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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), informó que mantendrá el financiamiento aprobado para el Fortalecimiento de Capacidades Operativas de la Policía Nacional, el que ha sido objeto de críticas por sectores opositores que consideran que apoya a una institución acusada de violentar los derechos humanos.

El documento, hecho público este viernes, señala que Nicaragua es un socio fundador del organismo desde diciembre de 1960 y a la fecha la cartera del banco con este país cuenta con 19 proyectos activos y ocho proyectos más en espera de su primer desembolso, que comprenden 140,000 empleos directos e indirectos.

Añade que “los resultados de auditoria al 2018, reflejan que Nicaragua ha cumplido con todas las normas y procedimientos establecidos por el banco en la ejecución de sus proyectos y que se encuentra al día con sus compromisos de deuda”.

Ciudadanos nicaragüenses, al conocer el financiamiento aprobado por el BCIE a la Policía, han solicitado su anulación mediante una petición pública en el sitio web change, la cual sería presentada en los próximos días ante los miembros de la Asamblea de Gobernadores del BCIE. 

En tan solo 24 horas, la petición realizada por los nicaragüenses en change logró más de 6,500 firmas.

Una protesta en la sede del BCIE en San José, Costa Rica.

Los nicaragüenses en el exilio también promueven protestas frente a las sedes del BCIE, para presionar a la institución a desembolsar dicho financiamiento.

“COMPRIMISO DE APOYAR”

“El BCIE es un órgano colegiado e integrado por los representantes de los países socios, quienes aprueban todas las operaciones de crédito, las que reflejan los acuerdos entre sus Estados miembros, con el compromiso de apoyar a sus ciudadanos, mientras se respeten y se cumplan todos los criterios técnicos, legales, evaluación de riesgo y seguimiento aplicados en todas sus operaciones”, sigue diciendo el comunicado.

El documento menciona, además, que como brazo financiero y la multilateral de desarrollo más relevante para los países de la región centroamericana, el BCIE  reitera su compromiso de “ser el aliado estratégico apolítico de los países socios en la provisión de soluciones financieras que coadyuven a la generación de empleo y a elevar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos”.

Esta semana trascendió que con el financiamiento del BCIE la Policía pretende comprar unos 17 microbuses tipo panel, 2 microbuses de 30 pasajeros, 1 microbús de 25 pasajeros y 4 lanchas con motor.

La licitación de adquisición de medios de transporte para el fortalecimiento de capacidades operativas de la Policía Nacional Nº LPI-001-2019-BCIE-PN, fue publicada esta semana por el BCIE.

Róger Arteaga, exgerente regional del BCIE, explicó que el financiamiento  otorgado a la Policía fue firmado en 2014, cuando la institución todavía no era señalada de cometer graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, como ha sucedido desde abril de 2018.

En julio de 2018, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó con la Ley Global Magnitsky a Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, por cometer violaciones a derechos humanos y actos de corrupción.

“AL MARGEN DEL CLAMOR MUNDIAL”

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH),  a través de  un mensaje en Twitter, reaccionó al comunicado del BCIE, señalando que el organismo “se pone al margen del clamor mundial de condena por crímenes de lesa humanidad” al Gobierno de Nicaragua y la Policía de Nicaragua, “instrumento principal de la represión”.

Agrega que el BCIE “irrespeta su propia normativa, que le prohíbe financiar a actores involucrados en actos de represión y corrupción y endeuda al país con un derroche de C$17.6 millones para financiar la flota vehicular de Policía mientras la dictadura recorta presupuesto en Salud y Educación”.