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El Gobierno de Nicaragua informó que el 18 de junio próximo podría excarcelar a un número no precisado de presos, conforme al acuerdo anunciado el 20 de marzo, pero la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), su contraparte en el diálogo, no tiene ninguna información de las personas que saldrán de prisión ni del proceso.

En una nota de prensa emitida este lunes por la Cancillería, el Gobierno indicó que en su “ruta de cumplimiento” de los acuerdos alcanzados con la oposición en una mesa de negociación para superar la crisis, está “la excarcelación de personas que cometieron delitos contra el orden público, con cumplimiento al 18 de junio”.

Sin embargo, miembros del equipo negociador de la ACJD indicaron que esta acción no debe ser una decisión unilateral del Ejecutivo y que no han recibido ninguna información respecto a la anulación de los juicios en contra de las personas apresadas en el marco de las protestas antigubernamentales desatadas en abril del 2018.

Carlos Tünnermann, titular en las negociaciones por la Alianza, dijo que el Gobierno rechazó la propuesta de calendarizar y liberar a los presos en mayo y “solo nos dijo que liberará a los presos hasta el 18 de junio”.

Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Jorge Ortega/END

El Gobierno se había comprometido a liberar a los manifestantes presos en un plazo de 90 días, que corrían a partir del 20 de marzo. De manera que el 18 de junio es el último día para su cumplimiento.

“No nos ha mostrado nada, ni calendario ni las listas”, dijo Mario Arana, del equipo de la Alianza Cívica, quien manifestó que la propuesta de liberar en grupos a partir de mayo tenía como objetivo anunciar quiénes iban a salir cada semana, para que cada familia preparara condiciones óptimas y se lograra un proceso ordenado, pero no hubo respuesta del Gobierno.

Para la Alianza Cívica, la libertad de los manifestantes presos debe realizarse según el acuerdo de liberación firmado el 27 de marzo, que contempla la libertad plena para los excarcelados anulándoles los juicios en su contra.

Dilatorio

Para la Alianza Cívica, lo urgente es la liberación de los manifestantes presos y no es necesario esperar hasta que finalice el plazo.

“Lo que hemos propuesto es que se haga de manera ordenada, con la debida información y participación del Comité Internacional de la Cruz Roja”, indicó Álvaro Vargas, miembro de la Alianza.

La Alianza mantiene su posición de que en mayo se logre calendarizar la liberación de todos los manifestantes presos y que salgan con libertad plena, como dice el acuerdo.

“Nosotros hemos advertido que no vamos a aceptar más liberaciones desordenadas como las que se han hecho hasta ahora. Creemos que todo debe hacerse en el marco de la negociación que nosotros creemos debe ser seria. Todo lo que pase queremos que se haga dentro de ese orden, de lo contrario estamos perdiendo el tiempo”, dijo Ernesto Medina, de la Alianza.

En Nicaragua existen 809 manifestantes presos, incluyendo varios periodistas, según familiares y organizaciones, pero el Gobierno solo reconoce un poco más de la mitad y los denomina “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.

El Gobierno se había compro-metido a liberar a los manifestantes presos en un plazo de 90 días, que corrían a partir del 20 de marzo. De manera que el 18 de junio es el último día para su cumplimiento. Archivo/END

Mario Arana explicó que el Gobierno debe liberar a 232 personas que están en una lista conciliada, entre la Alianza y las autoridades gubernamentales. En el proceso debe participar como facilitador el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Gobierno vuelve a las acusaciones

Arana indicó que les preocupa la “creciente polarización” que “desde la semana pasada” el Gobierno ha mantenido en la mesa de conversaciones, al elaborar comunicados en los que señala a los miembros de la Alianza de involucrarse en situaciones inexistentes, como “el fallido golpe de Estado”.

“Nos preguntamos a qué se debe esta polarización. El Gobierno debería llamar a la convivencia y en cambio pretende abrir viejas heridas. ¿Tendrá el Gobierno fisuras internas que trata de resolver creando cortinas de humo?”, cuestionó Arana.

El integrante del equipo de la Alianza recalcó que “la crisis sociopolítica que se le quiere endosar a la Alianza es producto de la acumulación de agravios durante 11 años, la molestia se expresó en una explosión social, que fue reprimida de manera desproporcionada”.

Para Arana, el Gobierno “tiene un juego: ¿por qué está ese juego? Me da la impresión que tienen divisiones internas, que tratan de ver cómo la manejan y levantan temas que no tienen ningún sentido, pero polarizan la negociación achacándole a la Alianza una culpa que no tiene”.

Tünnermann, por su parte, argumentó que “el Gobierno ha retomado otra vez el discurso tratando de inculparnos a nosotros en supuesto golpe de Estado, esa narrativa que ya la habían abandonado, la han retomado otra vez cuando nadie se las ha creído en el país ni en la comunidad internacional”.

El Gobierno se había comprometido a liberar a los manifestantes presos en un plazo de 90 días. Archivo/END

NICA ACT

Otra “hipótesis”, indicó Arana, “es que supuestamente el Gobierno demandaría a los EE. UU. por aplicar sanciones al Estado de Nicaragua mediante la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción, conocida como Nica Act.

“El Gobierno pudiese estar tratando de construir un caso (una demanda) ante La Haya, y quieren que se haga un pronunciamiento de parte de la Alianza, de levantar sanciones, para que ayude supuestamente a presentar ese caso, lo que sería otro absurdo, gastarían plata en pagos de abogados y no van a lograr nada”, comentó Arana.

Recordó que las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) “claramente han expresado su posición sobre la naturaleza de la crisis en Nicaragua y quién es el responsable de esta crisis. Han documentado la represión, la fuerza desproporcionada que se utilizó (de parte del Gobierno). No tendrán un caso en La Haya, perderían solamente plata”.

Dijo que los integrantes de la Alianza están expuestos a cualquier cosa en este país, pues han visto lo que ha pasado y ese tipo de señalamientos del Gobierno los consideran una amenaza.

“Pero estamos aquí para un entendimiento, para una salida a la crisis con elecciones adelantadas para restablecer la democracia y la justicia”, añadió Arana.

Familiares de encarcelados demandan pronta libertad

Daniel Esquivel, miembro del Comité Pro liberación de Presos Políticos, dijo que la intención del Gobierno de excarcelar hasta el último momento a los manifestantes, es una táctica para “meter presión y ver qué logran” para su beneficio.

No obstante, considera que esa presión que buscan crear va contra ellos mismos.

“Los secuestrados políticos no deben esperar hasta el 18 de junio para salir, deben salir ya, y para eso hay un acuerdo firmado. Ellos (el Gobierno) han reconocido que son presos políticos y lo que están haciendo es ver qué logran con esa excarcelación”, manifestó Esquivel.

Aunque el Gobierno no estableció hora ni cantidad de manifestantes que serían excarcelados, Esquivel señaló que el comité espera que al menos los 232 nombres que ya han sido conciliados, sean enviados a casa.

Además de esos 232, faltarían unas 40 personas más, que para el Gobierno son presos comunes, pero al comité y la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia consideran que son manifestantes opositores.

Esquivel dijo que entre esa lista de 40 personas están los jóvenes señalados de haber participado en un crimen en las inmediaciones de la calle 14 de Septiembre en abril del 2018, quienes supuestamente estuvieron evitando que saquearan un supermercado, pero los acusan de haber matado a una persona.

Alianza reitera que no llamará a suspender sanciones

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reiteró que no puede pedir que suspendan las sanciones mientras el Gobierno no cumpla con los acuerdos, luego de que el Ejecutivo nicaragüense condicionara este lunes continuar las negociaciones a que su contraparte acepte hacer un llamado conjunto a la comunidad internacional a suspender las eventuales sanciones.

La Alianza Cívica sostiene que lo más importante en las negociaciones es liberar a los manifestantes presos y que el cumplimiento del plazo que dio el Gobierno para la liberación coincide con el establecido para iniciar con las sanciones de la Nica Act.

“Precisamente el período establecido para la aplicación de las primeras sanciones de la Nica Act coinciden con los 90 días que ellos dieron (a partir del 20 de marzo) para liberar a los presos y efectivamente es algo que ellos (el Gobierno) tienen en mente”, dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza.

Chamorro dejó claro que la Alianza “no tiene la potestad de cambiar la posición soberana de un Gobierno o de organismos como el Parlamento Europeo, que indignados ante la violación de los derechos humanos, de la tortura, del exilio, del secuestro, de la muerte, de la persecución y de la cárcel, no se pueden quedar callados”.

El canciller nicaragüense, Denis Moncada, al salir de un encuentro con la oposición, precisó que están insistiendo en la suspensión y el cese de la Nica Act, “que afecta a todo el pueblo de Nicaragua y a diferentes sectores económicos, productivos y de exportación”.

“Es un punto esencial y medular, que debemos realmente tomar acuerdos sobre ello antes de entrar y de continuar debatiendo otros puntos y otros temas que están en los puntos de agenda de ambas delegaciones”, señaló Moncada.

Pero, los representantes de la Alianza recomendaron al Gobierno de Nicaragua leer los acuerdos firmados por ambas partes en recientes negociaciones, antes de exigir el fin de las sanciones económicas internacionales, que han afectado a familiares y allegados del presidente Daniel Ortega.

“Le hemos dicho a la delegación del Gobierno que debemos atenernos a lo que se aprobó en la agenda de negociación, precisamente pusimos al final este punto: en su momento y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a suspender las sanciones”, dijo Carlos Tünnermann, del equipo negociador de la Alianza.

Según los acuerdos firmados entre la oposición y el Gobierno, la Alianza Cívica solicitará la suspensión de las sanciones una vez que las partes lleguen a acuerdos en todos los temas discutidos en la mesa de negociaciones, que incluye la liberación definitiva de los manifestantes presos, anular los juicios en su contra, respetar las garantías constitucionales y realizar reformas electorales para garantizar elecciones justas y transparentes.

Las partes están pendientes de discutir los temas de justicia para las víctimas y el retorno de la democracia en Nicaragua.

El 20 de diciembre pasado el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que contempla restricciones a los préstamos otorgados al Gobierno por instituciones financieras internacionales, donde Washington tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de los nicaragüenses.

La Nica Act sería suspendida solo si el Ejecutivo convoca a elecciones “libres, justas y transparentes”, de acuerdo con el texto de la ley.

“Vamos a seguir insistiendo en que la delegación de la Alianza acuerde y logre consensos sobre este punto”, recalcó Moncada.

Mario Arana, del grupo opositor, dijo que propusieron al Gobierno “terminar la negociación en mayo. Si les preocupan las sanciones, terminemos el acuerdo para luego responder a la preocupación, pero rechazaron esta propuesta y no se ha avanzado en nada, no hay voluntad del Gobierno”.