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Nicaragua es uno de los 14 países evaluados en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2019, este miércoles en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El EPU existe desde el año 2006 y Nicaragua ha sido evaluada en tres ocasiones, incluyendo la de este año. En los dos exámenes anteriores, le señalaron al Gobierno que había patrones de violaciones de derechos humanos por parte del Estado, los que prácticamente se intensificaron con las protestas de 2018.

Por ejemplo, el informe final de 2010 denuncia actos de violencia contra promotores de derechos humanos, periodistas, miembros de la sociedad civil y de los partidos de oposición, así como el impedimento a los medios de comunicación de acceder a la información pública.

Esas mismas dificultades fueron señaladas en el informe de 2014, pero en ese año también agregaron como aspectos preocupantes el incremento de la violencia contra las mujeres, la injerencia de la Presidencia en los demás poderes del Estado, las amenazas contra grupos vulnerables (afrodescendientes) y el deterioro de la institucionalidad de órganos como la Policía.

Sugerencias no acatadas

Con el propósito de superar esas violaciones, en los informes del EPU anterior hubo recomendaciones al Gobierno de Nicaragua, que inclusive mostró anuencia a implementar algunas, por ejemplo la hecha por EE. UU. en 2014 en que urgía al Estado a “velar porque se respeten las garantías constitucionales relativas a la libertad de expresión, entre ellas, la libertad de prensa y evitar que se utilicen medios administrativos, judiciales o financieros para restringir indebidamente el ejercicio de ese derecho”.

En 2010, Hungría e Italia plantearon a Nicaragua adoptar todas las medidas necesarias “para garantizar que se investiguen y se enjuicien adecuadamente los casos de acoso y amenazas contra defensores de los derechos humanos y activistas de ONG, y que se garantice la reparación a las víctimas”.

Sin embargo, hasta hoy ninguna de estas recomendaciones ha sido cumplida en su totalidad y, por el contrario, desde abril de 2018 las violaciones a los derechos de la ciudadanía nicaragüense se incrementaron exponencialmente, indican reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la OEA, que cataloga algunas violaciones como crímenes de lesa humanidad.

El Gobierno de Nicaragua es señalado de incrementar las violaciones a los derechos humanos. Archivo/END

Naciones Unidas evalúa este miércoles un informe oficial del Gobierno, más una compilación de informes de expertos y grupos de trabajo independientes, procedimientos especiales, órganos de seguimiento a los tratados internacionales de derechos humanos y otras entidades de las Naciones Unidas y un resumen de la información proporcionada por las organizaciones de derechos humanos, organizaciones regionales y entidades no gubernamentales.

La versión oficial

El Estado de Nicaragua manifestó en su respuesta a los señalamientos de violaciones a los derechos humanos que las recomendaciones expresadas por la comunidad internacional en el primer y segundo ciclo del EPU, “en su mayoría fueron aplicadas por el Gobierno a favor de las y los nicaragüenses”. 

Asimismo, el documento oficial reitera en uno de sus capítulos que lo ocurrido en abril de 2018, se trató de “un intento de golpe de Estado fruto del intervencionismo” que “causó graves daños económicos, destrucción, terrorismo disfrazado de protesta pacífica”.

Con respecto a la libertad de prensa y el derecho a la información, el informe gubernamental afirma que estos son garantizados en el país y “se protege la libertad de prensa, no se persigue a ningún medio de comunicación ni a periodistas por ejercer ese derecho en estricto apego a la Constitución Política y demás leyes. No existe proceso alguno, ni administrativo ni penal en contra de personas en su calidad de periodistas”.

Sin embargo, desde diciembre del año pasado, los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora guardan prisión y el reportero Ángel Gahona fue asesinado en la ciudad de Bluefields, el 21 de abril de 2018.

La Policía Nacional allanó las instalaciones del canal de televisión 100% Noticias y del diario Confidencial, las que mantienen ocupadas. El Gobierno también ha bloqueado las materias primas importadas de los periódicos nicaragüenses, desde septiembre de 2018. 

De igual manera, el Estado en su informe afirma que el derecho a la manifestación pacífica y reunión son respetados en el país. 

El Gobierno de Nicaragua es señalado de incrementar las violaciones a los derechos humanos. Archivo/END

Al respecto, José Pallais, representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), recordó que el Gobierno ha impedido a los ciudadanos manifestarse en la calles y quienes lo han intentado han sido reprimidos.

Las afirmaciones del Gobierno nicaragüense en su informe han sido calificadas como “vergonzosas” por algunos representantes de organizaciones nicaragüenses que se dedican a la defensa de los derechos humanos.