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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reiteró que no puede pedir que suspendan las sanciones mientras el Gobierno no cumpla con los cuerdos, luego de que el Ejecutivo nicaragüense condicionara este lunes continuar las negociaciones con las que se espera superar la crisis que estalló hace un año, a que su contraparte acepte hacer un llamado conjunto a la comunidad internacional a suspender las eventuales sanciones.

La Alianza Cívica sostiene que lo más importante en las negociaciones es liberar a los manifestantes presos y que el cumplimiento del plazo que dio el Gobierno para la liberación coincide con el establecido para iniciar con las sanciones de la Nica Act.

"Precisamente el periodo establecido para la aplicación de las primeras sanciones de la Nica Act, coinciden con los 90 días que ellos dieron(a partir del 20 de marzo), para liberar a los presos y efectivamente es algo que ellos (Gobierno) tienen en mente", dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza.  

Chamorro dejó claro que la Alianza "no tiene la potestad de cambiar la posición soberana de un Gobierno o de organismos como el Parlamento Europeo, que indignados ante la violación de los derechos humanos, de la tortura, del exilio, del secuestro, de la muerte, de la persecución y de la cárcel, no se pueden quedar callados".

Por su parte canciller nicaragüense, Denis Moncada, al salir de un encuentro con la oposición precisó que están insistiendo en la suspensión y el cese de “las medidas unilaterales, ilegales, injustas de la Nica Act, que afecta a todo el pueblo de Nicaragua y a diferentes sectores económicos, productivos y de exportación".

"Es un punto esencial y medular, que debemos realmente tomar acuerdos sobre ello antes de entrar y de continuar debatiendo otros puntos y otros temas que están en los puntos de agenda de ambas delegaciones", detalló Mocada.

Los representantes de la Alianza recomendaron al Gobierno de Nicaragua leer los acuerdos firmados por ambas partes, en recientes negociaciones, antes de exigir el fin de las sanciones económicas internacionales, que han afectado a familiares y allegados del presidente Daniel Ortega.

Delegación del Gobierno de Nicaragua en el diálogo / Archivo "Le hemos dicho a la delegación del Gobierno que debemos atenernos a lo que se aprobó en la agenda de negociación, precisamente pusimos al final este punto: en su momento, y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a suspender las sanciones", dijo el exdiplomático y miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Carlos Tünnermann.

Según los acuerdos firmados entre la oposición y el Gobierno, la Alianza Cívica solicitará la suspensión de las sanciones una vez que las partes lleguen a acuerdos en todos los temas discutidos en la mesa de negociaciones, que incluye la liberación definitiva de los manifestantes presos, anular los juicios en su contra, respetar las garantías constitucionales y existan condiciones para una salida inminente a la crisis sociopolítica local.

Las partes están pendientes de discutir los temas de justicia para las víctimas y el retorno de la democracia en Nicaragua.

El 20 de diciembre pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales donde Washington tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de los nicaragüenses.       

La "Nica Act" sería suspendida solo si el Ejecutivo de Ortega convoca unas elecciones "libres, justas y transparentes", de acuerdo con el texto de la legislación, pero el Gobierno de Nicaragua insiste en pedir que se suspendan las sanciones. “Vamos a seguir insistiendo en que la delegación de la Alianza acuerde y logre consensos sobre este punto", enfatizó Moncada.

Por su parte la Alianza Cívica mantiene su posición de no pedir la suspensión de las sanciones hasta que El Ejecutivo cumpla los acuerdos firmados. "Es el Gobierno el que ha merecido esas sanciones, entonces es el Gobierno el que tiene que tomar las medidas para que esas sanciones se levantan, pero ha hecho caso omiso", destacó Tünnermann.

Tanto Estados Unidos como el Parlamento Europeo han advertido al Gobierno de Daniel Ortega que, de no liberar a los "presos políticos" y restablecer los derechos constitucionales en Nicaragua, las sanciones dirigidas a sus familiares y allegados podrían continuar.