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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acusó al Gobierno de promover campañas llenas de “insultos, amenazas y asedio” en contra de los miembros de este equipo negociador, como la dirigida en contra de Juan Sebastián Chamorro, para “justificar el incumplimiento de acuerdos” firmados en el diálogo.

Chamorro, quien se sumó a la campaña de ciudadanos nicaragüenses que firmaron una petición dirigida al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para evitar que esa institución financie a la Policía Nacional, se convirtió en blanco de una “campaña desatada por el régimen”, indicó la Alianza Cívica en un comunicado.

“El régimen no tolera que existan derechos, voces, ni acciones fuera de su dominio y por eso ha forzado a empleados del Estado y a otros ciudadanos a demandar la destitución de Juan Sebastián como miembro de la mesa de negociación”, señaló esta tarde la Alianza Cívica.

Los negociadores se refirieorn al tema en un comunicado titulado “El ejercicio y la defensa de los derechos humanos nos diferencia”.

Este medio día, sin embargo, Chamorro aseguró que pese a esa campaña dirigida en su contra no abandonará la mesa de negociación con el Gobierno.

ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL

El BCIE, una institución de carácter internacional, anunció esta semana una serie de licitaciones para dotar y mejorar las capacidades de operación de la Policía Nacional, señalada por organismos locales e internacionales defensores de los derechos humanos de reprimir a los manifestantes.

Al conocerse esta información, un grupo de nicaragüenses promovió la recolección de firmas para pedir al BCIE que no continúe financiando los programas de la Policía Nacional.

“La campaña desatada por el régimen contra Juan Sebastián y la Alianza Cívica en general, a través de insultos, amenazas y asedio tiene como objetivo justificar el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno. Una vez más el régimen hace gala de la represión y el asedio a la libertad”, insistió este equipo negociador.

Los negociadores del gobierno en el diálogo nacional. Jorge Ortega/END

La Alianza Cívica sostiene que entre los derechos políticos consignados en la Constitución Política de Nicaragua se reconoce en el artículo 52 el derecho “irrenunciable” que tienen los ciudadanos de “hacer peticiones y denunciar anomalías”, ya sea en forma individual o colectiva a los poderes del Estado o cualquier otra autoridad.

“Exigimos al régimen el cumplimiento de los acuerdos firmados, que no es más que el respeto a los derechos inherentes de los ciudadanos nicaragüenses”, agregó la Alianza Cívica.

Finalmente, reiteraron la voluntad de diálogo en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace más de un año.

Demandaron la restitución de la libertad plena, la verdad, la justicia y la celebración de elecciones libres, transparentes y anticipadas.

Los negociadores del gobierno no han reaccoinado ante este comunicado.