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La sociedad civil de Nicaragua expuso la mañana de este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el 172 periodo de sesiones, las constantes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

La comparecencia fue presidida por el comisionado Joel Hernández, la relatora para Nicaragua y pueblos indígenas; Antonia Urrejola, Margarette May Macaulay; relatora de mujeres y pueblos afrodescendientes, y Soledad García; relatora para derechos económicos.

Antes de que la sociedad civil iniciara con su presentación, el comisionado Joel Hernández informó que el Estado de Nicaragua no se hizo presente, además, indicó que envió una nota que sería incluida en el expediente. Posteriormente, se les dio la palabra a los representantes de la sociedad civil de Nicaragua, integrados por Ana Bolaños; del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Lottie Cunningham; del Centro por la Justicia de la Costa Caribe y Esther Madrigal; representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Bolaños inició con una presentación en la que destacó que durante la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, desde abril de 2018, los derechos de los pueblos indígenas se han visto más vulnerados.

“Los pueblos indígenas han sido a lo largo de la historia discriminados y víctimas de violaciones, dicha situación ha sido invisibilizada a lo largo de la historia de Nicaragua y más aún durante la crisis que atraviesa el país que ha afectado a dichas comunidades”, dijo Bolaños, ante los representantes de la CIDH.

Asimismo, señaló que los indígenas y afrodescendientes “por años han sido asolados por la pobreza y la situación de violaciones a su territorios ancestrales”, por lo cual indicó que su presentación, como sociedad civil, se centraría en los “conflictos de tierra  y sus consecuencias, violaciones a los derechos humanos y las peticiones para la CIDH”.

Lottie Cunningham, durante su comparecencia ante la CIDH, informó que pese a que del 2007 al 2016 se han demarcado un total de 23 territorios, beneficiando a 304 comunidades, “no se ha procedido a su saneamiento, (lo cual) ha desatado conflictos entre indígenas y colonos”.

Además, denunció que “los colonos que están bajo el resguardo del Estado nicaragüense,  avanzan en la ocupación de territorios ancestrales, así como en la extracción de sus riquezas naturales y ha dejado consecuencias que impactan en su integridad, su salud, acceso al agua, a un medioambiente sano, identidad cultural y ha obligado al desplazamiento forzado de las comunidades indígenas, afectando gravemente sus modos tradicionales de vida”.

Cunningham señaló que desde 2015 hasta la fecha han registrado el desplazamiento forzado de unas 3,000 personas, 12 asesinatos, 11 secuestros, 19 agresiones, 2 violaciones sexual e incontables ataques armados. La defensora de los pueblos indígenas de Nicaragua indicó que uno de los casos más recientes de ataques de colonos se dio en febrero, cuando dos comunitarias de Santa Clara fueron secuestradas por colonos, que las obligados a limpiar frijoles bajo la amenaza de ser asesinadas.

La denuncia de las representantes de la sociedad civil es que hasta el día de hoy el Estado de Nicaragua “no ha dado una respuesta efectiva, por el contrario las acciones de los colonos han incrementado. Los hechos de violencia permanecen en la impunidad y el estado se ha negado a recibir las denuncias”.