los disparos.

La CIDH también instó a Nicaragua a disponer mecanismos de no repetición que incluyan “capacitaciones a autoridades sobre el uso de la fuerza conforme a los estándares interamericanos, que fueron descritos en el informe de fondo, así como sobre los derechos humanos de las personas migrantes”.