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Un juicio por el robo de C$19 llegó a estar 9 años en los tribunales y costar C$20,780 (unos US$631) al Poder Judicial, sin que hubiera una sentencia. 

El proceso se dio por el hecho ocurrido en 2010, cuando Enrique Mendieta García, alias “El Peludo” le robó a Jonathan Gómez Escobar el dinero en un bus, lo único que andaba, amenazándolo con un arma cortopunzante.

La víctima no llegó a testificar e incluso presentó un escrito de desistimiento hace varios años, pero el proceso fue reactivado este año cuando finalmente se logró llevar al acusado a los juzgados.

Denis Darce, abogado y sociólogo. Ernesto García/END

Los costos estimados de este proceso judicial son de C$20,780 y equivalen a 1,094 veces más de lo que presuntamente fue robado.

El juicio que reinició el 13 de abril de 2019 concluyó el 2 de mayo cuando la jueza Fátima Rosales, a petición de la Defensoría Pública, decretó la clausura anticipada del juicio por falta de pruebas contra el acusado, pues al juicio solo llegaron a declarar dos policías.

Costoso

Cada una de las audiencias (preliminar, inicial y dos de juicio) que se realizaron durante este proceso judicial que estuvo paralizado desde junio del 2009, porque el reo no se presentó al inicio del juicio, le costó aproximadamente C$5,190 al Estado (unos US$157 dólares al cambio oficial de esta semana) y los C$19 apenas equivalen a 57 centavos de dólar.

Los C$20,780 no incluyen los costos por el envío de citas a testigos y los gastos en los que incurrieron la Policía y la Fiscalía, antes de judicializar el caso y los costos en los que incurrió el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) durante las semanas que el reo estuvo en prisión preventiva.

Juicio por 6 langostas

El juicio por el robo de los C$19 solo es uno de los tres casos donde el monto es ampliamente desproporcionado a aquellos que incurre el Poder Judicial.

El 12 de abril de 2019, en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de la capital, la Fiscalía acusó a Pablo Cruz Sandoval por el robo de 6 langostas pequeñas a la vendedora ambulante Margarita Gutiérrez.

El robo de las 6 langostas valoradas en C$40 fue calificado por la Fiscalía como robo agravado y el hecho calificado aconteció en una calle de Masachapa, jurisdicción de San Rafael del Sur y donde la principal actividad económica es la pesca artesanal.

Erick Saldaña, abogado penalista. Ernesto García/END

Dos semanas más tarde, el 28 de abril, la Fiscalía también presentó acusación por robo agravado contra Henry Gómez Alemán y Yessenia del Rosario Morales, el monto completo fue de C$20, en perjuicio de Dina Téllez Leiva, a quien hirieron en el rostro.

En ambos casos, los acusados están a la espera de la celebración de los juicios bajo la medida cautelar de prisión preventiva, porque así lo exigen las leyes penales.

Juicios sin razón 

El abogado Erick Saldaña, con 18 años de experiencia, de ellos 10 como fiscal; considera que estos casos mencionados no deberían ser tramitados por los jueces “por ser juicios de nimiedad o poquedad”.

“Fiscales y jueces deben ver la nimiedad del caso para valorar el costo económico en el que incurre el Estado al accionar en estos delitos de poco monto”, comenta Saldaña, quien recordó dos juicios donde un hombre fue acusado por el robo de un gallo y otro por un plátano.

Para el abogado penalista, fiscales y jueces deberían archivar estos casos de robos de pocas cantidades y de manera definitiva, porque es más el gasto que acarrean al Estado que el patrimonio afectado.

Sin embargo, jueces y fiscales argumentan que estos casos se tramitan no por el monto de lo robado, sino, porque se castiga la acción y no necesariamente el daño patrimonial causado a la víctima.

Levantan suspicacias 

Para el abogado y sociólogo Denis Darce, los casos antes mencionados no necesariamente significan que la delincuencia se esté “desvalorizando socialmente” en Nicaragua, por el contrario, atribuye la judicialización de esos casos a un “posible tráfico de influencias”.

“Un policía difícilmente va a presentar ante la autoridad judicial a una persona que ha sustraído C$20 cuando los gastos, solo por recibir la denuncia superan grandemente el valor de lo robado”, explica el abogado y sociólogo.

Darce argumenta que quienes roban pequeñas cantidades como las mencionadas en los casos antes referidos, probablemente lo hicieron en un acto de desesperación “por no tener empleo y no tener qué darle de comer a sus hijos”.