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Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado al Gobierno de Nicaragua a que respete los derechos de sus ciudadanos, entre estos garantizar la libertad de movilización y expresión y liberar a las personas detenidas por haber participado en protestas antigubernamentales.

El estado de los derechos humanos en Nicaragua fue evaluado este miércoles por la ONU, a través del mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU), junto a otras 13 naciones también examinadas.

En la sesión, la mayoría de países representados demandaron que organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expulsados por el Gobierno nicaragüense en 2018, retornen a este país para continuar investigando los actos de violencia registrados desde abril del año pasado.

El Consejo de la ONU pidió al Gobierno nicaragüense poner fin a la criminalización de activistas de derechos humanos y establecer garantías para el ejercicio de la libre expresión, ante las acusaciones de censura y acoso contra periodistas críticos.

Recomendaciones

El representante de Finlandia externó que ese país ha seguido con preocupación el avance de la crisis en Nicaragua y las restricciones que los ciudadanos experimentan en materia de sus derechos civiles y políticos, por lo que recomendó al Estado nicaragüense “se respeten los derechos a la libertad de asamblea pacífica y la libertad de asociación e insta al Gobierno de Nicaragua a que ponga fin a la represión de las protestas sociales y el arresto ilegal y arbitrario. También recomienda al Gobierno de Nicaragua que se respete la libertad de expresión y de independencia de la prensa”.

La representante francesa recomendó el reingreso de la misión de la Oacnudh a Nicaragua y otros mecanismos regionales especializados en derechos humanos, además de “restablecer el espacio de la sociedad civil, garantizar la libertad y ejercicio de las organizaciones locales de defensa de los derechos humanos; restablecer y garantizar las libertades públicas, en concreto, la libertad de expresión y opinión y liberar a los prisioneros encarcelados desde el comienzo de la crisis”.

Luego pidió al Estado nicaragüense garantizar la reparación a las víctimas de la violencia, en el marco de un proceso judicial independiente y la celebración de elecciones anticipadas, tal como ha recomendado la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea.

Detención de manifestante en marzo. Archivo/END

La propuesta de adelantar elecciones fue respaldada por Japón, cuyo representante afirmó que Nicaragua debe “tomar las medidas, incluidas la reforma del Poder Electoral para organizar unas elecciones de manera más justas y cooperando con la comunidad internacional”.

La propuesta de Georgia estuvo relacionada a que se permita el acceso de organismos internacionales de derechos humanos y que el Gobierno cumpla con los acuerdos suscritos con la oposición en la mesa de negociación y sugirió la estructuración de un mecanismo internacional que investigue de manera imparcial los hechos de violencia y ratifique el estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional.

Alemania solicitó que las voces disidentes puedan expresar libremente su opinión y se garantice el derecho a movilizaciones. “Garantizar la independencia de la judicatura mediante procedimientos establecidos sobre la selección y nombramiento de personal judicial para trabajar sobre la independencia de jueces y magistrados”, precisó.

Asimismo, pidió descriminalizar el aborto terapéutico cuando los embarazos sean causados por violaciones y realizar más acciones para disminuir los índices de femicidios.

Ghana señaló que el Gobierno nicaragüense debe garantizar el derecho a la reunión pacífica de la ciudadanía y la protección de los defensores de derechos humanos.

Grecia exigió que Nicaragua ratifique los instrumentos de protección a los derechos humanos, de los que aún no sea parte; más el respeto a la independencia y pluralismo de los medios de comunicación.

Perú y Paraguay recomendaron al gobierno de Daniel Ortega cumplir con los acuerdos de liberación de manifestantes presos.

La Federación Rusa dio su respaldo al gobierno de Daniel Ortega y se mostró a favor de “la resolución del conflicto interno por parte de los nicaragüenses y sin interferencia externa”.

La representación estadounidense solicitó que sean castigados los responsables de los crímenes cometidos durante la fase represiva del año pasado en Nicaragua.

“Estados Unidos se preocupa por el fracaso de las autoridades de Nicaragua para respetar los derechos humanos. Recomendamos que el país castigue a los funcionarios, agentes y parapolicías que han sido responsables de abusos a los derechos humanos, incluyendo matanzas, asesinatos arbitrarios, desapariciones forzadas, torturas, maltratos crueles e inhumanos, abuso físico, violaciones”, dijo el representante.

Demandó que “se hagan investigaciones inmediatas, que se liberen a los presos políticos sin condiciones. Se deben tomar medidas contra las detenciones arbitrarias. Se debe permitir a las organizaciones sociales y religiosas que puedan trabajar sin restricciones, sin amenazas jurídicas ni contra sus vidas. Nos preocupan las violaciones repetidas y violentas respuestas a la protesta pacífica. Señalamos con alarma las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, que se ha deteriorado desde la presentación del último EPU 2018-2019”, afirmó la delegación estadounidense.

Condenan represión

“Condenamos la represión contra las organizaciones de la sociedad civil, medios y periodistas y el uso de leyes antiterroristas para suprimir a los disidentes. Las notificaciones de detención arbitraria y secuestros por grupos progobierno son preocupantes, nos preocupan los abusos cometidos por las autoridades y que no estén castigados”, dijo el representante de Eslovaquia.

Un planteamiento similar expresó Suecia, al señalar que todavía no se llevan a cabo investigaciones independientes sobre los casos de violaciones en Nicaragua, registrados en informes de organismo de derechos humanos.

Suiza lamentó que después de 5 años, desde la última evaluación del EPU a la que había sido sometida Nicaragua, no se hayan cumplido las recomendaciones en las que pedía al Gobierno respetar a las asociaciones locales que defendían los derechos humanos y los derechos civiles de los ciudadanos.

 Un planteamiento similar expresó Suecia, al señalar que todavía no se llevan a cabo investigaciones independientes sobre los casos de violaciones en Nicaragua. Archivo/END

Argentina, Chile y Colombia pidieron que cesaran las detenciones arbitrarias, que fuesen liberados los manifestantes que están presos y que el Gobierno acepte que organismos especializados en la defensa de los derechos humanos puedan ingresar nuevamente a Nicaragua.

Ecuador, además de externar su preocupación por las denuncias de tortura cometidos en las cárceles, pidió que estas sean investigadas. 

Dinamarca criticó que en el país, desde el estallido de la crisis, los actos de irrespeto a la libertad de prensa se hayan incrementado.

El diálogo

El representante de España expresó “su profunda preocupación por la situación actual que atraviesa Nicaragua, especialmente en relación al proceso negociador reactivado el pasado 27 de febrero y que se encuentra formalmente suspendido desde el 3 de abril”.

El Reino Unido lamentó la suspensión del diálogo e instó al Gobierno a cumplir con los acuerdos suscritos en ese proceso de negociación y externó su preocupación porque se continúa haciendo un uso desproporcionado de la fuerza policial.

En el Consejo de Derechos Humanos plantearon también que el Gobierno nicaragüense debe admitir investigaciones independientes y procesos de reparación a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, tortura y asesinatos.

Los resultados de la evaluación al Estado de Nicaragua a través del EPU, serán presentados este 17 de mayo en Ginebra, Suiza.