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El financiamiento que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó para el Fortalecimiento de Capacidades Operativas de la Policía Nacional de Nicaragua ha sido criticado por sectores opositores, porque ayuda a una institución acusada de violaciones a derechos humanos, dijo uno de los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.

La licitación de Adquisición medios de transporte para Fortalecimiento de Capacidades Operativas de la Policía Nacional-Nº LPI-001-2019-BCIE-PN fue publicada esta semana por el BCIE.

El exgerente regional del BCIE, Róger Arteaga, explicó a El Nuevo Diario que ese financiamiento fue firmado en 2014, cuando la Policía de Nicaragua todavía no era señalada de cometer graves violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses, como ha sucedido desde abril de 2018.

“Es parte de uno de los programas que tiene el Banco para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, los fondos son y se distribuyen en los cinco países, buscando fortalecer a los que están más débiles en seguridad ciudadana. El préstamo que parte de ese programa fue aprobado en el 2014, cuando la situación de la Policía era diferente a la que es hoy en Nicaragua”, explicó Arteaga.

La Policía, según la licitación, pretende comprar con los fondos del BCIE unos 17 microbuses tipo panel, 2 microbuses de 30 pasajeros, 1 microbús de 25 pasajeros y 4 lanchas con motor.

En julio de 2018, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. sancionó con la Ley Global Magnistky a Francisco Díaz, director de la Policía Nacional por cometer violaciones a derechos humanos y actos de corrupción.

Arteaga indicó que el proceso del financiamiento del BCIE a la Policía se encuentra en su etapa de ejecución, ya que, antes de ser entregados los fondos se tiene que cumplir con “un procedimiento de aprobado, se pidieron condiciones previas de desembolsos, se hizo una escrituración de préstamos, se hizo una programación de desembolso y ejecución, entonces, lo que hoy estamos viendo es una de las últimas etapas de ese proceso que es la licitación, porque esos fondos tienen que ser licitados, para que el país obtenga los mejores beneficios del uso de sus fondos; desafortunadamente, la Policía de Nicaragua es diferente a las otras policías de Centroamérica en este momento, porque se ha desnaturalizado su función que en vez de ser para la seguridad ciudadana se ha convertido en una Policía que reprime los derechos”.

Este jueves, los diputados de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional de Nicaragua, dieron un dictamen positivo a dos créditos por un monto total de US$201 millones con el BCIE para proyectos en las regiones autónomas.

En julio de 2018, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. sancionó con la Ley Global Magnistky a Francisco Díaz. Archivo/END

Las opciones 

El exgerente regional del BCIE también explicó que una de las formas para suspender el proceso de desembolso consiste en que “el mismo banco, si ve que se está violando el término del contrato, porque en alguna parte de esos términos del contrato hay una cláusula de que siempre que no se viole los asuntos vitales de la población, y la policía en este caso si está incurriendo en eso, de alguna manera o a solicitud de otros países miembros se pueda pedir que el caso se vea nuevamente”.

Algunos de los países centroamericanos que integran el BCIE, como Costa Rica, que han votado contra la represión en Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), podrían, en caso que así lo llegaran a decidir, hacer la solicitud de revisión del financiamiento que se le está otorgando a la Policía de Nicaragua, indicó el experto.

Arteaga aseguró que una vez que el banco o algunos de los miembros soliciten la revisión, el equipo de abogados del BCIE “tendría que estudiar las cláusulas y los documentos que señalan a la institución nicaragüense por violación a los derechos humanos, para que de esta forma decidir si se suspende o no el desembolso”.

Juan Sebastián Chamorro. Archivo/END

Recoger firmas 

Ciudadanos nicaragüenses, al conocer el financiamiento aprobado por el BCIE a la Policía, han solicitado su anulación mediante una petición pública en el sitio web chage.org, la cual sería presentada en los próximos días ante los miembros de la Asamblea de Gobernadores del BCIE. 

En tan solo 24 horas la petición realizada por los nicaragüenses en chage.org logró más de 6,500 firmas.

“Que se le quite el financiamiento a la Policía Nacional en nada afecta a las familias nicaragüenses, en nada afecta a los más pobres, en nada afecta el bienestar. Les afecta su capacidad represiva y por eso es que están molestos”, dijo Juan Sebastián Chamorro a El Nuevo Diario.

Explicó que el BCIE es una institución “diseñada para promover el desarrollo, la reducción de la pobreza y no es correcto que se preste para financiar el apertrechamiento, el financiamiento a una organización que está sindicada como criminal, como una organización que ha cometido crímenes contra la ciudadanía, una situación que ha quedado demostrada”.

“Hay argumentos que son importantes”, precisó Chamorro, “los mismos documentos de las licitaciones estándar públicas del BCIE, en su capítulo cinco, dicen algunas prácticas prohibidas para los beneficiarios de los fondos e incluye prácticas coercitivas”, añadió.

Enfatizó que “la petición es bastante puntual al decir que, al ser la Policía una entidad coercitiva, no debería entonces ser beneficiada con fondos”.

Chamorro dijo haber firmado la petición en “carácter personal”, pero que los miembros de la Alianza, que participan del diálogo con el Gobierno de Nicaragua, “comparten este sentimiento”.

La Alianza respaldó a Chamorro por medio de un comunicado, argumentando que “el régimen no tolera que existan derechos, voces, ni acciones fuera de su dominio y por eso ha forzado a empleados del Estado y a otros ciudadanos a demandar la destitución de Juan Sebastián como miembro de la mesa de negociación”.