Rafael Lara
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Mientras en Honduras el presidente Daniel Ortega se “rasgó” las vestiduras, repudiando la violencia contra otros países y defendiendo el tema del embargo contra Cuba en la Asamblea General de la ONU, organizaciones de mujeres nicaragüenses señalan a su gobierno de ser cómplice del maltrato hacia las féminas y el mayor violador de los derechos de las mismas, acusaciones expuestas en el panel “Situación de violencia y salud sexual y reproductiva de las mujeres nicaragüenses”.

Durante la discusión, Darling Munguía, coordinadora nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, señaló que “nuestro gobierno no tiene indicios de buena voluntad para trabajar a favor de las garantías de las mujeres”. “Al contrario, promovió la penalización del aborto terapéutico, es responsable de que el Ministerio de Salud no brinde atención de calidad, y que el Ministerio de Educación no oferte una educación sexual y reproductiva eficiente a una juventud muy vulnerable”.

Asimismo, la coordinadora señala que en Nicaragua, según un monitoreo realizado a través de los medios de comunicación, se han registrado 26 mujeres asesinadas hasta mayo de este año. Además, la Comisaría de la Mujer ha recibido más de seis mil denuncias de violencia intrafamiliar, hasta mayo, situaciones que tienden a aumentar y posiblemente superen las cifras del 2008.

Por su parte Ana María Pizarro, directora de Sí Mujer, expresó que la violación sexual de las niñas y adolescentes se agrava por la impunidad que propician las instituciones del Estado. Pizarro también informa que los casos de mortalidad materna han aumentado en un 65 por ciento, en comparación con los datos del año pasado en esta misma fecha, según los registros de la vigilancia epidemiológica del Minsa. En 2008 Managua registró una muerte materna y este año han sido 6; en Bluefields de 2 pasó a 8 muertes y Matagalpa pasó de 3 a 5. Del total de estos casos la mayoría no tuvo atención prenatal y el 18.8 por ciento eran madres adolescentes. Ninguna de las fallecidas usaba métodos anticonceptivos.

Pizarro consideró que estas cifras han aumentado en lo que va del año por tres factores: la mala atención médica en los centros de salud y los hospitales, la falta de medicamentos y la prohibición del aborto terapéutico. La Organización Mundial de la Salud estima que en América Latina uno de cada tres embarazos terminan en aborto.

Leticia Romero Sánchez, directora ejecutiva Asonvihsida, señala que a pesar de tener leyes contra las agresiones, la mayoría de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual quedan impunes y ocurren porque la discriminación y la violencia contra las mujeres es socialmente aceptada en nuestra región, y no se respetan los derechos, ni la equidad de género.