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La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, denunció ante la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) la grave situación que atraviesa la libertad de asociación en Nicaragua.

Núñez informó a defensores de DD. HH. de las Américas en el marco del 172 período de sesiones de la CIDH, que nueve organizaciones no gubernamentales fueron clausuradas por el Gobierno de Nicaragua.

Estas organizaciones son el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Hagamos Democracia (Hademos), Instituto de Liderazgo de las Segovias, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río), Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), Fundación Popol Na y el propio Cenidh, despojadas de su personería jurídica en diciembre del año pasado, por decisión de la Asamblea Nacional, dirigida mayoritariamente por diputados sandinistas.

En su comparecencia ante la representación de la CIDH estaban el comisionado Joel Hernández, la relatora para Nicaragua,  Antonia Urrejola, y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

La defensora nicaragüense indicó que los 30 años de defensa de derechos humanos del Cenidh fueron eliminados, el 12 de diciembre, sin ninguna justificación legítima. Además, detalló que el 13 de diciembre las instalaciones del centro fueron allanadas; evento en el que los policías amarraron de pies y manos a José Morales, guarda de seguridad de las oficinas, y lo obligaron a permanecer en el lugar durante 4 horas.

Asimismo, afirmó que el Estado luego de destruir y robar todo del centro, el 14 de diciembre congeló las cuentas bancarias de la organización, medidas que, según Núñez, fueron utilizadas también contra otras ocho organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua.

Organizaciones paraestatales

Núñez también informó a la CIDH que, paralelo al cierre de organizaciones defensoras de derechos humanos, el Estado de Nicaragua ha conformado “organizaciones paraestatales” con el nombre de “Defensores de la Patria”, lo cual es considerado por la presidenta del Cenidh como “preocupantes”, pues está integrada por desmovilizados de guerra de tendencia sandinistas y, prácticamente, “es la legalización del paramilitarismo”.

Mientras tanto, las organizaciones defensoras de derechos humanos como el Cenidh refirieron que han recurrido “un sinnúmero de recursos legales” contra la decisión que les cercenó su personería, pero hasta la fecha no reciben una respuesta del Estado de Nicaragua.

La solicitud del Cenidh es que la CIDH tenga “presencia en nuestro territorio”, pues indican que es “necesaria” ante las condiciones “difíciles y de resistencia” que mantienen la ciudadanía que ahora no cuenta con muchas organizaciones que colaboraban constantemente con la defensa de los derechos humanos.

“Los necesitamos definitivamente (…), nuestras capacidades (como defensores de DD. HH.) están reducidas por el daño que se nos ha causado. (…). Nuestra solicitud también es que incluyan esta situación en el informe de esta audiencia, que se dirijan al Estado, con el relator especial de la libertad de reunión, demandando el respeto a nuestro derecho de la libertad de asociación y se solicite el restablecimiento de la personería jurídica del Cenidh y de las ocho organizaciones, además de la devolución de los bienes y activos”, finalizó Núñez.

El comisionado Joel Hernández dio cierre a la sesión, donde además del Cenidh participaron otras delegaciones, como Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Jamaica, agradeciendo la información presentada por los representantes de la sociedad civil sobre preocupaciones temáticas que ayudarán a la CIDH a conocer la situación de la libertad de asociación en la región.