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Carlos Tünnermann, miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), señaló que los Testigos y Acompañantes compartieron al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las denuncias de castigos contra los manifestantes presos en Nicaragua.

Tünnermann dijo que se compartió información a CICR porque el organismo es ejecutor del convenio de liberación de los manifestantes presos.

Ayer la Alianza Cívica informó a los Testigos y Acompañantes sobre las torturas a través de una carta donde solicitan que investiguen las denuncias sobre las malas condiciones en las que se encuentran los manifestantes presos en la cárcel La Modelo y en el penitenciario de mujeres La Esperanza.

"Incluimos el caso de la presa Kenia Gutiérrez, porque ella fue  golpeada, recibió una paliza, según nos informaron los familiares. Los Testigos y Acompañante trasladaron esto al Comité Internacional de la Cruz Roja", destacó Tünnermann.

Carlos Tünnermann, miembro negociador de la Alianza Cívica. Archivo/ENDEl miembro de la Alianza Cívica explicó que recibieron esa información en una reunión con los familiares de los manifestantes presos y dio nombres concretos de los encarcelados que están sufriendo el traslado a celdas de castigo.

"Los dirigentes de la Alianza Democrática 19 de Abril, Roger Espinoza, Roberto Cruz, Lenín Salablanca, Manuel Larga Espada y Alejandro Cáceres habían sido trasladados a la galería 300 y puestos en celdas de castigo. Eso contraviene al acuerdo que se firmó y del cual es ejecutor la Cruz Roja Internacional", precisó Tünnermann.

"Los que están en esas celdas de castigo deben pasar a las celdas comunes, pero en el centro penitenciario (La Modelo) están haciendo lo contrario", recalcó el miembro de la Alianza.

Carlos Tünnermann, miembro negociador de la Alianza Cívica. Archivo/ENDTünnermann reclamó que no se está cumpliendo el acuerdo firmado por el Gobierno cuando el documento "dice que a los presos políticos debe dárcele el tratamiento que establecen los estándares humanitarios internacionales".

El miembro negociador dijo que hoy en la mesa del diálogo con el Gobierno esperan poder "establecer claramente que las 232 personas (manifestantes presos) que están en la lista conciliada en poder de la Cruz Roja Internacional,  puedan ser liberadas antes del 30 de mayo".

Carlos Tünnermann, miembro negociador de la Alianza Cívica. Archivo/ENDEl acuerdo firmado por el gobierno establece que en un plazo de 90 días, que vence el 18 de junio, deben haber sido liberados todos los encarcelados en el marco de las protestas antigubernamentales iniciadas en abril del 2018.

Alianza Cívica: Países en la ONU exigen respeto a los derechos humanos

Sobre el informe presentado por el Gobierno de Nicaragua en el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), Tünnermann dijo que la mayoría de los países exigieron el respeto de los derechos humanos en el país.

“Casi todos los países que intervinieron, principalmente los de América Latina y Europa, le recomendaron al Gobierno que cesara la represión, que desarmara a los paramilitares, que procediera a cumplir con los acuerdos que están suscrito en la mesa e negociación”, dijo Carlos Tünnermann.

El miembro negociador señaló que los países miembros de la ONU recomendaron la liberación de manifestantes presos .

Tünnermann  explicó que los países recomendaron que el Gobierno de Nicaragua debe  “adoptar un política para liberar a los manifestantes presos que están en las cárceles y abogaron por el restablecimiento de la libertad de expresión, que cesaran las limitaciones a los medios y que Nicaragua tome en cuenta las recomendaciones  de los informes de la CIDH y del alto comisionado de derechos humanos”.

El miembro de la Alianza criticó que en el informe presentado por el representante de Nicaragua, el Gobierno mantiene el discurso de “golpe de Estado”.

Nicaragua cumple un año de crisis socio política, de acuerdo con organismos de derechos humanos hay más de 600 personas encarceladas y al menos 200 tienen algún tipo de medida cautelar por haber participado en las protestas antigubernamentales.

La crisis ha dejado más 300 muertos, miles de heridos, millones en pérdidas económicas, miles de empleos perdidos y decenas de miles de exiliados ante amenazas, asedio y persecución por haber participado en las protestas contra el gobierno.