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  • ACAN-EFE

Representantes de grupos opositores de Nicaragua anunciaron este miércoles que solicitarán al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) la anulación del financiamiento a la Policía Nacional, debido a su participación en supuestas violaciones a los derechos humanos en la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos.

La solicitud, que este mismo miércoles necesitó pocas horas para alcanzar las 500 firmas necesarias en la web change.org, será presentada en los próximos días ante los miembros de la Asamblea de Gobernadores del BCIE.

En la misma los opositores, expresaron su preocupación por "las recientes publicaciones de licitación pública (...) con fondos del BCIE, de un proyecto denominado 'Adquisición de medios de transporte para fortalecimiento de capacidades operativas de la Policía Nacional'".

Según la oposición, el financiamiento a una institución "señalada por organismos internacionales como violadora de derechos humanos" no se corresponde con los objetivos por los cuales fue fundado el BCIE.

Los opositores recordaron que el jefe de la Policía nicaragüense, Francisco Díaz, "eventualmente" podría ser juzgado "por cometer presuntos delitos de lesa humanidad", ya que la organización que dirige ha dado "muerte a ciudadanos desarmados, participantes en manifestaciones cívicas y pacíficas".

Asimismo, advirtieron que los continuos préstamos a la Policía local, incluyendo uno reciente de 28 millones de dólares para la compra de 81 medios de transporte, "le está generando un daño irreversible a la reputación del Banco frente al pueblo de Nicaragua"

Agregaron que el proyecto de licitación, cuyo monto no está definido, "no pareciera estar contemplado en las áreas generales de trabajo" del BCIE, como son desarrollo humano e infraestructura, infraestructura productiva, energía, desarrollo rural, intermediación financiera y servicios para la competitividad.

La Policía de Nicaragua es acusada de violación a derechos humanos / Archivo Además, resaltaron que la propuesta viola los estándares de licitaciones del BCIE, ya que entre las "prácticas prohibidas" de sus beneficiarios están la corrupción y la coerción. "Habiéndose demostrado la práctica coercitiva, corrupta y violenta de la Policía Nacional en contra de la población, ésta debería quedar inhibida de recibir fondos del banco", insistieron.

Los opositores también advirtieron que, en caso de continuar con la licitación, "se tomarán todas las acciones legales, administrativas y políticas para incidir en que se declare la nulidad de dicho proceso".  

Con la licitación la Policía de Nicaragua pretende adquirir 17 microbuses de carga, 2 para 30 pasajeros y 1 para 25 pasajeros, así como 4 lanchas con motor.

Desde el estallido social de abril de 2018 la presencia de patrullas policiales son notorias en las calles de las diferentes ciudades de Nicaragua, lo que contrasta su ausencia previa, cuando este era considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica.     

Entre las quejas de la oposición sobre la presencia policial es que, mientras crece la percepción de inseguridad, la Policía ejecuta arrestos contra personas que salen a la calle con la bandera de Nicaragua, que cantan en público el Himno Nacional, o muestras  rechazo hacia el Gobierno, razón por la que decenas de miles se han ido al exilio.