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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Gobierno cumplieron el viernes unas 200 horas de negociaciones, distribuidas en 35 sesiones del diálogo, un tiempo en el cual se han firmado dos acuerdos, pero sin que el Ejecutivo los cumpla.

Las 200 horas corresponden a los encuentros oficiales que ambos equipos negociadores sostuvieron en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), desde el pasado 27 de febrero, cuando comenzó el diálogo, hasta el pasado viernes, 10 de mayo.

Hasta el viernes, el gobierno exigía a la Alianza Cívica firmar un llamado a que se suspendan las sanciones a los funcionarios, o de lo contrario pedía cambiar a los interlocutores.

La Alianza Cívica mantiene que no habrá ni firma para llamar a suspender sanciones, ni cambio de negociadores, sino que es el gobierno el que debe cumplir con los dos acuerdos firmados: liberar a los manifestantes y respetar y hacer cumplir las garantías constitucionales.

LOS ACUERDOS

El 29 de marzo, un día después de concluir el primer plazo establecido, las partes anunciaron la firma de dos acuerdos: uno sobre liberación de manifestantes y otro para respetar a la población sus derechos constitucionales y fundamentales, es decir para que las personas pudiesen manifestarse y expresarse libremente, así como permitir la libre información y devolver todos sus derechos a los medios de comunicación, entre otros aspectos.

Miembros de la Alianza Cívica. END/ArchivoDel 27 de febrero al 29 de marzo se desarrollaron 17 sesiones en cumplimiento de la hoja de ruta, invirtiendo aproximadamente 111 horas en conversaciones que conllevaron a los dos acuerdos.

LA “HOJA DE RUTA”

En los días hábiles de sesiones desarrollados entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, los negociadores definieron la denominada hoja de ruta, que se refiere a los aspectos metodológicos para establecer los mecanismos de trabajo durante las jornadas del diálogo.

Se trataba de “reglas claras, definidas y acordadas”, según precisaron en su momento ambos equipos de negociación, los que invirtieron unas 40 horas en ese proceso.

La hoja de ruta se dio a conocer en el quinto día hábil de las negociaciones.

Representantes del Gobierno en la mesa de negociación. Archivo/ENDSobre las reuniones, las partes acordaron que se realizarían diariamente, de lunes a viernes, desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, con la posibilidad de extenderse, situación que ha ocurrido un par de veces, cuando han tenido que retirarse del Incae pasadas las 6:00 de la tarde.

Ese mismo día se hizo la invitación formal al diálogo a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Dos días después, es decir el 7 de marzo, comenzaron a discutir los temas de agenda.

Al día siguiente, los obispos hicieron pública su respuesta en la que rechazaban la invitación como testigos en el diálogo.

IMPASE

El 8 de marzo pasado la negociación entró a un punto de suspensión que duró poco más de una semana, reanudándose hasta el 14 de ese mes, bajo la promesa del Gobierno de cumplir con la liberación de los manifestantes detenidos.

De forma unilateral, el 15 de marzo, el Gobierno procedió a excarcelar a 50 manifestantes como muestra de su supuesta “buena voluntad”, pero la Alianza Cívica insistió en que no era un gesto suficiente y continuó demandando la absoluta libertad del resto de detenidos.

Policía captura a manifestantes. Archivo/ENDLos temas que están pendientes son: justicia, reparación, democracia y reformas electorales. El 29 de marzo las partes anunciaron que el nuevo plazo para abordar esos temas y lograr un acuerdo, vencía el 3 de abril.

Pero la noche del 3 abril la Alianza Cívica anunció que no negociaría los temas pendientes hasta que el Gobierno cumpliera los dos acuerdos firmados y el diálogo cayó en un impase.

REUNIONES EXTRAS

En todo este tiempo, ambos equipos sostuvieron reuniones por separado, de carácter no oficial y fuera de las instalaciones del Ince, punto oficial de reunión en todo este tiempo.

De esta manera, el pasado 27 de marzo la Alianza Cívica sostuvo un encuentro, al igual que miembros del Gobierno, con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, organismo que confirmó su participación en el proceso de liberación de los presos.

A la fecha, las conversaciones para lograr el cumplimiento de los primeros acuerdos por parte del Gobierno continúan, no permitiendo dar continuidad a los otros temas que demanda la Alianza Cívica, que se refieren a Justicia y Democracia.

Representantes de la Alianza Cívica. Archivo/ENDPara el día 22 de abril los testigos y acompañantes del diálogo convocaron a las partes para presentar una propuesta que apuntaba a acelerar el cumplimiento de los acuerdos firmados y la reanudación de negociaciones sobre los temas pendientes.

Pero este encuentro no sucedió y, en cambio, los testigos se reunieron por separado con las partes buscando puntos de acercamiento para lograr destrabar el diálogo.

El 23 de abril, Cristóbal Fernández, jefe del departamento de cooperación técnica electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA),  presentó en Managua a la Alianza Cívica y al Gobierno el plan de trabajo para desarrollar una propuesta de reforma electoral en Nicaragua.

Luego de este encuentro con el experto electoral de la OEA, las partes volvieron a sentarse en el Incae el pasado 29 de abril.

LA POSTURA DEL GOBIERNO

La delegación gubernamental recientemente insistió en que la Alianza firme un comunicado llamando a la comunidad internacional a suspender las sanciones contra los funcionarios.

La Alianza Cívica, sin embargo, reiteró que no hará esto hasta que se aborden todos los temas pendientes y se cumplan los acuerdos firmados.

La semana pasada el Gobierno emprendió una campaña para deslegitimar a los miembros del equipo opositor y este viernes pidió un cambio de “interlocutores”, algo que la Alianza Cívica no está dispuesta a aceptar.

PRESION INTERNACIONAL

La postura del gobierno, de no cumplir los acuerdos firmados y condicionar el diálogo ha generado críticas desde el exterior.

Esta semana tanto The Washington Post, en un artículo de opinión, como el senador republicano, Marco Rubio, acusaron al gobierno de usar el diálogo en Nicaragua para ganar tiempo y desgastar a la oposición.

Mientras, la Alianza Cívica criticó el “doble discurso” del gobierno, al decir que en la mesa de negociaciones tienen una postura y en los comunicados ofenden a la oposición.