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San Juan De Limay –Estelí

Sumamente apenada se encuentra la campesina Marcia William Talavera, originaria de la comarca El Morcillo, quien vendió una hermosa cerda preñada que le entregó el gobierno a través del Programa Hambre Cero y luego se vio involucrada en una situación legal y estuvo cerca de ser procesada por el delito de hurto en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Ella tiene 26 años y es miembro de una familia extremadamente pobre residente de la comarca de la comunidad El Morcillo, cuatro kilómetros al sureste de San Juan de Limay, luego de varias gestiones, negoció con las autoridades del Ministerio Agropecuario y Forestal, a fin de impedir un proceso judicial en su contra.

Ella dijo sentirse molesta y sorprendida luego de conocer a través de los medios de comunicación que sería enjuiciada por la Fiscalía bajo la figura legal de hurto en perjuicio del Estado nicaragüense.

Esta situación salió a luz pública luego que EL NUEVO DIARIO publicara en la última semana de diciembre que la Policía Nacional fue alertada por un técnico del Programa Hambre Cero de que en la casa de Francisca Betanco, una conocida destazadora de cerdos, estaba una chancha blanca de raza, preñada y destinada al destace.

La chancha, luego de un proceso legal, el Ministerio Público y la Policía decidieron entregarla en depósito a la matarife Betanco; las autoridades competentes la entregaron a otra familia de la comunidad de Mateare que no había recibido completo el bono productivo.

Talavera dijo que la vendió porque la chancha comía demasiado y en vez de una ayuda era una carga. En dos meses tuvo que invertir 2,800 córdobas para comprar siete quintales de millón para su alimentación, dijo.

Supuestamente ni ella ni su compradora perdieron con el decomiso de la cerda, porque no habían cerrado el trato por un mil 800 córdobas que valoró la cerda, y dijo que no es cierto que estuviera preñada.

Se mostró apenada y dijo que está arrepentida de no haber consultado, pero como pensó que como es una donación, y ella la dueña, podía vender la chancha sin problemas. Logró un acuerdo con los técnicos del Magfor para que le dejaran el resto del bono y se comprometió a no seguir vendiendo los animales hasta que tenga excedentes, pero dejó claro que no quiere criar cerdos por los inconvenientes señalados.

“Dicen que abrieron un juicio, los técnicos me prometieron que no van hacerlo, espero que no me vengan a molestar con eso”, expresó. Los técnicos no pudieron ser localizados, pero la Policía informó que el caso está en manos del Ministerio Público, que determinará si la acusa o no.

Esta joven señora, que aún no tiene hijos con su marido Rigoberto Velásquez, es una de las 198 familias de Limay beneficiadas con el bono productivo que incluye una vaca, una cerda, cinco gallinas y un gallo, además de malla, alambre de púas, zinc, cemento, concentrado, semillas y clavos valorados en 2 mil dólares donados por el gobierno. Deben pagar 5 mil córdobas a un fondo revolvente que manejará la misma comunidad para ayudar a otras familias o resolver problemas comunales.

Gerardo Romero Hernández, de los CPC en San Juan de Limay y Secretario Político del FSLN, confirmó que los comunitarios decidieron que la cerda se entregue a otra familia y agregó que esto es una campanada de alerta para analizar si conviene o no seguir entregando cerdos.

“Es prohibido vender estos animales porque entonces de ningún apuro salen, el objetivo es que las familias los hagan producir para que tengan huevos, leche y sus derivados, además de las crías, y salgan adelante en sus parcelitas”, dijo Romero.